Por Miriam García

Intercambian acusaciones
por abasto de medicamentos

Un exhorto planteado por el Diputado local de Movimiento Ciudadano, Carlos Rodríguez, para solicitar al Estado garantizar el abasto de medicinas, derivó en acusaciones entre legisladores emecistas, del PAN, Morena y PT.

Y es que los del PAN y MC acusaron un desabasto de medicamentos causado por malas políticas del Gobierno Federal.

En respuesta, los de Morena y PT señalaron acuerdos del MCPRIAN para no tocar al Gobernador Samuel García y acusar falta de medicinas cuando había Estados que no querían firmar convenios para el Insabi.

Rodríguez dijo que en el Distrito 23 local, que comprende los municipios de Cadereyta, Juárez, Pesquería, Marín, Los Ramones, y Doctor González. hay un fuerte desabasto de medicinas por lo que pedía que Salud estatal atendiera el problema a la brevedad.

“Se realiza un atento y respetuoso exhorto a la Secretaria de Salud, doctora Alma Rosa Marroquín Escamilla, para que en el ámbito de sus atribuciones se atienda a la brevedad posible el desabasto de medicamentos del cuadro básico del Distrito 23 del Estado de Nuevo León que comprende los Municipios de Cadereyta, Juárez, Pesquería, Marín, Los Ramones, y Doctor González”, propuso el emecista.

“Asimismo, se cuente con personal médico suficiente adscrito a la Jurisdicción 6, de estos municipios. Lo anterior, con el objetivo de erradicar una problemática que aqueja a los habitantes del Distrito 23”.

El debate se generó con la intervención del panista Luis Susarrey, quien dijo que la demanda de medicamentos era generalizada y no privativa de un distrito, por lo que el exhorto debía ser para que se atendiera a todos.

Sin embargo, dijo que el Presidente había ofrecido que iba a atender a todos, pero que el número de pobres iba en aumento, que millones se habían quedado sin Seguro Popular, que el desabasto de medicamentos era ya preocupante, porque se daba prioridad a las ocurrencias de la 4T.

“Le quiero pedir a la Secretaria de Salud del Estado que no tome la postura del Gobierno federal de echarle a culpa a los Gobiernos anteriores… que asuma la responsabilidad de enfrentar el problema de salud que tenemos en los 26 distritos que nosotros representamos”.

La propuesta de Rodríguez fue apoyada en tribuna por Julio Cantú, del PRI, pero luego Waldo Fernández, de Morena, subió a tribuna para decir que estaba de acuerdo con el exhorto, pero no cuestionó el que Susarrey se pusiera a criticar supuestas fallas del Gobierno de López Obrador cuando el asunto planteado iba dirigido a la autoridad local.

“Diputado Susarrey”, dijo, “que no le dé miedo tocar al Gobernador, no pasa nada si el MCPRIAN se acaba, que no les de miedo, no pasa nada, porque este es un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Salud a cumplir con el abasto de medicamentos con el mejor presupuesto de la historia que aquí se ha aprobado… su a usted le da miedo yo no tengo miedo en hacer la anotación de pedirle a la Secretaría de Salud federal que también cumpla con ello”.

Ello desencadenó una serie de intervenciones con el argumento de “alusiones personales”, en donde Sandra Pámanes, de MC, cuestionó el que se buscara el descrédito y estigmatizar hablando de un “MCPRIAN”, porque en ese caso se podría hacer referencia al “PRIMOR” y a que Susarrey acusara que ir en contra de los dogmas presidenciales, se era un mentiroso y traidor de la patria.

También hubo intervenciones de Eduardo Gaona, de MC, de Jessica Elodia Martínez, de Morena, y de Anylú Bendición Hernández, del PT.

Ésta última acusó a Gaona de buscar interrumpir su intervención lo que podría implicar “violencia política”.

Finalmente la petición de Rodríguez se aprobó.

Plantean sancionar penalmente a persona
que comete fraude a favor de un tercero

Con la finalidad de sancionar penalmente a la persona que comete fraude a favor de un tercero, aunque el beneficio no sea para sí mismo, Heriberto Treviño presentó una propuesta de reforma al Código Penal.

El coordinador de la fracción del PRI en el Congreso local informó, vía un comunicado, que actualmente sólo se comete fraude cuando se comprueba que la persona responsable obtuvo un beneficio directo, pero no se sanciona cuando el beneficiado resulta ser un tercero, lo que implica una laguna legal aprovechada por los delincuentes.

“Con la presentación de esta iniciativa queremos combatir la impunidad en uno de los delitos más comunes que aquejan a la ciudadanía, ya que es muy lamentable que las personas se aprovechen de las necesidades económicas de la población”, establece Treviño en el comunicado.

“En Nuevo León es muy común engañar a las personas solicitando dinero para un negocio, pero la persona que comete el fraude logra evadir la acción de la justicia si lo entrega a un tercero, y ese vacío en la ley es el que queremos resolver con esta propuesta.

“Este modus operandi de fraude cada vez es más frecuente, y ha sido motivo de que varias familias se hayan quedado sin su patrimonio”.

La iniciativa presentada por Treviño modifica el artículo 385 del Código Penal.

Exigen a DIF informar sobre plan
de protección de menores

Con la finalidad de prevenir problemas de conducta y daños psicológicos en los menores derivado de la pugna por su custodia en los procesos de divorcio, el Congreso local demandó al Gobierno estatal, al DIF Nuevo León y a los 51 municipios, que informen sobre los planes, programas o acciones para garantiza la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

El exhorto fue planteado al Pleno por la Diputada local del PAN, Lilia Olivares, con el argumento de que es necesario que los niños cuenten con políticas públicas en favor de su bienestar.

“Es elemental que los gobiernos implementen estrategias y planes que materialicen el espíritu de la Ley vigente, de tal forma, se pueda consumar el beneficio integral para nuestras niñas, niños y adolescentes, que pasan por situaciones afectivas y emocionales difíciles”, expresó.

“Si el menor desarrolla una imagen negativa sobre alguno de sus padres, se estará predisponiendo al rencor y distancia personal y social, mediante comentarios y actitudes que muchos padres hacen hasta privar a sus hijos de mantener una sana convivencia con una de las dos personas más importantes para su crecimiento”.

El punto de acuerdo fue secundado en tribuna por la Diputada local del PRI, Ana González, quien dijo que los problemas de los adultos en el proceso de divorcio no deben afectar a los menores,

“Propongo”, añadió, !que se agregue al exhorto el que se informe sobre los planes, programas y acciones ‘con la finalidad de garantizar la salud psicoemocional de los menores de edad durante la disolución del matrimonio de sus padres'”.

Buscan sancionar a quien retarde
emisión de alerta Amber

Una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para sancionar a quien retarde la emisión de la alerta Amber y la implementación del Protocolo Alba, presentó hoy Claudia Tapia.

La ex Diputada local dijo que se plantea la adición de un artículo 64 Bis a la Ley para que esos actos sean considerados como una falta administrativa grave por parte de los servidores públicos.

“Con la alerta Amber y el Protocolo Alba las autoridades competentes cuentan con las herramientas de difusión masiva e inmediata en medios de comunicación, así como planes de actuación para la debida búsqueda, localización y recuperación de niñas y mujeres”, argumenta Tapia en la iniciativa.

“Así que para poder dimensionar la gravedad del problema de la violencia desmedida que sufrimos las niñas y mujeres en este país, basta con observar que se calcula que en México hay cada 24 horas la desaparición de 7 niñas, niños y adolescentes; también hay entre 10 y 11 feminicidios al día, además de que cada hora hoy 25 denuncias de violencia familiar, por lo que es importante la actuación inmediata por parte de las autoridades con facultades para erradicar la violencia contra las mujeres incluyendo por supuesto la búsqueda y localización de la niñas y mujeres víctimas de desaparición, toda vez que la mayoría de los casos es la capacidad de respuesta lo que determina la vida o la muerte de la persona desaparecida.

“Así que mediante esta reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado se establecen como falta administrativa grave aquellos actos u omisiones mediante las cuales se retrase o se impida de manera injustificada la emisión de la Alerta Amber y la implementación del Protocolo Alba”.

Quieren elevar castigos por daños a escuelas

Reformas al Código Penal para elevar las sanciones a quienes causen daño a escuelas, plazas y áreas deportivas públicas, contemplando incluso la reparación del daño y el trabajo comunitario, aprobó hoy el Congreso local.

La reforma por adición de un artículo 402 Bis 2 al Código Penal fue presentada por los legisladores locales del PAN el 29 de abril del 2021 y el dictamen fue presentado al Pleno por la Comisión de Justicia, que preside Javier Caballero.

“Cuando el daño del delito (de daño en propiedad ajena) consista en la destrucción o deterioro intencional del equipamiento urbano o bien, de dominio público destinado a la educación, plazas, jardines, áreas infantiles o deportivas se incrementará en dos tercios la sanción que corresponda”, se establece en la reforma aprobada.

“En estos casos también se impondrá la reparación del o los daños causados según su propia naturaleza, y 10 a 20 días de trabajo comunitario”.

La sanción mínima establecida es de seis meses a cuatro años de prisión por lo que con la reforma se elevaría en dos tercios.

A favor de la reforma se manifestaron en la tribuna los Diputados Félix Rocha, del PAN; Anylú Bendición Hernández, del PT, y Waldo Fernández, de Morena.

Presenta iniciativa para agilizar atención a mujeres

Para garantizar una atención ágil y efectiva por parte de las autoridades hacia las mujeres y niñas que viven una situación de violencia que pone en riesgo su integridad o su vida, Jéssica Elodia Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La iniciativa de la coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso local plantea ajustes a los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 y la adición de un 24 Bis a la Ley.

“Con base en compromisos nacionales e internacionales, propongo que las y los legisladores locales trabajemos en fortalecer el marco jurídico en materia de órdenes de protección para garantizar el acceso a la justicia y a la protección de la vida e integridad de las mujeres y niñas que habitan en Nuevo León y que temen por su seguridad”, expresó.

En la iniciativa, añadió, se propone prolongar la duración de las órdenes de protección, establecer que éstas se deberán dictar inmediatamente o a más tardar 4 horas después de su solicitud y que deberán implementarse con base en principios de protección, proporcionalidad, oportunidad, eficacia y pro persona.

También, dijo, se dispone que podrán ser dictadas de oficio o a solicitud de la mujer en situación de violencia, de su asesor jurídico o del ministerio público, y que, al tratarse de niñas, la autoridad las decretará aunque no exista solicitud.

“Se plantea que las órdenes serán registradas en el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres”, agregó, “prohíbe que se impida el acceso a la seguridad y a la justicia a mujeres en razón a su situación migratoria, de discapacidad, origen étnico o cualquier otra condición, y se señala una nueva clasificación de las órdenes”.

Rechazan iniciativa ciudadana para contemplar castración química

El Congreso local resolvió como “no ha lugar” una iniciativa ciudadana que planteaba una reforma al Código Penal para contemplar la “castración química” de los violadores.

La reforma había sido presentada por el ciudadano Luis Alberto Caudillo Fernández y los legisladores consideraron que, avalarla, implicaría ir contra los principios de dignidad humana, de proporcionalidad de la pena, de progresividad de los derechos humanos y de legalidad.

La inhibición sexual, se establece en el dictamen, generaría una medida violatoria al principio de dignidad humana, al lesionar los derechos de las personas sentenciadas al afectar gravemente la salud física y mental de las personas que se sometan a este tipo de tratamiento, así como su dignidad humana.

Además, se establece, se afectarían los derechos reproductivos de las personas sentenciadas.

También se considere que la inhibición sexual permanente como pena, resulta inconstitucional en sí misma por ser una sanción inusitada y excesiva.

“Esta Legislatura determina no ha lugar a la iniciativa presentada por el ciudadano Luis Alberto Caudillo Fernández, mediante el cual presenta iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado, a fin de implementar el tratamiento de inhibición sexual denominada también castración química para delincuentes sexuales”, establece el dictamen aprobado.

Aprueban sanciones más severas para robos en escuelas

Héctor García

Para aplicar sanciones más severas a quienes roben bienes de cualquier institución educativa con reconocimiento oficial, el Congreso local aprobó hoy reformas al Código Penal.

En sesión ordinaria, el Pleno aprobó reformas propuestas por los legisladores locales del PRI, Héctor García y Heriberto Treviño, a la fracción 11 del artículo 374 de ese ordenamiento.

Con ello se establece que, además de la pena que corresponda por el delito de robo, se aplicarán a los delincuentes de 2 a 6 años de prisión y multa de 200 a mil cuotas.

“Además de la pena que le corresponda por el robo, se aplicarán al delincuente de 2 a 6 años de prisión y multa de 200 a mil cuotas… cuando el ladrón se apodere de uno o más bienes en cualquier institución educativa pública o privada que cuente con reconocimiento oficial”, se establece en la reforma.

“O en el caso en que el objeto de lo robado sea la ilegítima sustracción o apoderamiento de cualquier componente utilizado para la prestación de servicios de alumbrado, energía eléctrica, agua potable, servicio sanitario, drenaje pluvial, telecomunicaciones, gas natural o señalización de cualquier institución educativa”.

Darán prisión por difundir contenido íntimo

Por unanimidad, el Congreso local aprobó hoy reformas al Código Penal para que quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento sea sancionado con prisión de 3 a 6 años.

Además, como parte de la reforma, se impondrá también a quien incurra en ese delito una multa de 194 mil pesos y la reparación del daño causado.

Esos ajustes se realizaron mediante reformas al Artículo 271 Bis 5 y la adición del 294 Bis 1 al Código Penal ante iniciativas presentadas por separado por legisladores locales del PRI, Movimiento Ciudadano y PAN.

Con la reforma al Artículo 271 Bis 5 se establece que el delito contra la intimidad personal lo comete quien difunde imágenes con contenido erótico de una persona ya sean reales o falsas.

“Comete el delito contra la intimidad… quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento”, se establece en la reforma.

“A quien cometa el delito se le impondrá una pena de 3 a 6 años de prisión, multa de 800 a 2 mil cuotas y la reparación del daño”.

La pena podrá incrementarse hasta en una mitad cuando víctima no tenga la capacidad de comprender el carácter erótico, sexual o pornográfico del hecho difundido, publicado o exhibido, o sea menor de 18 años.

“Las penas contempladas”, se establece en el mismo artículo, “también se aumentarán hasta en una mitad cuando el registro de imágenes, audios o videos sean con el propósito de difundirlos, exhibirlos o publicarlos por cualquier medio para causar al sujeto pasivo deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien”.

En el Artículo 294 Bis 1 se establece que se equiparará al delito de amenazas y se sancionará por ello a quien de manera reiterada asedie, acose o realice condictas de vigilancia, seguimiento o persecución, perturbando la tranquilidad de la víctima.

Castigarán a quien impida educación de mujeres y niñas

Para ampliar el término de violencia familiar incluyendo en ésta el hecho de impedir la educación de mujeres y niñas, María Guadalupe Guidi presentó hoy una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Diputada local de Movimiento Ciudadano dijo que existen casos en los que en los hogares predomina un ambiente machista en el que se prohíbe, manipula o simplemente se niegan los recursos necesarios para que las niñas y mujeres puedan acceder a la educación.

Agregó que es necesario actuar contra el argumento de que las mujeres deben seguir un patrón social en el que la mujer debe quedarse en el hogar para el cuidado de los hombres.

“Este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas, psicológicas, entre muchas otras, sobre las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y de la mano de la igualdad en la sociedad”, expresó.

“El machismo se construye en la reparación de roles, discriminando de manera notoria a la mujer, otorgándoles únicamente las actividades del hogar y de los hijos creyendo que no necesita ningún otro tipo de actividad o nuevo aprendizaje.

“Las mujeres y niñas que no logran con éxito conllevar sus estudios a causa de la violencia psicológica que reciben en casa ya sea por parte de sus padres o su pareja merecen que la ley las proteja y las respalde”.

Piden informar sobre incendios forestales

Waldo Fernández

Para que se informe sobre el alcance y los daños ocasionados por los incendios forestales registrados en Nuevo León en los últimos 2 años, el Congreso local envió un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y a Protección Civil.

El acuerdo fue presentado por el Diputado local de Morena, Waldo Fernández, con ajustes planteados por Brenda Sánchez, de Movimiento Ciudadano, y Eduardo Leal, del PAN.

Fernández dijo que con ese acuerdo se busca que la Secretaría de Medio Ambiente informe qué acciones están contemplando para la restauración y qué mecanismos llevarán a cabo para la prevención del fuego por descuidos humanos.

Además, dijo, pide la Protección Civil informe las causas que originaron el incendio forestal en Santiago y Rayones; así como que el Ejecutivo realice las denuncias necesarias y encabece las acciones necesarias para establecer en conjunto políticas públicas.

“Es importante conocer el plan de contingencia, conocer cómo se va a restaurar el ecosistema de esta zona, pero sobre todo, el impacto ambiental que esto pudiera tener en una conjugación de contextos como el de la sequía que actualmente se está viviendo en el Estado”, expresó.

Solicitan planes que garantice protección de menores tras procesos de divorcio

Con la finalidad de prevenir problemas de conducta y daños psicológicos en los menores derivado de la pugna por su custodia en los procesos de divorcio, el Congreso local demandó al Gobierno estatal, al DIF Nuevo León y a los 51 municipios, que informen sobre los planes, programas o acciones para garantiza la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

El exhorto fue planteado al Pleno por la Diputada local del PAN, Lilia Olivares, con el argumento de que es necesario que los niños cuenten con políticas públicas en favor de su bienestar.

“Es elemental que los gobiernos implementen estrategias y planes que materialicen el espíritu de la Ley vigente, de tal forma, se pueda consumar el beneficio integral para nuestras niñas, niños y adolescentes, que pasan por situaciones afectivas y emocionales difíciles”, expresó.

“Si el menor desarrolla una imagen negativa sobre alguno de sus padres, se estará predisponiendo al rencor y distancia personal y social, mediante comentarios y actitudes que muchos padres hacen hasta privar a sus hijos de mantener una sana convivencia con una de las dos personas más importantes para su crecimiento”.

El punto de acuerdo fue secundado en tribuna por la Diputada local del PRI, Ana González, quien dijo que los problemas de los adultos en el proceso de divorcio no deben afectar a los menores.

“Propongo”, añadió, “que se agregue al exhorto el que se informe sobre los planes, programas y acciones ‘con la finalidad de garantizar la salud psicoemocional de los menores de edad durante la disolución del matrimonio de sus padres'”.