Por Miriam García

Buscan con reforma apoyos para niños con diabetes

Una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con la que se busca garantizar el que los menores con diabetes tengan el acceso a la insulina, presentó hoy Ana González.

Con esas reformas, añadió la Diputada local del PRI, se busca apoyar a niñas, niños y adolescentes con diabetes tipo 1 ya que, el tratamiento anual llega a costar entre 50 mil y 90 mil pesos, y no todos tienen recursos para ello.

La iniciativa de reforma implica ajustes a los artículos 8, 9 y 44 Bis de la Ley Estatal de Salud, y al 60 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

“Se busca reconocer y garantizar la atención de pacientes con diabetes tipo 1, principalmente niñas, niños y adolescentes, como parte de su derecho humano a la salud, a la protección de la salud y al interés superior de la niñez”, expresó.

“Se incluye en la propuesta la educación terapéutica en diabetes y el suministro de insumos médicos necesarios para el tratamiento de las personas diagnosticadas con diabetes tipo 1, viendo así a la educación como algo esencial en el tratamiento”.

Y A FAVOR DE ADULTOS MAYORES

Para establecer y regular los cuidados paliativos que deberán brindarse a los pacientes con una enfermedad terminal, Gabriela Govea presentó una iniciativa de reforma a al Artículo 24 de la Ley Estatal de Salud.

“Que el paciente tenga derecho a ser atendido por un médico que tenga orientación en el área paliativa que nos asegure que su familia va a estar informada en relación su limpieza, la alimentación que necesita y en el manejo de dolor, que es algo muy importante”, dijo la Diputada local del PRI.

“Todos los médicos del área paliativa se deben de coordinar con un equipo multidisciplinario para que le den atención psicológica, vean la parte social y la parte espiritual. Con esta ley dignificamos a los pacientes que están en la etapa de pronóstico reservado y es indispensable hacerla para definir los cuidados paliativos a los pacientes que padecen una enfermedad en situación terminal”.

Plantean evitar acusaciones en informes oficiales

Para evitar que el Gobernador y los Alcaldes utilicen sus informes para hacer acusaciones sin fundamento que afecten a ex funcionarios y sus familias, y obligar a que se suscriban a detallar avances en el cumplimiento de su Plan de Desarrollo, Daniel González presentó hoy iniciativas de reforma a la Constitución local, la Ley de Gobierno Municipal y la Ley de Responsabilidades Administrativas.

El Diputado local panista dijo que usualmente los informes se usan para denostar a ex funcionarios sin que haya pruebas y que es necesario obligar a que rindan cuentas de lo que han hecho únicamente.

“Estoy presentando tres iniciativas enfocadas a que el Gobernador y los Alcaldes se enfoquen en sus informes a detallar los avances que hayan logrado con base en el Plan de Desarrollo y que no utilicen ese espacio para hablar, acusando a ex funcionarios, denigrando a sus personas, a sus familias, cuando no hay una sentencia ejecutoria en los casos que refiere”, expresó.

“Es para los Alcaldes cuando rinden su informe y para el Gobernador, que cuando viene al Legislativo a informar, muchas veces no toca ningún tema del Plan de Desarrollo Estatal; lo hagan, que se suscriban a sus logros y que si hace una acusación hacia algún ex funcionario que porque robó y demás, sin que haya una sentencia, pues se sancione conforme a la Ley de Responsabilidades Adinistrativas.

“Las sanciones podrían ir desde una disculpa pública, una sanción económica o hasta también perder el cargo”.

La primera de las iniciativas, añadió, reforma el Artículo 194 de la Constitución local.

“El informe de gestión gubernamental es un acto de rendición de cuentas a la sociedad que se presenta ante el Poder Legislativo, incluirá los logros alcanzados anualmente y la situación de las finanzas públicas acorde con la planeación estratégica del desarrollo, conforme al Plan Estatal de Desarrollo”, se establece en la reforma propuesta.

“El Plan Estatal de Desarrollo será el eje rector del Informe que rinda el Ejecutivo del Estado, el cual deberá contener información veraz, precisa, oportuna, objetiva y verificable. Cuando no se tenga determinada y acreditada la responsabilidad penal o administrativa de su autor mediante sentencia irrevocable que así lo establezca, el titular del Ejecutivo del Estado se abstendrá de formular expresiones ofensivas e injuriosas”.

De la Ley de Gobierno Municipal se modifica en los mismos términos el Artículo 33, y de la Ley de Responsabilidades el 63 Bis y 78.

“Incurrirá en utilización indebida de recursos públicos”, se establece en la reforma a la Ley de Responsabilidades, “el servidor público, que teniendo la obligación constitucional y legal de rendir informes anuales respecto a la situación y perspectivas generales de la administración pública que guarden el Estado y los Municipios emitan mensajes y formulen expresiones ofensivas, injuriosas y que dañen el honor y la dignidad de las personas, con independencia de las sanciones que le resulten en términos de la Legislación aplicable”.

Rechazarían aumento a impuesto a taxis de app

Por considerar que aumentar de 1.5 al 3 por ciento el impuesto por servicios que se aplica a las plataformas de taxi implicaría el que éste se “cargara” a los usuarios, Diputados locales del PAN, PRI y Morena coincidieron hoy en que se rechazaría la propuesta que, en esos términos planteó el Ejecutivo estatal en la propuesta de Ley de Ingresos que envió al Congreso.

Waldo Fernández, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Diputado local de Morena, dijo que también rechazará este aumento porque los usuarios toman taxis de plataforma ante la falta de camiones.

“No estuvieron los de Movimiento Ciudadano y lo de Uber y Didi nos vinieron a manifestar su preocupación de este incremento del 1.5 al 3 por ciento de impuestos que pondría a Nuevo León como número uno en el cobro de esta tasa en el País y sería la más alta, y dieron sus razonamientos, el precio de los combustibles, la inflación y que se baña al proveedor”, expresó.

“Mi postura es que no porque este incremento tiene una alta posibilidad de que se le repercuta al ciudadano y aunque parezca pequeña el 1.5, son tres o cuatro pesos que equivale a la mitad de la tarifa en el metro, y que no de suban los usuarios es porque es inoperable”, apuntó.

Por separado, la presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso, Lorena de la Garza, dijo que se reunieron con representantes de las plataformas y que Ezequiel Gil, Gerente de Políticas Públicas Uber y Marina Gutiérrez, asesora de asuntos públicos, expusieron que, en Nuevo León, se realizan 6 millones de viajes al mes.

“Un aumento, al final de día, se le va a reflejar al usuario”, agregó la priista, “y vienen a defender eso como argumento para que no se cambie el porcentaje que está ahorita en la Ley de Ingreso.

“Dicen que a raíz de la problemática que hay en el transporte se les han incrementado los viajes.

“Nosotros tenemos pensado no aprobarlo, no aprobar ese aumento que nos proponen, porque no lo va a pagar las plataformas sino que se le va a reflejar al usuario y pues no lo queremos permitir, sería el estado con el impuesto más caro”.

El líder de la fracción del PAN, Carlos de la Fuente. coincidió en que ese incremento que se propone al que terminaría afectando sería al usuario.

“Los recibimos (a los representantes de las plataformas) porque están preocupadísimos, el gobierno dice que se le va a subir un 1.5% y para ellos es el 3% y están preocupadísimos porque representa un impacto”, expresó.

Luis Susarrey, Diputado local del PAN y quien también estuvo en la reunión, afirmó que la Secretaría de Movilidad percibe 130 millones por el impuesto del 1.5 por ciento y subirlo al doble implicaría ingresos al Estado por al menos 260 millones de pesos que deberían ir etiquetados para combatir la crisis de movilidad.

Sin embargo, otro elemento para no aprobar ese incremento, añadió, es que desconoce para qué se ha usado lo recaudado este año.

“Si hoy se cobra el 1.5 por ciento que se cobra y no sabemos a dónde se va, ¿por qué vamos a autorizar un incremento del 3 por ciento?”, añadió, ” y no digo que esté mal, si se cobra el tres y se va a mejorar el Metro o subsidiar la tarifa, aquí el tema es que desde que se aprobó ese 1.5 por ciento nunca se ha transparentado.

“Dicen (las autoridades estatales) que lo usaron para la crisis del agua, pero nosotros aprobamos un presupuesto de 120,000 millones para atender todas las crisis, la Secretaría de Movilidad ha dicho que recibe 130 millones de pesos por ese impuesto”.