Acusa MC que cierre de Congreso
es 'show'
La suspensión otorgada por el Juez Octavo de Distrito al Gobernador Samuel García, solo impide provisionalmente que se le apliquen las reformas constitucionales que el PRI-AN impulsó, pero no paraliza al Congreso local y hacerlo es sólo un “show” y un exceso por parte de las bancadas de esos partidos, aseguró hoy Sandra Pámanes.
En su calidad de vicecoordinadora de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, dijo que suspender las actividades del Legislativo es un plan de priistas y panistas que no tiene sustento jurídico y que analizarán de qué forma recurrir legalmente ese acuerdo.
“Como grupo legislativo de Movimiento Ciudadano queremos aclarar que esto es un exceso, que la resolución emitida por el Juez federal, en ningún momento establece que éste tenga que paralizar sus actividades, se refiere únicamente a un decreto en el que se establecieron algunas reformas que están invadiendo atribuciones y funciones que le correspondían al Poder Ejecutivo, sólo en eso se ha expresado el Juez”, expresó.
“Esto me parece que es más un show, un show que quieren llevar a otro extremo, a otro nivel, al paralizar las actividades de este Congreso, aunque creo que ellos las habían paralizado ya desde hace un buen tiempo, porque este Congreso ha dejado de funcionar como debe ser y estamos dando un mensaje muy equivocado a la ciudadanía.
“… No sabemos si esta interpretación que ellos hacen la hace la Dirección Jurídica de este Congreso o es una situación de puro criterio personal que ellos están estableciendo”.
En una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes otros legisladores de la bancada emecista, Pámanes dijo que tendrá que analizarse si los Diputados van o no a recibir su salario durante el tiempo que dure el cierre de actividades en el Legislativo.
“No se establecieron fechas para regresar al Pleno y a comisiones”, agregó, “quedamos a disposición de lo que determine en su momento la mesa directiva, que en cualquier momento, de manera caprichosa, porque eso es lo que están haciendo, es un capricho, un berrinche de los legisladores del PRI y del PAN.
“Tenemos que definir si se pagarán o no los sueldos de los Diputados, nosotros vamos a certificar cada una de nuestras asistencias al Congreso, vamos a seguir trabajando”.
Y Alhinna denuncia 'secuestro'
del Congreso
En una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por los legisladores del PAN y PRI, Alhinna Vargas acusó que con decisiones tomadas por un juez de otro estado se tenía “secuestrado” al Poder Legislativo y se vulneraba la división de Poderes y la soberanía popular.
La Diputada local del PRI y vicepresidenta del Congreso, dijo que con la suspensión que dio el Juez en donde determina que ninguna reforma puede aplicar de manera retroactiva al Gobernador Samuel García y que en todo caso, tendrían aplicación al Ejecutivo electo en los comicios del 2027, implican el que todo lo aprobado por el Congreso estuviera en la misma situación.
De acuerdo con una interpretación de la Dirección Jurídica del Congreso, añadió, todo lo aprobado por el Congreso con posterioridad a la llegada del Gobernador al cargo el 4 de octubre del 2021, tendría validez porque no podrían aplicarse a él, su Gabinete y su Administración.
Ello, añadió implica el que la reforma integral a la Constitución que él impulsó y el Presupuesto, por ejemplo, carecieren de validez y de aplicación.
“Con la resolución del Juez Octavo de Distrito en Tamaulipas prácticamente se tienen secuestradas las labores de este Poder Legislativo y ésto, desde luego, vulnerando la división de poderes y la autonomía que tiene ese Congreso del Estado y su facultad expresa de legislar, de reformar y aprobar leyes”, expresó la presidenta del Congreso en funciones.
“Con esta resolución se manifiesta que las reformas aprobadas no podrían tener validez hasta el 2027, una vez que ya haya entrado en el cargo quien haya ganado la elección de ese año para el cargo de Gobernador y pues prácticamente invalida todo lo que hemos venido trabajando en esta Legislatura desde que entró la actual Administración por aquello de que no le pueden aplicar reformas que no corresponden al marco normativo que estaba vigente en el momento en que él tomó protesta como Gobernador.
“Así que luego de que la Dirección Jurídica de este Congreso ha estado revisando los alcances de esta resolución, es que la recomendación es clausurar la sesión, cerrar, pues no tiene caso legislar si nada de lo que trabajemos tiene validez. está totalmente secuestrada y paralizada la actividad de esta Legislatura”.
Agregó que aunque no haya sesiones, los Diputados estarán acudiendo a sus oficinas y que esperarán a que se desarrolle la audiencia el 22 de marzo para ver qué curso toma el caso.
Vargas dijo que la elección del Fiscal General de Justicia también se afecta, porque se realizó con base a la Constitución reformada a instancias del Gobernador y, conforme al criterio del Juez, ésta no podría ser aplicable.
El área jurídica del Congreso, añadió, tendrá que determinar las acciones legales que deberán emprenderse por ese caso, pero que el Juez está siendo investigado por diversas resoluciones dadas.