Cobijagate: investigación a modo
En Nuevo León, los organismos encargados de combatir la corrupción son numerosos y cuestan millones.
Lo único escaso son sus resultados.
Sin embargo, para las autoridades, o por lo menos para el Gobernador Jaime Rodríguez, el sistema sí funciona.
Según el Gobernador, si las denuncias no prosperan es porque las acusaciones no son ciertas, sin embargo, casos como el de cobijagate, publicado por EL NORTE el 9 de febrero de 2016, evidencian que en realidad lo que realizan son investigaciones “a modo”.
Los primeros hallazgos
La Contraloría estatal (entonces a cargo de Nora Elia Cantú) determinó que no hubo evidencia de que se haya entregado al estado la totalidad de las 200 mil cobijas pagadas en 29 millones de pesos.
Con los pocos cobertores localizados se logró analizar una muestra y se determinó que el 73 por ciento de ellos no cumplía las especificaciones del contrato con la empresa Comercializadora Mirof. Dio vista de sus hallazgos a la Subprocuraduría Anticorrupción.
Hasta encontró evidencia de funcionarios de Desarrollo Social que alertaron por el precio.
La Auditoría Superior del Estado llegó a conclusiones parecidas e incluso señaló que la empresa no dio respuesta a los requerimientos que le hizo para que documentara qué proveedores le surtieron las cobijas y qué servicios de transporte utilizó. También dio vista al Ministerio Público.
También determinó un sobreprecio de 40 por ciento, suponiendo que las cobijas fueran de la calidad contratada, aunque la Contraloría detectó que no fue así.
Investigación a modo
Durante meses, la Subprocuraduría Anticorrupción, entonces a cargo de Ernesto Canales, realizó una supuesta investigación en la que lo único que se tomó en cuenta fue una versión sin comprobar del proveedor involucrado:
1.- No dio seguimiento a lo encontrado por la Contraloría y la ASE, ni citó a declarar a los funcionarios que aportaron información reveladora.
2.- Dio por cierta la versión del representante de Comercializadora Mirof, que aseguró que sí entregó 200 mil cobijas, que por error el 30 por ciento de los cobertores no cumplían los requerimientos técnicos y que estaba dispuesto a reponerlos.
3.- Entrevistó a a otro proveedor, Ignacio Rodríguez Zúñiga, quien dijo que la adquisición estaba bien porque en temporada alta subían los precios. Ese proveedor ha seguido vendiendo millones al Gobierno y además fue aportante de la precampaña presidencial del Gobernador.
4.- Preguntó a la Tesorería, a la Contraloría y a Desarrollo Social si tenían inconveniente en reparar el daño.
Las tres dependencias estuvieron de acuerdo, pero Desarrollo Social puso como condición que se repusiera el 30 por ciento de cobertores determinado “por la Contraloría”, cuando esta dependencia determinó un daño de 73 por ciento.
5.- Señaló a la Tesorería como representante del Estado en el Convenio Reparatorio y la Tesorería pidió saber cuál es el monto a reclamar.
6.- Sin haber determinado un daño por sí misma, la Fiscalía responde citando el oficio en el que la Secretaría de Desarrollo Social atribuye falsamente a la Contraloría haber determinado un 30 por ciento, porcentaje que realidad sólo fue planteado por el proveedor cuestionado.
7.- Dicta el inejercicio de la acción penal
La nueva Fiscalía Anticorrupción a cargo de Javier Garza y Garza reabrió el caso, pero tampoco llegó a ninguna parte, pues a la única persona que pretendió imputar era precisamente la que había advertido las anomalías de la compra.
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