Por Miriam García
Buscan sancionar encarecimiento de insumos de sequía
Para que quienes cometen abusos vendiendo a precios desproporcionados artículos para almacenar el líquido o agua embotellada, sean sancionados con multas de hasta 48 mil 110 pesos -el equivalente a 500 UMA-, Luis Susarrey presentó hoy una iniciativa de reforma a la Ley de Agua Potable y Saneamiento.
El Diputado local del PAN dijo que ante la crisis por la falta de agua, el precio de botes, tambos, tinas, tinacos y agua embotellada se ha disparado en perjuicio de los ciudadanos y es necesario establecer medidas para frenar ese abuso por parte de quienes los comercializan.
“En solidaridad con toda la ciudadanía estamos presentando una iniciativa de reforma a la Ley de Agua Potable y Saneamiento para que haya un castigo a nivel local para todas las personas físicas o morales que, ante la crisis del agua ahora, o ante alguna emergencia o desastre natural a futuro, estén vendiendo tinacos, tambos, botes de basura o agua embotellada a precios excesivos”, expresó.
“Se disparó el precio de los tinacos, el de los tambos y tinas, porque muchos particulares se están aprovechando y queremos que ésto se castigue y quien tendrá que actuar ante esos abusos sería Agua y Drenaje de Monterrey y ya en el reglamento respectivo deberá establecerse las instancias y horarios para las denuncias.
“Las multas que se proponen para los infractores, para el vendedor, es de 375 UMAS a 500 UMAS”.
Susarrey dijo que van a pedir que esa iniciativa se turne a comisiones con carácter de urgente para que pueda ser dictaminada en “fast track” una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones del Pleno.
La iniciativa, que también suscribieron los legisladores panistas Nancy Olguín y Jesús Gómez, plantea ajustes a los artículos 57 y 58 de la Ley.
“Cometen infracción las personas físicas o morales, que, en caso de crisis hídrica, desastre natural o cualquier otro hecho que propicie escasez, vendan agua, tinacos, cisternas o cualquier otro bien destinado al almacenamiento o consumo de agua a un precio superior al de mercado”, se establece en el Artículo 57.
Gómez agregó que el acceso al agua es un derecho humano y que, incluso, el abuso no sólo es en los precios del líquido y de los botes para su almacenamiento, sino en las pipas.
“El que una pipa vaya a una colonia antes costaba 5 mil pesos”, añadió, “y ahora es de 10 ó 12 mil pesos, entonces la iniciativa va encaminada a que la gente no se le afecte en su economía y pueda tener a salvo e derecho al agua”.
Su compañera de bancada, Nancy Olguín, dijo que los legisladores han estado ofreciendo tinacos a bajo costo ante lo elevado de éstos.
“Lo que buscamos es que no se abuse, porque todos los precios se incrementaron y el poder adquisitivo del ciudadano se afecta en detrimento de otras muchas necesidades”.
Plantean lineamientos para realizar comparecencias
Para definir los lineamientos para la solicitud y realización de las comparecencias de funcionarios públicos de la Administración estatal, Ricardo Canavati Hadjópulos presentó una iniciativa de reforma al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.
La propuesta del Diputado local del PRI contempla incluir en el Reglamento un capítulo denominado ‘De las Comparecencias’, con cuatro artículos que establecen el procedimiento para solicitar, aprobar y realizar las comparecencias.
“Es una iniciativa para modificar el Reglamento Interno del Congreso para regular el tema de las comparecencias de los funcionarios públicos. La idea es establecer el procedimiento que se tiene que seguir para convocar una comparecencia”, expresó.
“La idea es fijar un tiempo de por lo menos tres días para notificarle al funcionario para que pueda preparar la información que se necesita, y por otro lado, someterlo a consideración del Pleno del Congreso para que solo pueda ser un Diputado quien proponga y el Pleno del Congreso quien autorice citar a un funcionario”.
Agregó que en los Congresos de Puebla, Ciudad de México, Baja California, Jalisco, Morelos, Sonora y Zacatecas ya realizaron cambios al desarrollo de las comparecencias.
En la iniciativa se plantea el que, si un funcionario, sin una causa justificada, no acude a comparecer, se le aplicará una sanción administrativa.
“Si los funcionarios o empleados se rehúsan a comparecer sin causa justificada serán responsables conforme a la legislación en materia de responsabilidades administrativas”, se establece en la propuesta.
Exige vigilancia y evitar cobro
de cuotas escolares de ingreso
Ante el regreso a clases, Eduardo Gaona demandó a la Secretaría de Educación federal, que vigile y evite el cobro de cuotas escolares de ingreso en los planteles educativos de Nuevo León.
El coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado dijo que, según cifras oficiales, se espera que a nivel local regresen a las escuelas de educación básica alrededor de 1 millón 062 mil 025 estudiantes y, ante el aumento en la inflación, el cobro de cuotas de ingreso afectaría la economía de las familias.
Agregó que, constitucionalmente, la educación debe ser gratuita, por lo que cualquier cobro sería ilegal.
“Es evidente que las familias neolonesas están ante una situación donde deben cuidar sus ingresos y priorizarlos para su alimentación y necesidades básicas”, expresó.
“Esta alza de precios también impacta en los útiles escolares y uniformes, se ha informado por diferentes medios de comunicación que existe un incremento del 20 por ciento en este tipo de artículos.
“Cada ciclo escolar miles de familias se enfrentan ante la difícil situación de pagar cuotas escolares que son evidentemente ilegales y que no tienen ningún fundamento legal.
“A pesar de esta prohibición expresa, muchas escuelas y planteles educativos siguen manipulando y condicionando la prestación de servicios educativos a cambio de cuotas de ingreso”.