Ordena Samuel desalojar a Fiscal Anticorrupción
El Gobierno del Estado ordenó a la Fiscalía Anticorrupción desalojar las oficinas que ocupa en los pisos 4 y 7 del edificio de la Tesorería sin justificación alguna, denunció anoche Javier Garza.
El Fiscal señaló que, de manera verbal, la Tesorería estatal les avisó que debían desocupar las oficinas y desde la tarde ya no los dejaron ingresar.
“Hemos tenido conocimiento vía rumor desde la mañana”, expresó Garza, “que nos quieren desalojar de las oficinas que tenemos tanto en el cuarto como el séptimo piso del edifico de la Tesorería.
“Hace rato recibimos un comunicado de la gente de Tesorería que nos conminaban durante la noche a abandonar las instalaciones que tenemos dentro de este edificio. En la tarde ya no nos permitieron el acceso a gente que venía de fuera para el efecto de hacer trámites”.
El edificio se localiza sobre la calle Escobedo, número 333, en el Centro de la Ciudad.
La orden de desalojo se da en medio del proceso del juicio político que realiza el Congreso local en contra del Secretario de Gobierno, Javier Navarro, a petición de la misma Fiscal Anticorrupción, además de la imputación por amenazas y abuso de autoridad en contra del ex titular del SAT estatal, Félix Arratia.
Garza detalló que en esos dos pisos, donde laboran unos 15 empleados que componen una unidad de investigación, se localizan carpetas de investigación que incluyen información confidencial.
Recalcó que según la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, los bienes inmuebles que se encuentren en posesión de la Fiscalía y que sean del Estado pasan a ser propiedad de la misma Fiscalía.
“Si creen que estamos cometiendo alguna ilicitud, lo dirimamos ante las autoridades correspondientes”, recalcó, “lo tomo como una mala percepción de los contratos, no quiero politizar el asunto”.
Agregó que hoy acudirán a laborar de manera regular y en caso de no dejarlos ingresar analizarán qué acciones legales emprender.
Congreso le corta alas para viajar
al Gobernador
El Congreso local busca ahora “cortarle el vuelo” al Gobernador Samuel García.
Ayer, en apenas ocho horas, los legisladores dieron entrada, turnaron y dictaminaron una iniciativa de reforma a la Constitución local para reducir el tiempo que el Ejecutivo estatal puede ausentarse de Nuevo León, y obligarlo a pedir permiso al Legislativo para viajar al extranjero por mas de tres días.
La reforma al Artículo 120 de la Constitución local —propuesta por las bancadas del PRI y PAN— se presentó a menos de 24 horas de que el Gobernador anunciara una gira por Italia en diciembre.
En “fast track”, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, por mayoría, el dictamen de esa reforma constitucional que hoy podría ser llevada al Pleno para su aval en primera vuelta.
En la iniciativa se establecía que para salir del País por 5 días o más, el Gobernador requeriría de autorización del Congreso, pero al final se decidió que será a partir de ausencias mayores a 3 días, y si no pide permiso incurrirá en abuso de funciones.
“Cuando el Gobernador se ausente del Estado por un término mayor de 3 días naturales y menor de 30 deberá dar aviso al Congreso o a la Diputación Permanente”, se establece en el dictamen aprobado.
“Para salir de la República por más de 3 días naturales el Gobernador necesita autorización del Congreso o la Permanente. La infracción a estas disposiciones será sancionada conforme a la ley en materia de responsabilidades administrativas como faltas administrativas graves de abuso de funciones”.
Eduardo Gaona, de Movimiento Ciudadano, dijo que con ello se trataba de “atar de manos” al Ejecutivo.
En la sesión de ayer del Pleno, también se dio entrada a una iniciativa de reforma a la Ley del Periódico Oficial para establecer que no cumplir con la publicación de decretos será motivo de sanción y se removerá de inmediato al titular de ese medio y se le sancionará por abuso de autoridad.
Alistan audiencia
de vinculación
a ex jefe del SAT
El ex titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria estatal (SATNL), Félix Arratia, enfrentará mañana una nueva audiencia penal, en la que está previsto que se defina si es o no vinculado a proceso por amenazas y abuso de autoridad.
Arratia tuvo una audiencia previa el 25 de noviembre en la que se le imputaron formalmente los cargos, pero no se le vinculó a proceso en esa ocasión, porque su defensa legal solicitó la ampliación del término constitucional para que se tome la determinación.
Para mañana jueves se difirió la audiencia del ex funcionario, donde él podrá presentar pruebas contra los delitos que se le imputan.
Arratia fue denunciado el pasado 7 de noviembre por Sarahí Aranda García, secretaria técnica del Comité de Selección, órgano que participa en el proceso de designación del Fiscal General de Justicia.
Aranda García acusó al entonces titular del SAT-NL de presuntas amenazas vía chat y de ordenar visitas de representantes del órgano fiscal a su domicilio y al de su padre.
Esto ocurrió en medio del conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo por el proceso de designación del nuevo Fiscal General, en el que las fracciones mayoritarias del PRI y del PAN buscaron promover a priista y ex Alcalde regio, Adrián de la Garza, así como a sus allegados, mientras que el Estado trataba de impedirlo.
Ante esta situación, Arratia pidió separarse de su cargo argumentando que debía atender ocho denuncias que se presentaron en su contra, sin detallar su contenido, y acusó que las Fiscalías General de Justicia y Anticorrupción son usadas de manera facciosa porque se le ha dado una celeridad inédita a su caso.
En la audiencia del pasado viernes, el ex funcionario indicó que la Fiscalía le abrió una nueva carpeta de investigación por delitos electorales, pero no explicó los motivos.