Así ha evolucionado el caso.

LA PRIMERA ALERTA

La madrugada del viernes 4 de enero, Juan Carlos García, ex CEO de Amazon México y ex directivo de Elektra, publicó en sus redes sociales una serie de mensajes en los que acusaba haber sido víctima de un intento de asesinato. Los tuits los subió a tan sólo unos minutos de haber atacado con un bat de béisbol a Abril. La había golpeado en la cabeza y en la espalda; posteriormente había intentado estrangularla. Lo único que lo detuvo fue la intervención de su hijo mayor.

El hombre fue detenido y acusado de tentativa de feminicidio. Sin embargo, los jueces reclasificaron el delito como violencia familiar; argumentaron que García no había intentado asesinar a Abril, pues al momento del ataque ella se encontraba dormida. A lo largo del proceso, Pérez Sagaón expresó temor de que su ex pareja pudiera atentar contra su vida. “Señor juez, temo por mi vida”, les habría dicho.

No obstante, el ex directivo fue puesto en libertad el 8 de noviembre, tan sólo dos semanas antes de que se cometiera el crimen.

EL MOMENTO DEL ATAQUE

El 25 de noviembre de 2019, Abril Pérez Sagaón viajaba en un automóvil sobre Río Churubusco. Se dirigía al Aeropuerto de la Ciudad de México acompañada por dos de sus hijos, quienes viajaban en el asiento trasero. A la altura de la Colonia Del Carmen, en Coyoacán, una moto les dio alcance, uno de sus dos ocupantes disparó contra Abril, quien recibió dos impactos. Aunque fue llevada al hospital a bordo de una ambulancia, los médicos no pudieron salvarla.

Horas antes, Pérez Sagaón había acudido a una audiencia para pelear por la custodia de sus tres hijos, que su ex esposo insistía en impugnar. Allegados señalaron a García como el autor intelectual inmediatamente.

"El miedo de Abril y de todas las personas que la queríamos y nos preocupábamos por ella, era justamente éste, que este señor la matara. ¿Si lo había intentado una vez, por qué no dos o tres? Y así se lo hizo saber a los jueces".

Carta difundida en redes sociales por allegados a Abril

CAEN VINCULADOS... PERO NO EL AUTOR INTELECTUAL

En los meses siguientes, la Fiscalía aprehendería a ocho personas presuntamente relacionadas con el homicidio, entre los que se encuentra el autor material, identificado como Rodolfo “N”, y quien esta semana reconoció haber recibido 180 mil pesos del ex esposo de Abril.

El sujeto confesó que desde inicios de noviembre había intentado cometer el crimen en dos ocasiones cuando la víctima se encontraba en Monterrey, ciudad a la que se refugió tras el proceso de divorcio. Según las indagatorias de la Fiscalía, a ese lugar también se habían desplazado otros presuntos cómplices para lograr la encomienda.

En la audiencia que tuvo lugar horas antes de su asesinato, Abril narró a los jueces que desde su regreso a Monterrey, de donde era originaria y en donde se refugió, había descubierto que era vigilada.

“Nos damos cuenta que nos están siguiendo. No podemos vivir en paz”, mencionó.

En tanto, Juan Carlos García ha estado prófugo desde 2019. En diciembre de ese año, se emitió una orden de reaprehensión en su contra luego de que dejó de acudir a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares adscrita al Reclusorio Oriente, además de que no se presentó a una serie de audiencias. La Interpol también emitió una ficha roja en su contra, tras lo cual autoridades aseguraron que el hombre se encontraba en San Diego, California.

Hasta la fecha no ha sido detenido.

EL PROCESO CONTRA LOS JUECES

Tras el feminicidio, los primeros reproches de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) fueron contra los jueces cuya actuación permitió que Juan Carlos fuera liberado y que Abril ni sus hijos recibieran medidas de protección adicionales.

Mientras que el Juez de Control Federico Mosco González reclasificó el delito de intento de feminicidio a violencia familiar, el Juez de Control Luis Alejandro Díaz Antonio ordenó la liberación del implicado.

El proceso en contra de ambos se extendió por más de un año hasta marzo de 2021, cuando fueron separados definitivamente de su cargo luego de que se determinó que fueron responsables por no actuar con perspectiva de género.