LA RESPUESTA OFICIAL
Desde 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Servicio de Protección Federal (SPF), realizó la instalación del Servicio de Seguridad de Minas con elementos “altamente capacitados” como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno de México.
Desde entonces se anunció una primera camada de 120 elementos especializados en el sector, “uno de los más sufridos debido a que sus instalaciones están en zonas aisladas del territorio nacional, lo cual las pone en condiciones de vulnerabilidad frente a grupos criminales”, dijo en ese lanzamiento el ex Comisionado del SPF, Manuel Espino.
“El inicio del servicio de seguridad de minas tiene alcances de trascendencia tanto para la industria minera a nivel nacional, como en la vida de las comunidades aledañas a las unidades mineras, ya que representa una esperanza de tranquilidad para los empresarios y las familias de la zona.
“El sector minero ha sido fundamental en la historia de México y lo es en la actualidad; el potencial minero que tiene este país hacia adelante asegura que seguirá siendo un pilar fundamental, de ahí la importancia de darle protección a los empresarios, a los trabajadores mineros y a las instalaciones que representan una gran inversión en nuestro país”, indicó.
Para consolidar esta especialización en seguridad minera, el SPF hizo investigaciones documentales y recorridos en los principales municipios mineros del País para realizar diagnósticos y conocer sus necesidades en materia de seguridad; además, se diseñó un plan de estudios para capacitar a los elementos de élite que se encargarán de esta labor, a fin de asegurar la mayor eficiencia.
Sin embargo, la extorsión a la cadena minera continúa.
FOCOS ROJOS EN GUERRERO
Autoridades federales detectaron la operación de distintos grupos de la delincuencia organizada que asedian a varias empresas mineras del llamado “Cinturón de Oro”, en Guerrero, lo que ha llevado a casos de extorsión, secuestro y bloqueos.
“Guerreros Unidos”, “La Familia Michoacana”, “Los Tequileros”, “Los Ardillos” y “Los Tlacos” son los principales señalados por las víctimas del cobro de piso.
En sus tácticas de presión, los grupos criminales obligan a cerrar las operaciones de explotación de oro, plata y zinc, y entre más tiempo tardan en pagar las empresas, aumenta el monto de la cuota ilegal, dijeron afectados a REFORMA.
También se registra el plagio de trabajadores o directivos como medida de presión.
Se indicó que, por ejemplo, la mina de Ahumada, en la comunidad de Achotla, zona controlada por “La Familia Michoacana”, es una de las afectadas.
Reportes de “Guacamaya Leaks”, revelados en 2022, ubicaron a Jhonny (sic) Hurtado Olascoaga, “El Pez”, y a su hermano José Alfredo, “El Fresa”, líderes del grupo criminal “La Familia Michoacana” (FM), como los que comandan extorsiones a mineras desde 2015.
En los documentos de la Defensa se da cuenta de que el Gobierno federal tenía conocimiento que en 2018 la empresa minera de Canadá, Telson Mining, pagó “derecho de piso” a la FM. El encargado del pago de parte de la minera era su Jefe de Seguridad, identificado como “hijo de un militar retirado”.
Otros reportes ministeriales indican que la FM obtiene uranio de la mina de Campo Morado y lo transporta al puerto de Lázaro Cárdenas para embarcarlo en navíos chinos.
La mina de Campo Morado anunció su cierre en 2017, agobiada por las extorsiones, aunque después reanudó operaciones.
Actualmente la maneja Altley Minning. Informes de seguridad confirmaron que esta empresa asentada en Arcelia, Guerrero, todavía paga “derecho de piso”.
En el caso de Sinaloa, empresarios mineros han sostenido que el Cártel de Sinaloa (CDS) realiza la extracción ilegal de oro en el Municipio costero de San Ignacio, donde los narcotraficantes operan en complicidad con autoridades locales.
Varios empresarios locales han sido desplazados de la actividad ante el cobro de derecho de piso y las amenazas por parte de integrantes del crimen organizado.
En las playas de El Patole, integrantes del Cártel de Sinaloa hacen hoyos, apilan arena y combinan agua de mar con químicos para extraer oro de forma ilegal.
Esa extracción se hace alrededor de la desembocadura del río Piaxtla, el único de los 11 afluentes de Sinaloa que no cuenta con presas, pero sí con una alta concentración de empresas mineras sobre las zonas altas del Municipio de San Ignacio, según la denuncia.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, los cuales fueron hackeados por el colectivo Guacamaya, se señala al ex edil Iván Ernesto Báez Martínez por tener arreglos con un presunto líder del Cártel de Sinaloa en esa región en el sur del estado.
Sobre la playa hay motores que sirven como aspiradoras de agua que toman del mar. Esa agua es vaciada en las fosas por hombres que excavan para buscar el oro. El mineral que se extrae de ahí son residuos que han viajado kilómetros por años por la gran actividad minera en la sierra.
DESAPARECEN A ACTIVISTAS
La mano del crimen también la resienten los activistas que se han manifestado contra la operación de las minas.
Este mes se cumplieron dos años de la desaparición forzada de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia.
El 15 de enero de 2023 se perdió el rastro de estos activistas, que lograron ganar juicios que les permitirían defender a la comunidad indígena local y establecer la agenda para el desarrollo minero de Ternium en la mina Aquila en Michoacán.
Desde entonces, no se sabe nada de ellos y sus familiares continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.
Ricardo, abogado de derechos humanos, y Antonio, líder indígena, participaron en una asamblea municipal sobre la explotación minera de la empresa Ternium y tras esa reunión se enfilaron hacia Tecomán, Colima, donde presuntamente desaparecieron.
La empresa Ternium opera el complejo minero Los Encinos en San Miguel Aquila.
Ricardo y Antonio trabajaron para conseguir que la comunidad indígena tuviera una representación legítima.
Los activistas se oponían al crecimiento sin control de la Mina Ternium en Aquila.
Ternium dio a conocer que colabora activamente con las autoridades “en todo lo que está a su alcance” para contribuir en este caso y ayudar a las autoridades locales, estatales y federales en relación con la desaparición.
“Tenemos una buena relación de colaboración con la Comunidad y, en particular, con Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Gasca. Nuestra subsidiaria Las Encinas, S.A. de C.V. ha celebrado acuerdos con la Comunidad, bajo la supervisión de las autoridades mexicanas, que facilitan una operación fluida de nuestras actividades en la región y que benefician a ambas partes”, señaló la empresa tras los hechos.
Hemos rechazado y negado públicamente cualquier especulación de que Ternium y/o Las Encinas tuvieran algún involucramiento o conexión con la desaparición de los Sres. Díaz Valencia y Lagunes Gasca, o de que Ternium y/o Las Encinas toleraran cualquier tipo de comportamiento en contra de la ley, o de que los Sres. Díaz Valencia y Lagunes Gasca tuvieran conflictos con las compañías”, enfatizó.
Aquila se ubica en la sierra michoacana, entre los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima, donde se ubica uno de los principales yacimientos de hierro y la operación delictiva del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Caballeros Templarios, Familia Michoacana, Los Viagras y el Cártel de Tepalcatepec, entre otras células delictivas que se fomentaron con la creación de las autodefensas en la zona.
El crimen comenzó a hacer sombra en la mina desde 2011, luego de que pobladores exigieron a la empresa un “pago” justo, por la explotación de la mina.
Entonces se formó un padrón de unos 460 pobladores, a quienes se les pagó cada mes casi 4 dólares por cada tonelada extraída.
En 2019 algunos pobladores (al parecer presionados por la delincuencia) impusieron a los integrantes del comisariado, representación que deben tener las comunidades agrarias, tema que Díaz y Lagunes llevaron a los tribunales.
Tras cuatro años de litigio, los activistas ganaron los juicios, lo que abrió la puerta a la elección transparente del comisariado, pero ambos desaparecieron.
A dos años de la desaparición, las investigaciones no han arrojado resultados.
Los familiares urgieron nombrar un Fiscal Especial y conformar un equipo de búsqueda humanitario para el caso, con los recursos y la experiencia necesarios para llevar a cabo una revisión exhaustiva, independiente e imparcial, además de elaborar un plan estratégico para la búsqueda.
CRIMEN COBRA POR
TERCERAS PERSONAS
El crimen organizado sofisticó su método para extorsionar a las empresas mineras, advierten agentes de seguridad privada.
“Esta gente (criminales) lo hace a través de contratistas, buscan que ellos mismos sean proveedores, o sea, por ejemplo, por medio del acarreo de tepetate o tierra, como le llaman, o acarreo de pipas de agua, ellos tratan de meter una empresa para que ellos, a través de estas, hagan un tipo de empresa fachada y hagan esa simulación para cobrar la extorsión”, dice un directivo de seguridad privada que conoce del tema.
“Ellos manejan muy bien el tema del lavado de dinero, por así también comentarlo, pero sí, no lo hacen como uno pensaría, que directamente están cobrando una cantidad, no, lo hacen a través de terceros y/o utilizan algún medio de su propia creación, generan empresas fantasmas, para poder, en un momento dado, cobrar una facturación, incluso por medio de una licitación, etcétera”, narra el experto en seguridad minera.
Señala que no todas las empresas mineras cuentan con el Servicio de Protección Federal (SPF), por el alto costo que representa, por lo que la mayoría de mineras son vulnerables a la penetración del crimen organizado.
“Me tocó en su momento tenerlos allá en Peñoles, en Sonora, y bueno, se trabajó con ellos. El asedio criminal sigue siendo un factor importante a nivel nacional, hubo un último evento a gran escala que pasó en Peñasquito, en octubre del año pasado, en Zacatecas, con el robo de seis tráilers cargados de mineral, de oro”, recuerda.
“Es la manera en que esta gente responde si no se paga la cuota”, añade.
El especialista indica que los protocolos de seguridad de las empresas mineras deben ceñirse a la colaboración con las autoridades.
Sin embargo, lamenta que esa seguridad no es permanente y los vacíos son aprovechados por el crimen organizado.
“Sobre todo se está trabajando con las autoridades a nivel federal y estatal, eso es una parte fundamental, el relacionamiento con las autoridades brinda mucha vigilancia, muchas visitas, que eso mismo disuade mucho a esta gente (criminales), sin embargo, no es tan constante o no es fijo, y eso, pues, también ellos (los delincuentes) lo aprovechan en cuanto ya no están por acá”, lamenta.
“Pero básicamente era por ahí. Sí funciona mucho el relacionamiento, la verdad es que la autoridad sí brinda el apoyo, pero tiene tantos problemas en tantas zonas del país, y no alcanza a abarcar todo”, añadió.