Proponen elevar penas por robo y vandalismo a escuelas
Con la finalidad de inhibir el robo y los actos de vandalismo que causan la destrucción de planteles educativos, los Diputados locales del PAN, José Luis Santos y Cecilia Robledo, presentaron hoy una iniciativa de reforma al Código Penal para establecer esos delitos como graves y sancionar con cárcel de 2 a 9 años a quienes incurran en ese delito.
Al presentar la iniciativa ante el Pleno, Santos dijo que en los últimos años muchas escuelas en Nuevo León han sido víctimas de robos y actos vandálicos que afectan directamente la calidad de la educación.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado, añadió, los robos a instituciones educativas van en aumento en los últimos años, registrando 670 casos desde el 2022 hasta enero del 2025 y algunos de ellos son con violencia.
“Nuestra propuesta va encaminada a reformar el artículo 16 Bis del Código Penal del Estado para clasificar los robos a instituciones educativas como un delito grave y una adición de una fracción al artículo 374, a fin de establecer una agravante para aquellos casos en donde se realice un robo a instituciones educativas, ya sean públicas o privadas”, expresó.
En la reforma al artículo 374 del Código Penal se plantea que, cuando el robo se cometa contra una escuela pública o privada, la sanción prevista para ese delito se incrementará.
“Además de la pena que le corresponda por el robo, se establece en la reforma propuesta que se aplicarán al delincuente de 2 a 6 años de prisión y multa de 200 a mil cuotas… cuando el robo se cometa en una institución educativa de cualquier nivel, sea pública o privada, en cualquiera de sus áreas interiores o exteriores dentro del límite de la propiedad, comprendiéndose tanto a aquellos que estén dijo en la tierra, como a los movibles, sea cual fuera la materia de que estén construidos.
“La pena se aumentará hasta en la mitad cuando la conducta descrita en el párrafo anterior implique la destrucción o vandalización de las instalaciones educativas”.
Plantean permisos por feminicidios
Una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo a fin de que los patrones y empleadores otorguen permisos de tres días laborales con goce de sueldo a trabajadores que sean víctimas indirectas de feminicidios, presentó ayer María Guadalupe Rodríguez.
La coordinadora de la fracción del PT que ese permiso será para efecto de que realicen los servicios, trámites, denuncias y gestiones necesarias ante las autoridades de investigación y administrativas.
Para solicitar el permiso laboral, detalló, las y los trabajadores deberán dar aviso al patrón al día siguiente del hecho y presentar la documentación oficial que ampare dicha situación.
Rodríguez agregó que la Ley General Víctimas reconoce como víctimas indirectas a familiares o personas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.
“Queremos que las víctimas indirectas no tengan que preocuparse por perder el empleo o porque les reduzcan el sueldo”, expresó.
En 2024, añadió, en Nuevo León se acreditaron 59 feminicidios.
La propuesta de reforma de la petista plantea la adición de la fracción 34 al artículo 132 y de la fracción 5 Bis al artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo.
“Son obligaciones de las personas empleadoras… otorgar permiso de tres días laborales con goce de sueldo a trabajadores y trabajadoras víctimas indirectas de feminicidio, para que realicen los trámites o gestiones ante las autoridades correspondientes.
Entendiéndose por víctimas indirectas las comprendidas en el Artículo 4 la Ley General de Víctimas”, se establece en la adición al 132.
La iniciativa de Rodríguez —que se turnó a la Comisión de Legislación— fue suscrita por las Diputadas Sandra Pámanes, de Movimiento Ciudadano, y Greta Parra, de Morena.
Piden garantizar la seguridad en marchas del 8M
Para garantizar la no repetición de hechos violatorios de derechos humanos durante las marchas por el Día Internacional de la Mujer. el Congreso local exhortó ayer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Escamilla, a acatar las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Al plantear el exhorto, Cecilia Robledo, Diputada local del PAN, dijo que en años anteriores, en esas marchas las manifestantes han sido lastimadas por elementos de seguridad y que no puede repetirse.
“Las marchas del 8 de Marzo de 2022, 2023 y 2024 nos dejaron claro que quienes deberían cuidarnos muchas veces son quienes más nos lastiman”, expresó.
“Mujeres de todas las edades, niñas, adolescentes, madres y hasta personas con discapacidad fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de seguridad y también se dieron detenciones arbitrarias y agresiones que quedaron documentadas y lo más indignante, la impunidad. Es por eso que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 01/2025, dejando claro que estos abusos no pueden repetirse.
“En esta recomendación se pide que los policías estén plenamente identificados, que se prohíba el uso excesivo de la fuerza y que se garantice que todas las mujeres puedan protestar sin miedo; también exige capacitación en derechos humanos y perspectiva de género para evitar que la violencia se siga normalizando”.
Agregó que las mujeres tienen el derecho a manifestarse sin que ello las ponga en riesgo de ser golpeadas, detenidas o atacadas.
“Queremos que marchar no signifique un riesgo a regresar a casa golpeadas”, añadió, “… queremos que las autoridades escuchen a las mujeres y no que las silencien con violencia.
“Es por ello que proponemos un acuerdo en el que se exhorta al titular de Seguridad Pública del Estado a aceptar la recomendación 01/2025 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el objetivo de que no se repitan hechos violatorios de derechos humanos durante las marchas por el Día Internacional de la Mujer”.
A favor de la propuesta se manifestó Greta Barra, de Morena, pues dijo que marchar es un derecho y al Estado le toca garantizar la libre manifestación y condiciones para que ello se dé sin represión alguna.
Sandra Pámanes, Diputada local de Movimiento Ciudadano, pidió que no se usara la marcha del 8M con sesgo político.