Con los cambios al sistema de transparencia, ¿qué es lo que se pierde, qué es lo que se gana?

Yo creo que se pierde más de lo que se gana, es una posición muy clara y basada en evidencia de varias organizaciones, incluido Artículo 19. Uno de los puntos medulares de la reforma del 2014 era la independencia y la autonomía del INAI, ahora, pues prácticamente lo que se está haciendo no solamente es restar la independencia a los organismos, en plural, que van a revisar la gestión de la información dentro de los diferentes poderes públicos, sino que los está supeditando a la dinámica política del momento.

Nos atrevemos a decir esto porque la única oportunidad que hemos tenido para dialogar de esto con el Gobierno mexicano fue la semana pasada en el marco de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Y la verdad es que no presentaron razones de peso para esta reforma. Incluso fueron ampliamente cuestionados por las y los integrantes de la Comisión Interamericana sobre cómo México hace unos años se presentaba como el modelo para América Latina en materia de transparencia, precisamente apuntando a la autonomía de un órgano independiente, imparcial, especializado y técnico, y que de buenas a primeras cambió totalmente el rumbo de este modelo. Entonces, evidentemente esto es lo que se pierde en principio.

¿Qué más se pierde?

Hay una enorme fragmentación ante la posibilidad de que los órganos internos de control, en el caso del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, sean los que revisen las solicitudes de información o las impugnaciones sobre las solicitudes de información, convirtiendo a los propios sujetos obligados en juez y parte.

Lo que teníamos con el INAI es que nos evitábamos un acto o un proceso engorroso y burocrático de tener que recurrir por la vía administrativa ante la misma institución o sujeto obligado. Lo hacíamos ante un organismo independiente, pero además ese organismo, sus resoluciones eran inatacables para los sujetos obligados. Para nosotros, los ciudadanos, todavía quedaba la opción del amparo.

Bueno, eso evidentemente es un retroceso, porque además el recurso de revisión o el recurso de inconformidad eran muy asequibles y además había suplencia de la queja y reitero, perdón que lo repita, pero también había garantías de independencia con un órgano como el INAI.

Pero ahora, en la audiencia de la Comisión, el Estado mexicano hablaba de que incluso si no estábamos satisfechos con las resoluciones de cada uno de los órganos revisores dentro de cada sujeto obligado, podíamos ir al amparo. Pero, precisamente, lo que se quiere evitar son los tecnicismos, la complejidad que implica un juicio como el de amparo, que además requiere el expertise de un abogado o abogada.

Es decir, no es un recurso asequible para la mayoría de la ciudadanía, lo que en los hechos vuelve nugatorio el derecho de acceso a la información.

Y otro elemento a contrastar es que la Plataforma Nacional de Transparencia va a quedar en manos de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, pero ¿a cuenta de qué? Es la pregunta. ¿Si es una Secretaría de Estado dentro del Ejecutivo federal, por qué va a administrar los datos, los archivos del resto de los sujetos obligados a nivel estatal, municipal, pero también otros poderes públicos en principio independientes a nivel federal?

Y lo último, que no por ser lo último es menos importante, es la ampliación de las causales de reserva. Y no solo el tema de la ampliación en número, sino de cómo se abre tanto con conceptos como daño al interés del Estado, daño a proyectos estratégicos, a infraestructura y plataformas digitales del Estado. Lo cual prácticamente convierte, con esa amplitud, el derecho a la información lo convierte en una excepción, cuando debería de ser la regla.

¿Quién va a determinar qué es un daño al interés del Estado? El propio Ejecutivo federal. Entonces, lo que denota este camino que empezó desde la dinamitación en el funcionamiento del INAI, la omisión de designar a los tres comisionados vacantes desde el 2022, con los ataques desde la mañanera con Andrés Manuel López Obrador, y ahora con la reforma constitucional y la reforma de las leyes secundarias, es que el Ejecutivo federal busca concentrar el control de la información con miras a tener mayor opacidad en la gestión del gobierno.

¿Cómo ves al Instituto de Transparencia para el Pueblo?

Tampoco es un órgano necesariamente especializado, como se sabe, la propia Constitución establece que las Secretarías de Estado están supeditadas a la única persona que es la verdadera titular del Ejecutivo, que en este caso es la Presidenta.

Entonces, la duda que nos queda es ¿qué va a pasar cuando lleguen temas sobre solicitudes de información sobre la gestión de las Fuerzas Armadas en alguna de las 227 tareas originalmente asignadas a organismos civiles que ahora desempeñan las instituciones castrenses? ¿O qué va a pasar cuando sean temas que incumban a la propia Presidencia de la República? Entonces, evidentemente, desde ahí hay una condicionante.

Y peor aún, la antecesora de la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno, la Función Pública, fue uno de los organismos más opacos desde el Gobierno de AMLO.

Entonces, evidentemente, todas estas reformas y toda argumentación o intento de argumentación desde el Poder Ejecutivo en donde dicen que va a haber mayor transparencia es mera retórica, es contrafactual, la evidencia arroja que va hacia el otro lado el modelo de presunta transparencia que nos quieren vender.

Es decir, vamos a transitar a un modelo más opaco, más engorroso, porque si pides información de sindicatos, tienes que ir a las juntas de conciliación a recurrir. Si pides del Poder Ejecutivo, a su Órgano Interno de Control. A la FGR, igual. A la CNDH, igual. Entonces, en fin, todo va a ser mucho más complejo para la ciudadanía.

Evidentemente, esto es un retroceso muy grave. Lo seguiremos sosteniendo hasta que nos demuestren lo contrario. Porque al final, la idea de hace 10, 11 años con la reforma de transparencia era justo sacar de la órbita de los poderes públicos y de los poderes fácticos el control de la información.

Que era lo que garantizaba la independencia

Así es. Ahora, tenemos que hablar del INAI. Si hubo corrupción, si hubo malos manejos, pues que se investiguen y se sancionen. Pero imagínense que bajo la lógica que están operando con el INAI o el Poder Judicial también, que si no funciona lo desaparecemos o lo volteamos de cabeza. ¿Desde hace cuándo tuvo que haber desaparecido el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo? Entonces, no es la lógica.

El combate a la corrupción no se da a machetazo limpio. Se da con investigaciones serias, exhaustivas y que rinda cuentas quien lo tenga que rendir. No estamos peleados con eso ni estamos casados con que sean estos comisionados del INAI los que tengan que mantenerse ahí.

En este momento, ya es una batalla perdida, ya vamos hacia este modelo de supuesta transparencia, pero ahora lo que toca es observar: uno, cómo se terminan de aprobar estas leyes secundarias que son sumamente regresivas y, dos, su implementación.

Y aquí hay otro elemento que señaló la Comisión Interamericana y es que todo esto se hizo sin el más mínimo diálogo con especialistas y sociedad civil y usuarios de los servicios de acceso a la información pública. Esto lo hicieron sobre las rodillas y esto lo hicieron completamente herméticos, cerrados a cualquier crítica y al diálogo público que es necesario en un derecho que es base para la democracia.