La decisión de un juez de que Donald Trump cometió fraude mientras construía su imperio inmobiliario mancha la imagen del ex Presidente como un magnate de negocios y podría despojarlo de su autoridad para tomar decisiones importantes sobre el futuro de sus propiedades emblemáticas en su estado natal.
La orden emitida el martes revoca las licencias comerciales como castigo, lo que podría dificultar o hacer imposible que algunas de sus empresas operen en Nueva York si no se apela con éxito.
El abogado de Trump prometió apelar, calificando la decisión de “antiamericana” y parte de una campaña para obstaculizar su segundo intento de llegar a la presidencia.
Aquí están algunos de los puntos clave del caso y qué sucederá a continuación:
¿Qué dijo el juez?
El juez Arthur Engoron encontró en una demanda presentada por la Fiscala General de Nueva York que Trump y su empresa sobrevaloraron enormemente sus activos, creando “un mundo de fantasía” en los estados financieros que proporcionaron a bancos y otras personas.
El club Mar-a-Lago en Florida, por ejemplo, fue sobrevalorado en un estado financiero hasta en un 2 mil 300 por ciento, según encontró el juez.
El ex Presidente también mintió sobre el tamaño de su apartamento penthouse en la Trump Tower, afirmando que era casi tres veces su tamaño real y valía 327 millones de dólares, según la sentencia.
La discrepancia de un desarrollador inmobiliario que describe su propia residencia de mucho tiempo “solo puede considerarse fraude”, escribió el juez.
El retrato exagerado de la riqueza de Trump podría haberle conseguido condiciones de préstamo más favorables o costos de seguro más bajos, argumentó la Fiscala General.
El juez rechazó la afirmación de Trump de que un descargo de responsabilidad en los estados financieros lo eximía de la responsabilidad de verificar que fueran veraces.
¿Cómo afecta esto los negocios de Trump?
Bajo la sentencia, las compañías de responsabilidad limitada que controlan algunas de sus propiedades clave, como el edificio 40 Wall Street, serán “disueltas” y la autoridad sobre cómo gestionarlas se entregará a los administradores designados.
La orden del juez, si no se apela con éxito, podría significar que Trump ya no tendría voz en la contratación o despido de empleados, en la decisión de alquilar espacios de oficina, en si pagar o adquirir nuevos préstamos, esencialmente en tomar cualquier decisión.
Lisa Renee Pomerantz, una abogada en Bohemia, Nueva York, que ha ayudado a establecer LLCs (compañías de responsabilidad limitada) en el estado, afirmó que la cancelación de las certificaciones es una orden significativa porque no se puede operar sin ellas.
“Se les ha revocado el derecho a realizar negocios”, dijo Pomerantz.
“Ha perdido el control de estas entidades”.
Lo que es aún más importante, la sentencia también elimina una de las protecciones fundamentales de los negocios sugeridas por las palabras “responsabilidad limitada” en sí mismas: obligar a los prestamistas y otros acreedores, como los vencedores en un juicio legal, a perseguir solo los activos y efectivo en poder del negocio, no las acciones y el efectivo del propietario y otras posesiones.
¿Se venderán las propiedades de Trump?
No está claro.
Engoron pospuso la discusión sobre si su orden requería solo un paso cuando los abogados de Trump se lo preguntaron el miércoles.
“No estoy preparado para emitir un fallo en este momento”, dijo.
Lo que está claro, sin embargo, es que es inusual que LLCs tan valiosas que contienen edificios de oficinas y otras propiedades pierdan sus licencias comerciales, por lo que los administradores pueden no estar inclinados a tomar una medida tan drástica.
Y es poco probable que sientan presión para vender por parte de los prestamistas si siguen recibiendo pagos. La tarea de determinar quién recibe qué de las ganancias de una venta sería una “pesadilla logística” si aparecen otros reclamantes de propiedades, dijo Thomas. Ese grupo podría incluir a la propia Fiscala General si gana en sus otros cargos y Trump tiene que pagar una multa.
Si los administradores deciden vender, el ex Presidente recibirá el efectivo que quede después de pagar a los acreedores.
La Organización Trump debe 100 millones de dólares por la Trump Tower. A principios de este año, los prestamistas de 40 Wall Street, su rascacielos más valioso, le debían más de 125 millones de dólares.
¿Qué pasará ahora?
El juez también considerará posibles multas de 250 millones de dólares y algunas reclamaciones pendientes en un juicio sin jurado programado para comenzar el 2 de octubre.
Sin embargo, la decisión sobre un cargo durante lo que se conoce como la fase de resumen del juicio podría resultar en el resultado más significativo del caso, según Will Thomas, profesor asistente de derecho comercial en la Universidad de Michigan.
“Este primer cargo, aunque en algunos aspectos es más fácil que los otros cargos, permite que se aplique una de las soluciones más importantes: ‘Vamos a detenerte en tu actividad comercial'”, dijo Thomas.
“Este es uno de los peores resultados que se pueden obtener”.
A menos que haya una apelación exitosa, Thomas afirmó que no ve cómo la Organización Trump puede evitar perder el control de sus LLCs que contienen entidades como 40 Wall Street, la Trump Tower y una finca fuera de la ciudad de Nueva York llamada Seven Springs. Una estrategia como establecer nuevas LLCs en otro estado es prácticamente imposible cuando existen reclamaciones legales como un gravamen por parte de un acreedor o, en este caso, una decisión de un juez.
“Si alguien está persiguiendo tu casa, no puedes vendérmela por un dolar y luego que yo te la venda de vuelta después de que tu acreedor se vaya”, dijo Thomas.
“Te encontrarás con lo que se llama una transferencia fraudulenta”.
De hecho, Trump fue acusado por la Fiscala General de intentar hacer eso cuando estableció una empresa en Delaware el año pasado. Un abogado del ex Presidente negó cualquier intención indebida con el movimiento, pero Engoron estaba lo suficientemente preocupado como para nombrar a una monitora independiente, Barbara Jones, para supervisar su compañía, un papel que ella conserva según la sentencia del martes.
¿Cómo empezó todo?
La Fiscala General de Nueva York, Letitia James, una demócrata, presentó la demanda civil contra Trump y la Organización Trump hace un año. Los acusó de inflar sistemáticamente el valor de activos, incluyendo rascacielos, campos de golf y la finca Mar-a-Lago, con el fin de aumentar sus ganancias en miles de millones de dólares. Esto sucedió después de que los fiscales de Manhattan se negaron a presentar cargos penales por la misma conducta.
Los abogados del ex Mandatario habían pedido al juez que desestimara el caso, argumentando que no había evidencia de que el público hubiera sido perjudicado y que muchas de las acusaciones en la demanda estaban sujetas al plazo de prescripción.
¿Qué dice Trump?
En una serie de declaraciones en su sitio Truth Social, Trump insistió en que su empresa había “hecho un trabajo magnífico” y que la decisión era “horrible y antiamericana”.
Su hijo Eric Trump afirmó que las afirmaciones de su padre sobre Mar-a-Lago eran correctas y que la propiedad está “especulada en valer mucho más de mil millones de dólares”, según una publicación en X, anteriormente conocida como Twitter.
El abogado de Trump calificó la decisión como un intento de “apoderarse de propiedad privada”.
Este caso es uno de varios enfrentados por Trump, quien ha sido acusado penalmente cuatro veces en los últimos seis meses. Se le acusa en Georgia y Washington, D.C. de conspirar para revertir su derrota en las elecciones de 2020, de retener documentos clasificados en Mar-a-Lago en Florida y en Manhattan de falsificar registros comerciales relacionados con dinero de silencio pagado en su nombre.
Mientras tanto, la Organización Trump fue multada con 1.6 millones de dólares en un caso no relacionado después de ser condenada por fraude fiscal. La oficina de James también demandó previamente a Trump por el mal uso de fondos caritativos, lo que resultó en una orden de donar 2 millones de dólares a la caridad y el cierre de su propia fundación.