Niños armados en Guerrero

2024

En el primer mes el año, en el marco de las protestas para exigir al Gobierno estatal la búsqueda de cuatro integrantes de una familia secuestrados, la Policía Comunitaria de Ayahualtempa, del Municipio de José Joaquín Herrera, presentó a 20 infantes de entre 12 y los 17 años de edad, de los cuales cinco son niñas.

La acción se anunció luego que el 19 de enero, hombres armados privaron de su libertad a Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años, a su esposo José Teodoro Domingo Ortiz, de 52 años, y a sus hijos Roberto y Gaudencio, de 32 y 20 años, cuando reunían su ganado en Zacatepec, ubicado a hora y media de camino de la comunidad de Ayahualtempa.

2023

En marzo de ese año, niños de la misma localidad de Ayahualtempa, que también fueron armados en 2020,  protestaron para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir con seguridad en la zona para que pudieran cambiar las armas por los libros.

2022

Según información de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Ayahualtemapa, ese año, 120 niños formaban parte de la Policía comunitaria. Ellos tenían entre 8 y 14 años, y 4 eran niñas.

2021

El 10 de abril de ese año, niños armados desfilaron por las calles en localidad de Ayahualtempa, del Municipio de José Joaquín Herrera, en demanda de ayuda para esta zona golpeada por la violencia de grupos delictivos.

La protesta fue encabezada por infantes que formaban parte de la CRAC de esta comunidad de la montaña baja de Guerrero.

En agosto de 2021, adolescentes de esa zona de la Montaña baja de Guerrero estaban listos para regresar a clases, pero maestros no querían ir al municipio por la inseguridad y porque en esas comunidades no quieren vacunarse contra Covid-19 debido a sus usos y costumbres.

Mientras esperaban condiciones, vigilaban armados sus comunidades. En ese año se reportaban más de 30 niños en este grupo de autodefensas locales.

2020

El 22 de enero de ese año, la CRAC presentó a 19 menores de edad en un desfile por la carretera Alcozacán-Hueycatenango portando escopetas y rifles de bajo calibre y con el rostro cubierto con paliacates. Ellos tenían entre 8 y 15 años.

Esto, días después de la masacre de músicos de la CRAC en Alcozacán, acción atribuida a “Los Ardillos”, un grupo local del narcotráfico que asesinó a 10 hombres y quemó la mayoría de los cuerpos. 

En incremento y con omisión de Gobierno

Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe, denostó que en vez de frenar el problema, se incrementen los casos de niños armados en Guerrero pese a múltiples llamados de organizaciones para pararlo, reuniones con autoridades y recomendaciones internacionales que no han sido atendidas.

Reprochó que más allá de frenar estas violaciones a los derechos humanos de las infancias, evolucionen y refuercen su presencia en las comunidades.

Esto ha ido incrementando, de pasar de armas de madera en 2020, pasaron a armas de caza en 2021 y ya dispararon algunas armas reales. Hay que tener claro que la responsabilidad mayor y absoluta es del Gobierno federal porque las denuncias de actos de crimen organizados son de competencia federal".

Aunque no existen cifras oficiales, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) estimaron que 
entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes estaban en riesgo de ser reclutadas o utilizadas por parte de grupos delictivos en México en 2020.