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La candidata presidencial de Morena-PT-PVEM presentó su programa de combate a la corrupción, el cual considera ampliar los delitos y sanciones en la materia; incluir en la Constitución los derechos a una buena administración pública y a un ambiente libre de corrupción; reformar el Poder Judicial, evidenciar a proveedores del Gobierno y revisar la entrega de notarías.
El compromiso con este programa es continuar y fortalecer la lucha que en materia anticorrupción inició el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha tenido una conducta personal de honestidad, aseguró el ex Gobernador panista, Javier Corral, coordinador de la iniciativa presentada en la Ciudad de México.
“Hemos avanzado muchísimo, no somos iguales. Si no, no se hubiera podido avanzar lo que se ha podido avanzar en el Gobierno de la Transformación. Sin embargo, tenemos que avanzar (…) todavía más. La corrupción no es un asunto cultural como se decía antes. Es un asunto que se generó durante años en Gobiernos corruptos, donde hubo impunidad. Hoy tenemos un Presidente honesto, pero tenemos que avanzar todavía más en que se erradique la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre y que cualquier servidor público sea sancionado, primero por la ciudadanía, y segundo por los sistemas de justicia y los sistemas de justicia administrativa”, dijo Sheinbaum.
El programa prevé la creación de una Agencia Federal Anticorrupción, que asumiría las funciones de la actual SFP, dependería del Ejecutivo federal y contaría con funciones de investigación, persecución y sanción de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares que celebren contrataciones públicas o se les otorguen concesiones.
En materia de contrataciones, la meta es que para 2030, el 65 por ciento del monto anual contratado por el Gobierno deberé ser mediante licitación pública, y para combatir la la corrupción en obras públicas se ampliará el catálogo de materias en las que procedan las acciones colectivas al incorporar la infraestructura pública y bursátil.
También se prevé que de llegar a la Presidencia, Sheinbaum convoque a un gran acuerdo nacional y social para un buen gobierno en el que la autoridades de todos los niveles asuman compromisos sobre compras públicas y profesionalización de servidores públicos.
Para un combate efectivo a la corrupción, el plan insiste en una reforma profunda al Poder Judicial y establece la necesidad de un Consejo de Judicatura ciudadanizado, en el que no participen los ministros, para evitar conflictos de interés en las investigaciones sobre las conducta de jueces y magistrados.
Asimismo, se propone el desarrollo de un catálogo único de delitos y penas en la materia y el reconocimiento de las víctimas de la corrupción como sujetos procesales. Entre las modificaciones legales, se considera fijar criterios de priorización para la atracción de casos penales y que la Federación ejerza esa facultad en casos de trascendencia social e incluir mecanismos para la reparación del daño.
El programa sugiere implementar reglas específicas para visibilizar los delitos de corrupción cometidos por las empresas y ampliar de 3 a 7 años la prescripción para los casos de responsabilidades no graves y de 7 a 12 para los graves. Facultar la intervención de los órganos fiscalizadores sin limitaciones de tiempo y tipificar como delito la simulación en contratos públicos.
