Hace un año, una masiva explosión sacudió Beirut, capital de Líbano, y dejó al menos 214 muertos, graves daños y una carga política y emocional para los políticos y para los ciudadanos, respectivamente.

A continuación, un recuento de la explosión, la reconstrucción y la crisis política.

EL SALDO

La explosión de casi tres toneladas de nitrato de amonio del 4 de agosto de 2020, mató al menos a 214 personas, hirió a más de 6 mil y destruyó o dañó miles de negocios y viviendas.

Trabajadores portuarios quedaron sepultados bajo silos de granos destruidos, mientras los bomberos que combatían un incendio ocurrido antes de la explosión fallecieron pulverizados.

Transeúntes murieron aplastados y personas que resultaron laceradas con los trozos de vidrio disparados por el impacto murieron desangradas en sus casas.

NEGLIGENCIA


Esta semana, un reporte de Human Rights por el aniversario del evento afirmó que las autoridades libanesas conocían los riesgos planteados por el material de gran potencial explosivo que llevaba años almacenado en el puerto de Beirut y no hicieron nada por proteger al público.

Un año más tarde, las investigaciones aún no han respondido preguntas como quién ordenó el envío del cargamento y por qué las autoridades ignoraron reiteradas advertencias internas sobre su peligro.

En el reporte de 650 páginas, titulado “Nos mataron desde dentro”, el grupo con sede en Nueva York publicó decenas de documentos y correspondencia entre funcionarios libaneses sobre el nitrato de amonio que estuvo casi seis años almacenado de forma insegura en el puerto.

HRW señaló que hay pruebas sólidas que sugieren que algunos funcionarios previeron el posible desastre y asumieron el riesgo de forma tácita.

Las acciones y omisiones de las autoridades libanesas crearon un riesgo para la vida no razonable. Según la ley nacional, esto podría suponer un crimen de homicidio con intención probable y/o homicidio involuntario".

Human Rights Watch


El reporte menciona a funcionarios de alto rango como el Presidente, Michel Aoun; el entonces Primer Ministro, Hassan Diab; un ex jefe del Ejército libanés; responsables de seguridad y varios ministros, entre otras personas que fueron informadas de los riesgos que suponía tener nitratos almacenados en medio de una zona residencial y comercial con una alta densidad de población, pero no tomaron las medidas necesarias para proteger al público.

Varios funcionarios libaneses han admitido que sabían de la existencia de los nitratos y o bien afirman que investigaron el tema tras enterarse o bien que no lo hicieron porque no estaba entre sus competencias.

Los sobrevivientes de la explosión y los familiares de las víctimas han pedido una investigación internacional, ya que no tienen confianza en el sistema judicial libanés.

Eso es una grave violación de los derechos humanos. Es una violación de uno de los derechos más fundamentales, el derecho a la vida".

Aya Majzoub, investigadora en Líbano de HRW.

LA INCÓGNITA DE UN BARCO

El Rhosus, el barco que llevó a Líbano las 2.750 toneladas de nitrato de amonio en 2013, navegaba en teoría desde el puerto georgiano de Batumi, en el Mar Negro, hacia Beira, en Mozambique.

El barco hizo una parada en Beirut para intentar ganar un dinero extra embarcando varias piezas de maquinaria pesada. Pero esa mercancía adicional demostró ser demasiado pesada para el Rhosus y la tripulación se negó a cargarla. Las autoridades libanesas incautaron al Rhosus por no pagar la tarifa del puerto y nunca volvió a salir de Beirut.

HRW señaló que aún no está claro si el cargamento debía llegar a Mozambique o, por el contrario, “Beirut era el destino” desde un principio. Las pruebas disponibles en este momento, señaló el grupo, indican también que varios altos funcionarios libaneses cometieron, como mínimo, un delito de negligencia según la legislación libanesa en su gestión del cargamento del Rhosus.

INMUNIDAD EN LA INVESTIGACIÓN

Un mural con fotos de las vícitmas de la explosión, en Líbano.

El juez instructor que dirige el caso en Líbano, Tarek Bitar, anunció el mes pasado que tiene previsto investigar a políticos de alto nivel y responsables de seguridad actuales y pasados, y pidió autorización para procesarlos.

Por ahora, las personas mencionadas en la pesquisa -incluidos el primer ministro saliente, varios legisladores y generales destacados- no han acudido a la fiscalía, alegando que o bien tienen inmunidad por ser parlamentarios o necesitan un permiso especial del primer ministro o el ministro del Interior para comparecer.

Familiares de las víctimas llamaron el lunes a las autoridades a levantar la inmunidad en el caso, y advirtieron que están dispuestos a “quebrar huesos” en las próximas protestas.

“Se acabaron las manifestaciones rutinarias y pacíficas, cuidado con nuestra ira”, advirtió Ibrahim Hoteit, un portavoz de las familias.

NEGLIGENCIA

La explosión sacudió a Líbano, un país en bancarrota que bloqueó los ahorros de la población en los bancos mientras la moneda local se hundió en el mercado negro, en un momento complicado.

Líbano sufre escasez de medicamentos, combustible y agua potable, unas dificultades que agravan el trauma nacional por la explosión y golpean a su sector de salud, sacudido por una nueva ola de contagios de Covid-19.

Francia, ex potencia colonial en Líbano y fuente de ayuda para el país, urgió tener un Gobierno instalado para mediados de septiembre.

Pese a la falta de acuerdo sobre el gobierno, París buscará recaudar 350 millones de dólares en ayuda humanitaria de emergencia para Líbano en una reunión de donantes apoyada por la ONU este miércoles.

El Presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció este miércoles “cerca de 100 millones de dólares de nueva ayuda humanitaria” para Líbano, mientras urgía a sus dirigentes a “reformar la economía y combatir la corrupción”.

El presidente francés Emmanuel Macron por su parte dijo que su país aportará en 12 meses unos 100 millones de euros (120 millones de dólares) y enviará este mes de agosto 500 mil dosis de vacunas contra el Covid-19.