Por Miriam García
Urge a coordinación de los tres
niveles de Gobierno ante inseguridad
Ante el incremento en los homicidios y la inseguridad en Nuevo León, es urgente que haya una coordinación efectiva entre los tres niveles de Gobierno, demandaron hoy legisladores locales del PAN y Movimiento Ciudadano.
“Lo que hoy más necesita el Estado es mayor coordinación, definitivamente el tema de la seguridad es un tema que nos atañe a todos y es responsabilidad de todos”, , expresó Carlos de la Fuente, líder de la bancada panista en el Congreso local.
“Loa Alcaldes también deben estar preocupados y ocupados en la materia de seguridad y el Estado debe de tener ese liderazgo para poder tener mayor coordinación y comunicación tanto con las fuerzas municipales como con las federales… el nuevo titular de Seguridad ha dicho que la seguridad debe ser escalonada, que la Policía de Proximidad debe ser la municipal, la Policía estatal y ya las fuerzas especiales para los casos de delincuencia organizada, pues para eso nos debe de ayudar la Guardia Nacional y el Ejército.
“Tristemente ha sido un año muy violento, pero tenemos que buscar cómo le puedan dar vuelta a la página, por eso le apostamos al trabajo coordinado, porque es la única forma de hacerlo. Necesitamos el liderazgo del Estado”.
En entrevista por separado, Sandra Pámanes, Diputada local de Movimiento Ciudadano, dijo que el incremento en los homicidios sólo puede frenarse y abatirse con una coordinación eficiente entre los tres niveles de Gobierno.
“Yo espero que el esfuerzo de coordinación al que está dispuesto el Gobierno del Estado, y en el que también tienen que entrar a hacer su labor los Municipios y el Gobierno federal, pueda tener resultados pronto, porque esto sólo se soluciona con una coordinación eficiente”, expresó.
Buscan reducir multas al transporte público
Modificaciones a la Ley de Movilidad para reducir hasta en un 60 por ciento las multas que se aplican al transporte público -equiparándolas con las que existen en la Ciudad de México y Jalisco- y precisar en qué casos se pueden retener las unidades, presentó hoy Lorena de la Garza.
La Diputada local del PRI, y presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso, dijo que con esa reforma se beneficiará directamente a los transportistas, choferes, empresarios y concesionarios del servicio de transporte público, al reducir los costos de las multas, y generar certidumbre jurídica al establecer en la Ley los casos en que podrá ser retenido su vehículo.
Agregó que en la reforma se precisan, para el servicio de taxi y auxiliar de transporte, los casos en que el vehículo podrá ser retenido, como lo es, conducir en estado de intoxicación, hechos de tránsito que perjudiquen a terceros, no contar con licencia especial, conducir utilizando dispositivos electrónicos, no contar con póliza de seguros vigente y exceder la capacidad de pasajeros.
También, dijo, la multa máxima, que actualmente es de 15 mil UMAS, equivalente a cerca de 1 millón y medio de pesos, baje a 5 mil, es decir, a unos 482 mil pesos.
“Esta iniciativa es para establecer con más certeza en la Ley de Movilidad el tabulador de las multas aplicables en los servicios de transporte, poqe una de las quejas que más recibimos, por ejemplo de los taxistas y concesionarios del transporte, es que muchas de las multas que les imponen o los momentos en que podían retirarles sus vehículos no estaban muy claros en la Ley”, expresó.
!Así que haciendo un análisis comparativo con las multas que se aplican en otros estados, es que estamos proponiendo un tabulador específico para poder regular los mínimos y máximos de las multas que hay aquí en Nuevo León sobre todo para el servicio de taxi y de camiones y estableciendo con claridad en la Ley las razones por las que se podrá retener un vehículo o retirar una concesión.
“Estamos bajando las multas, sobre todo las que estaban más dispares con las aplicadas en estados similares a Nuevo León como la Ciudad de México y Jalisco, Las altas multas, añadió, llevan a que los autos se queden como chatarra en los corralones y eso contribuye a que el déficit de unidades vaya en aumento.
La iniciativa , detalló De la Garza, implica reformas al artículo 213 y 214 y la adición del 213 Bis a la Ley de Movilidad.
Pide tipificar y sancionar violencia vicaria
Una iniciativa de reforma a tres leyes, el Código Penal y el Código Civil para tipificar y sancionar la violencia vicaria – la que una persona ejerce contra un familiar, principalmente hijos e hijas, para hacer sufrir a su pareja o ex pareja- presentó hoy Sandra Pámanes.
La Diputada local de Movimiento Ciudadano dijo que en la iniciativa, que también suscribió su compañera de bancada Tabita Ortiz, se plantean ajustes a la Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Además, dijo, se proponen ajustes al Código Civil y el Código Penal, en este último caso específicamente, es para que el delito de violencia vicaria sean de 2 a 8 años de prisión.
“Estamos presentando reformas a cinco leyes y códigos para incorpora la violencia vicaria en toda nuestra legislación con la intención de que ya se tome en consideración este término y que se establezcan sanciones y el cómo actuar al momento de presentarse esta violencia”, expresó.
“Hay estados como Yucatán, Hidalgo y Zacatecas que ya regulan esta violencia, que es la que puede ejercer la pareja o ex pareja, sin que necesariamente haya el vínculo matrimonial, hacia los hijos, y es la utilización de los hijos para ejercer violencia hacia la pareja hombre o mujer.
“La sustracción de menores es un delito que se ha venido cometiendo cada vez con más frecuencia porque se hace como una forma de usar a los hijos para ejercer esta violencia y por eso es que presentamos esta iniciativa, porque lo que buscamos es que las relaciones, que pudieran ser violentas entre una pareja, no tengan por afectar la vida de los pequeños”.
Pámanes agregó que, en este tipo de casos, el 92 por ciento de los agresores cuentan con recursos que les permiten favorecerse durante los procesos legales, que impiden a la víctima el acceso inmediato a la justicia.