Por Miriam García
Pide saber sobre pensión para personas
con discapacidad permanente
Waldo Fernández pidió hoy al Gobernador Samuel García informar si ya firmó el convenio para la implementación de la “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente” y, si no lo ha hecho, las causas de ello.
El coordinador de la fracción de Morena en el Congreso local, quien presentó para ello un exhorto con esa demanda, dijo que ese programa consta de un apoyo económico directo a las personas con discapacidad permanente por la cantidad de mil 275 pesos mensuales.
Ese recurso, añadió, se entrega de manera bimestral a quienes residan en una entidad federativa que haya firmado el convencido con la Federación.
“En Nuevo León hay 806 mil personas que podrían beneficiarse de este programa hoy vulnerables a la discriminación, la marginación y la pobreza”, expresó.
“Desafortunadamente, entre los criterios de elegibilidad para dicho programa se menciona que será para quienes residan en una entidad federativa cuyo gobierno haya firmado el ‘Convenio para la Universalización de la Pensión para personas con discapacidad’.
Hasta hoy, no tenemos información de que el Gobernador del Estado lo haya hecho y no podemos seguir siendo testigos de que como se vulneran los derechos humanos de las personas que se encuentran con esta discapacidad.
“Por eso pido se exhorte al titular del Ejecutivo del Estado, a fin de que informe a esta soberanía si ya firmó el Convenio para la Universalización de la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, establecidos en los criterios de elegibilidad las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023, y en caso de que no lo haya hecho deberá remitir un informe explicando por qué no se ha firmado”.
Fernández aseguró que el bienestar de todas las personas debe estar por encima de toda diferencia política.
Propone crear observatorio ciudadano en tema
de violencia conta la mujer y feminicidio
La creación de un Observatorio Ciudadano de la Violencia Contra las Mujeres y el Feminicidio que coadyuve en el desarrollo de un sistema de información permanente para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, propuso hoy Alhinna Vargas.
La Diputada local del PRI presentó para ello una iniciativa de reforma y adición a diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues Nuevo León ocupa el segundo lugar en las estadísticas nacionales, con 102 feminicidios cometidos durante el 2022, además de mil 825 delitos sexuales y 22 mil 480 denuncias por violencia familiar.
“Las cifras de violencia contra la mujer van en aumento y Nuevo León cerró el 2022 siendo el nada honroso segundo lugar a nivel nacional en esta materia, así que tenemos que legislar para contar con más herramientas que puedan derivar en programas y acciones concretas para que se pueda ir contra estos delitos”, expresó.
“Por eso es que estamos adicionando un Capítulo Décimo Primero a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de crear el Observatorio Ciudadano de la Violencia Contra las Mujeres y el Feminicidio, el cual estaría conformado por un presidente que se sugiere que sea de titular de alguno de los colectivos de mayor legitimidad en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
“Además, habría dos secretarías, una ejecutiva y una técnica, que ocuparían las titulares de la Secretaría de la Mujeres y del Instituto de las Mujeres, respectivamente, también se contempla un espacio para el titular o un representante de la Fiscalía General, y otros para los titulares de Seguridad Pública, Educación, Salud, por estar directamente involucrados en el tema de violencia de género y tres espacios para representantes de colectivos enfocados en las mujeres”.
La priista dijo que la intención es que ese Observatorio para diseñar acciones para reducir los índices de violencia de género y los feminicidios.
“El Observatorio Ciudadano de la Violencia contra las Mujeres”, añadió, “funcionaría como como un consejo asesor del Instituto Estatal de las Mujeres, para investigar, proponer y difundir las políticas públicas más completas en la lucha contra la violencia de género”.