Uno de los casos más sonados en su momento fue el de Miguel Ángel N, detenido porque supuestamente estuvo implicado en la agresión que dejó heridos a varios policías de Guadalajara, en el Clásico tapatío de marzo de 2014.

Ante la presión por dar con los responsables, la Fiscalía lo aprehendió, le compró una gorra similar a la que traía el agresor original y lo presentó ante los medios como uno de los sospechosos.

Raúl Mireles es otro caso.

Él fue imputado por supuestamente participar en la desaparición forzada de múltiples jóvenes el 5 de junio de 2020, derivado del homicidio de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos.

La Fiscalía sostuvo que Mireles fue uno de los responsables, pero hoy el ex servidor público está libre y no recibió ningún tipo de condena.

El 9 de noviembre de 2017, las autoridades anunciaron la aprehensión de Tomás “N”, alias “El Tom” o “El Tommy”, importante líder de una célula local del Cártel de Jalisco Nueva Generación, pero fue absuelto por falta de pruebas junto con otros cuatro sicarios

El año pasado volvió a ser capturado y, supuestamente, ahora sí permanece en prisión.

El año pasado también se dio a conocer la captura de Raymundo por participar en el maltrato de su bebé y matar a su hijastra, cuyo cuerpo fue encontrado en El Salto, cerca de su casa; luego quedó libre por falta de pruebas, aunque la mamá de los menores quedó presa.

En el caso más reciente, Leonardo N estuvo en prisión preventiva por un año 7 meses y 11 días ante la sospecha de ser el responsable de las muertes que hubo al sur del Estado por el consumo de alcohol adulterado, vendido por el local “El Chorrito”, en Tamazula de Gordiano, en 2020.

Esta semana, el juez  que encabezó el juicio determinó que el Ministerio Público no tenía pruebas que acreditaran la responsabilidad del hombre, a quien retuvo un día mientras se liberaba la orden de aprehensión.

En este tipo de casos, la ley permite buscar una indemnización, aunque Leonardo y sus abogados aún no han hablado del tema. 

Miguel Ángel tampoco recibió ningún tipo de compensación pese a que su fotografía fue difundida sin algún tipo de censura. Los dos agentes que fabricaron la acusación continuaron trabajando en la Fiscalía a pesar del incidente.