Al tomar sus respectivos encargos juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, pero el Gobernador Samuel García y los Diputados del Congreso local han buscado cómo evadirla, saltarla o torcerla para sacar ventaja en el conflicto político que mantienen desde hace dos meses.
Cada parte tiene demandas o controversias, pero ninguna acepta estar incumpliendo con su respectivo marco legal.
Además de postergar con sus conflictos temas relevantes como la definición del Presupuesto de Egresos o el nuevo Fiscal General, ambos Poderes están enfocados en litigios, demandas y controversias ante distintas instancias judiciales.
No envían presupuesto
De forma inédita, el Gobernador Samuel García omitió enviar el proyecto de presupuesto del próximo año a más tardar el 20 de noviembre, como establece la fracción décimo novena del Artículo 125 de la Constitución, que enumera las obligaciones del Ejecutivo.
El emecista pretextó que no podía elaborar el presupuesto de egresos sin antes tener aprobada la ley de ingresos, aunque cada año, incluyendo el primero de su gestión, el Gobierno envía el paquete fiscal completo.
La ley no contempla una penalización en caso de incumplimiento a esta disposición constitucional, y solo establece que de no aprobarse ni publicarse el presupuesto 2023, se aplicará el del año inmediato anterior.
Públicamente el Gobernador ha dicho que este escenario le favorece, pues el presupuesto 2022 lo sacó prácticamente sin cambios de los Diputados.
Reparten recursos
Sin consultarlo con el Ejecutivo, responsable de la administración financiera del Estado, los Diputados han dado trámite en “fast track” a peticiones de los Alcaldes para disponer de más recursos.
El 15 de noviembre, solo cuatro días después de recibir una iniciativa, el Congreso aprobó por mayoría una reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria para aumentar del 20 al 30 por ciento la porción de participaciones federales a repartir a los municipios, ante lo cual el Gobernador anunció otro veto.
Y el viernes, la Comisión de Presupuesto avanzó en otra reforma a la misma ley, ahora para dar más recursos a los municipios a través de fondos específicos para las zonas metropolitana y periférica, nuevamente sin considerar la planeación financiera del Gobierno.
Esta iniciativa contempla además cambios al Código Fiscal para establecer un nuevo proceso para realizar embargos a los municipios.
Evaden publicar reformas
En otra omisión sin antecedentes en Nuevo León, el Gobierno ha evitado publicar más de 50 decretos y acuerdos aprobados por el Congreso, por desacuerdos del Gobernador con los Legisladores.
El Artículo 90 de la Constitución indica que el Congreso enviará sus leyes o decretos al Ejecutivo para su publicación, pero tampoco fija una sanción en caso de incumplimiento.
Para evitar las publicaciones y que las reformas legislativas entren en vigor, el Estado ha argumentado que los periodos extraordinarios en los que se aprobaron los dictámenes fueron ilegales, o que particulares se ampararon al sentirse afectados por las determinaciones de los Diputados.
Entre los acuerdos detenidos están la reestructura del Consejo de Administración de Agua y Drenaje y una reforma que establece sanciones si el Estado no entrega los recursos que le corresponden a los municipios.
Esta omisión derivó en un juicio político contra Javier Navarro, Secretario General de Gobierno y responsable del Periódico Oficial, proceso que a su vez es combatido con amparos por parte del funcionario.
Ignoran amparos contra selección de Fiscal
Durante el proceso de selección del nuevo Fiscal, el Congreso estatal ignoró varias suspensiones de amparo.
El Legislativo interpretó que las resoluciones solo impedían consumar la designación, pero podían seguir con la recepción de solicitudes, entrevistas y deliberaciones, contrario a lo que opinó el Estado y la bancada de Movimiento Ciudadano.
El Pleno del Congreso continuó con los trámites y eligió a los 4 finalistas de entre 63 aspirantes validados por el Comité de Selección.
Sin embargo, el proceso está detenido porque no se ha enviado al Ejecutivo la lista de los cuatro prospectos finales para que entre ellos elija a tres.
Además, el Gobernador promovió en la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional que frena la resolución del proceso.
Emite veto adelantado
Aunque el Gobernador tiene la atribución de eliminar a una de las cuatro propuestas que le envíe el Congreso para la Fiscalía General, Samuel García no esperó a recibir la lista aprobada por los Diputados y desde el 11 de noviembre “vetó” al priista Adrián de la Garza.
Desde Egipto, donde se encontraba para asistir a una Cumbre climática, el emecista envió con el Secretario General de Gobierno un documento bajo la figura “Ad Cautelam”, es decir, por precaución, antes de que el Ejecutivo reciba la lista de cuatro prospectos que incluye a De la Garza.
La fracción segunda del Artículo 159 de la Constitución establece la atribución de definir la terna final de la lista de cuatro que le envíe el Congreso, pero expone expresamente que deberá ser dentro de los cinco días siguientes a que reciba las propuestas.
En medio de la disputa entre Poderes, el Legislativo no ha enviado al Ejecutivo la lista aprobada desde el 8 de noviembre.
Invaden atribuciones del Gobernador
En su enfrentamiento con el Gobernador, Diputados locales de las bancadas mayoritarias del PAN y el PRI han impulsado, y en algunos casos aprobado, reformas legales que invaden atribuciones exclusivas del Ejecutivo.
El 15 de junio el Congreso le quitó al Ejecutivo la facultad de nombrar al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), con reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General y en primera vuelta a la Constitución.
Estos cambios no se han consumado, al ser parte de los decretos que el Ejecutivo no ha publicado en el Periódico Oficial.
Además, el 24 de noviembre los Diputados decidieron que también el titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria estatal (SAT- NL) sea ratificado por el Congreso, pero la disposición fue vetada por el Gobernador, argumentando una violación a la división de Poderes.
Y ante la omisión del Gobernador en el envío del proyecto de presupuesto, los Legisladores buscan ahora elaborar antes del 7 de diciembre su propia Ley de Egresos 2023, a pesar de que la fracción novena del Artículo 96 de la Constitución solo los faculta a examinar y aprobarla a propuesta del Ejecutivo.