Durante meses, la Subprocuraduría Anticorrupción, entonces a cargo de Ernesto Canales, realizó una supuesta investigación en la que lo único que se tomó en cuenta fue una versión sin comprobar del proveedor involucrado:
1.- No dio seguimiento a lo encontrado por la Contraloría y la ASE, ni citó a declarar a los funcionarios que aportaron información reveladora.
2.- Dio por cierta la versión del representante de Comercializadora Mirof, que aseguró que sí entregó 200 mil cobijas, que por error el 30 por ciento de los cobertores no cumplían los requerimientos técnicos y que estaba dispuesto a reponerlos.