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De los 29 presuntos narcotraficantes entregados el pasado 27 de febrero a Estados Unidos, cuando menos 21 fueron trasladados ilegalmente, ya que tenían procesos de extradición, amparos y suspensiones que impedían su expulsión y destierro del País.

Una consulta con autoridades judiciales y una revisión de listas de acuerdos de tribunales federales, llevada a cabo por REFORMA, arroja que sólo cinco de los sujetos requeridos habían perdido en última instancia sus procesos de extradición y ya no tenían recursos jurídicos que evitaran la entrega.

Además, otro de los presuntos criminales se allanó a la extradición, es decir, renunció a litigar contra su entrega y pidió ser llevado a la Unión Americana, aunque eso no ocurrió sino cuatro años después de que lo solicitara.

Es decir, sólo seis estaban en posibilidad de ser entregados.

En la revisión de los casos, se encontraron datos de la situación jurídica de 27 extraditables, mientras que de los dos restantes no se localizó información actualizada.

Los procesos de extradición tienen tres momentos: el primero es el procedimiento ante un juez de distrito, que culmina cuando éste emite una opinión jurídica a favor o en contra de la entrega del sujeto requerido.

En segundo término, el expediente pasa a la jurisdicción de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que emita la resolución del Ejecutivo federal, respecto a si concede o niega la extradición.

La tercera etapa corresponde al Poder Judicial de la Federación e inicia cuando la Cancillería concede la entrega y el extraditable presenta su amparo, el cual puede litigar en cuando menos dos instancias. La sentencia final es la que define la suerte del individuo requerido.

De los 21 supuestos traficantes que no podían ser extraditados, 10 estaban en la etapa inicial de su proceso de extradición, dos tenían la opinión jurídica dictada a favor de su entrega y nueve litigaban amparos contra la orden de extradición de la SRE.

Todos ellos, por sus procesos o recursos en trámite, tenían su libertad bajo disposición de distintos órganos jurisdiccionales.

En la lista, el caso más flagrante de violación a todas las normas es el de José Ángel Canobbio Inzunza, “El Güerito” o “El 90″, señalado como jefe de Los Chimales, uno de los brazos armados de Los Chapitos.

Canobbio fue entregado a Estados Unidos apenas ocho días después de haber sido detenido en Culiacán, y no hay registro judicial disponible que permita suponer que fue puesto a disposición de la autoridad judicial para el procedimiento de extradición.

Su destierro, de hecho, ocurrió el día en que tenía programada la audiencia en la que un juez de control iba a determinar si lo vinculaba a proceso por portación de armas, posesión de cartuchos y delitos contra la salud, cometidos en México.

Ese jueves 27 de febrero las autoridades del Penal del Altiplano ya no presentaron a “El Güerito” a la diligencia y lo enviaron a la Unión Americana, sin haber sido procesado por los tres ilícitos ni sometido a un procedimiento de extradición.

Los traficantes que desde hace años perdieron sus juicios de extradición en forma definitiva, permanecieron en la cárcel porque en algunos casos estaban sujetos a proceso por delitos cometidos en México y sus extradiciones fueron concedidas en forma diferida, es decir, hasta que concluyeran esos juicios o sus penas.

Por ello, varios de los desterrados dejaron procesos pendientes en la justicia mexicana.

En el pasado reciente, algunos presuntos delincuentes que perdieron la batalla legal lograron retrasar sus extradiciones con nuevos amparos que únicamente suspendían en forma temporal la excarcelación y el traslado a Estados Unidos.

Al final, de todas las formas terminaron en una cárcel de la Unión Americana.