Un año y ocho meses después de que fuera aprobada en el Congreso la transferencia de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE) a la Fiscalía General, el Gobierno estatal cumplió con la publicación de la reforma en el Periódico Oficial del Estado (POE) e inició el proceso de deslinde. Una cosa es clara: el camino fue largo.
El detonante
Tras meses de tensión, el 20 de mayo de 2022 se reveló que la UIFE inició una investigación sobre operaciones de tres administraciones pasadas en Santa Catarina, contra los ex Alcaldes Héctor Castillo y Víctor Pérez. A la par, el actual edil, Jesús Nava, anunció que abandonaba las filas albiazules para unirse a Movimiento Ciudadano.
Momentos clave de 2022
24 de mayo
El Diputado morenista, Waldo Fernández, presentó una iniciativa ante el Congreso en la que proponía que el Ejecutivo no pudiera designar al titular de la UIFE, y aunque al día siguiente desistió de la propuesta, el PAN la retomó y la aprobó en Comisiones.
Cinco días después, resultado de anomalías denunciadas el 19 de mayo y detectadas en la Contraloría municipal, Jesús Nava acusó un desvío de 200 millones por parte de su antecesores a través de 150 aviadores y 20 factureras, con la ayuda de Concepción Pérez, ex Secretario de Administración y hermano del ex Alcalde, Víctor.
Impulsados por la iniciativa original, el 31 de mayo el PAN planteó que la UIFE pasara a ser una dependencia anexada a la Fiscalía General, y fue aprobada en comisiones para ser votada en pleno.
5 de junio
El Gobernador Samuel García afirmó que tres ciudadanos promovieron amparos que recibieron suspensiones provisionales contra la celebración de una sesión extraordinaria en la que se aprobaría quitarle la UIFE al Gobierno Estatal.
El Congreso ignoró la recomendación y agendó sesión.
Además, la misma dependencia inició una investigación contra Carlos de la Fuente, líder de la bancada del PAN, siendo esta la primera de múltiples investigaciones contra legisladores locales desde que apareció la reforma.
6 de junio
El Congreso y el Gobernador Samuel García hicieron una tregua cuando los Diputados congelaron la reforma y dieron entrada a Graciela Buchanan en el Gabinete estatal como Secretaria de las Mujeres.
A cambio, García tumbó al titular de la Unidad, Carlos Mendoza, cercano a Movimiento Ciudadano (MC), y “recicló” en el cargo a Bernardo González, que fue el primer director de la UIFE en el sexenio de Jaime Rodríguez.
15 de junio
Bernardo González rechazó la tomar titularidad de la UIFE, lo que llevó al PRI y PAN a aprobar las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia con las que le quitan la Unidad Financierta al Ejecutivo.
Tras esto, el titular de la Fiscalía General del Estado, en ese entonces Gustavo Adolfo Guerrero, sería quien en un máximo de 60 días a partir de que entre en vigor la reforma, debería designar al encargado, sin embargo, renunció a su cargo el 5 de octubre de 2022 sin llevar a cabo el proceso.
Días después, Samuel García promovió con el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) amparos para evitar la publicación de lo aprobado.
Por su parte, el Congreso interpuso dos controversias contra el TJA por impedir que el Gobernador publique las reformas aprobadas en el POE.
El 24 de julio el Tribunal Superior de Justicia les dio entrada.
Por cerca de un año múltiples amparos, presiones y controversias fueron promovidas por ambas para publicar y detener la reforma.
Se reactiva en 2023
12 de julio
La UIFE pidió a la FGR investigar al esposo de la Diputada priista Perla Villarreal, Joel Armando Caballero Hernández, y un hermano de éste, de nombre José Alejandro, por posibles actos ilícitos.
10 de septiembre
Se revelaron al menos 300 acciones de presión a legisladores, funcionarios y líderes del PRIAN, además de familiares, amigos, compadres, simples conocidos y presuntos ‘rivales políticos’, del Gobierno del Estado.
Los esfuerzos fueron desde denuncias penales, clausura de negocios, congelamiento de cuentas bancarias, requerimientos fiscales, investigaciones en materia de inteligencia financiera, imposición de multas, reducción y corte en el servicio de agua, detención de trabajadores e incluso la descarga de toneladas de basura en sus domicilios.
Las acciones fueron llevadas a través de dependencias como la UIFE, el SAT, Fuerza Civil, las Secretarías de Medio Ambiente, Trabajo y Salud, y las Direcciones de Agua y Drenaje, Protección Civil y Simeprode.
20 de septiembre
El Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León concedió una suspensión a Pedro Arce, Encargado de la Fiscalía General, tras la renuncia de Guerrero, para que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado dejara de realizar actos de investigación o molestia con base en el reglamento interior de la Tesorería.
23 de septiembre
Antes de que la Suprema Corte ordenara la publicación de la reforma legal que quita el control de la UIFE a la Tesorería estatal para incorporarla a la Fiscalía, el Gobierno estatal afirmó que envió el 21 de noviembre un “veto” firmado el día 17 por el Mandatario Samuel García.
El recurso fue entregado 17 meses después de que el Congreso aprobó la reforma legal, cuando los vetos deben hacerse en un plazo de 10 días, por lo que fue invalidada.
25 de diciembre
El Gobierno estatal creó la nueva Unidad de Prevención Estratégica Fiscal, con la que pretende detectar hechos u omisiones que puedan afectar económicamente a la Hacienda pública.
Algunas de las atribuciones con las que cuenta esta área son muy similares a las que tiene la UIFE, como imponer las multas que correspondan por infracción a las disposiciones fiscales, en los términos del Código Fiscal del Estado de Nuevo León.
Ven la salida en 2024
El 25 de enero el Gobernador Samuel García fue emplazado por la Suprema Corte a publicar en 15 días hábiles el decreto con el que el Congreso le quita a la Tesorería estatal la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica para pasarla a la Fiscalía General.
13 de febrero
Samuel García cumplió en la raya con el mandato de la Corte, pero sólo para iniciar una nueva batalla legal.
El Gobernador publicó, dos días antes de que venciera el plazo, el decreto avalado por el Congreso local, pero anunció ese día que impugnará estas reformas mediante una controversia constitucional ante la misma Corte y buscará frenar el cambio con una suspensión, lo que podría trabar de nuevo el asunto.
14 de febrero
Un día después de publicarse el decreto en el POE, la Fiscalía estatal aseguró que se puso en contacto con la dependencia para tomar el control y enviaría la notificación al Tesorero estatal.
15 de febrero
El Gobernador confirma que ya había interpuesto la controversia constitucional ante la Corte para impedir el traspaso, pero un día después afirmó que ya se había iniciado el proceso para ceder la UIFE.
25 de marzo
La Suprema Corte ordena que los asuntos concluidos de la UIFE, del 4 de octubre del 2021 al 13 de febrero del 2024, sean reservados, y solo se entregue a la Fiscalía General expedientes en trámite.
