Inviable, doble elección en 2027
En la elección del 1 de junio de este año, un ciudadano votó por 39 cargos del Poder Judicial federal, de una lista de hasta 192 candidatos. Aunado a esto, fueron elegidos de 14 a 72 jueces locales, que aparecieron en boletas con 100 y hasta 504 aspirantes.
La complejidad del proceso provocó que sólo un 13 por ciento de electores, de casi 100 millones, acudiera a las urnas. El porcentaje más bajo en un proceso electivo en la historia democrática de México.
Por ello, los expertos y consejeros coinciden en que reducir el número de candidatos en las boletas es determinante e impacta en toda la organización del proceso.
El exceso de aspirantes también provocó la coacción del voto a través de acordeones, afirman.
“Si esta elección fue tan complicada para los votantes y para los funcionarios de casilla, es totalmente inviable que se hagan simultáneamente con las elecciones de partidos del 2027.
“Debe cambiarse la fecha o elegir a los 850 juzgadores que faltan de manera escalonada, quizás en tres tandas, porque son demasiados cargos por elegir”, afirma el consejero del INE, Jaime Rivera.
Asegura que se tiene que permitir que los partidos vigilen el proceso del Poder Judicial, pues mantener la prohibición como está ahora implicaría instalar en el 2027 el doble de casillas: las de la elección judicial por un lado y las de la renovación de la Cámara de Diputados en otro lugar, multiplicando el presupuesto y el personal.
Al disminuir el número de candidatos, detalla, las boletas también serían más sencillas para el ciudadano y el conteo podría realizarse en las casillas, no en las juntas distritales por personal del INE y no tardaría una semana, como sucedió en esta elección.
Además, indica, las boletas podrían “cancelarse”, como sucede en toda jornada electoral, pero en esta ocasión no sucedió porque eran miles, y al no haber vigilancia de partidos o candidatos, provocó que funcionarios “rellenaran” urnas con boletas sobrantes.
“Las boletas más simples hacen posible que el elector vote con más libertad. Hace viable que los funcionarios de las mesas directivas de casilla sean los que cuenten los votos, y si hubiera vigilancia de los partidos en las casillas, la votación y el cómputo de votos sería más limpio, estaría más vigilado”, afirma en referencia a las mil 300 casillas con irregularidades que registraron trampas cuando en otros procesos no existieron, tal es el caso de las boletas “planchadas”.
Para Arturo Espinosa, director del Laboratorio Electoral, un proceso electoral no puede ser democrático con tal exceso de candidaturas.
“Hay que acabar con la concurrencia. No podemos tener esta masificación de las elecciones en un solo día. Para el sistema electoral, para las autoridades electorales y para el elector es una auténtica locura, la verdad”, advierte.
En tanto, el ex presidente del INE Luis Carlos Ugalde considera que la elección judicial demostró que, frente a un elevado número de candidatos, el ciudadano no puede elegir de manera informada, pues es imposible conocer a tantos aspirantes de su distrito electoral.
“En una elección normal eliges a 6 personas, ahora fueron 50. Se requiere dispersar los cargos a lo largo del tiempo o disminuir el número. No hay manera que salga bien. Ese es el problema más importante y estructural”, apunta.
Los tres entrevistados coinciden en que difícilmente Morena aceptaría suspender la elección de magistrados y jueces de distrito, que son los dos cargos que más problemas generaron, pues de las 881 posiciones, 850 competían por tribunales de circuito y juzgados.
Por ello, advierten, la opción es elegirlos escalonadamente.
Ajustar el mapa electoral
Consecuencia del elevado número de candidatos, el problema también fue cómo se dividió el País en distritos, y qué especialidades debían votarse en cada uno de ellos.
Además se cuestionó por qué algunos aspirantes no tenían competencia, pues antes de la elección ya tenían el triunfo en el bolsillo.
Por ello, los tres especialistas electorales coinciden en que al decidir que el Poder Judicial se elegirá por voto ciudadano, su distribución debe cambiar para acoplarse al mapa electoral.
En ese reajuste, afirman, debe existir alguna vinculación entre los ciudadanos y los jueces.
Por ejemplo, expone Ugalde, en Iztapalapa se eligieron los jueces encargados de competencia económica y telecomunicaciones, que involucran a consorcios o empresarios millonarios, por lo que un ciudadano de esa Alcaldía difícilmente tendrá que ver con esos rubros.
“¿De qué sirve que tú recibas 100 fichas para votar si las personas por las que votas no tienen ninguna vinculación contigo? Entonces el gran problema de esta reforma es que tú estás eligiendo personas que no sabes quiénes son, que no sabes qué funciones van a desempeñar y además a las que no vas a volver a ver en toda tu vida”, indica.
Por su parte, Rivera asegura que hay jueces especializados que tienen jurisdicción nacional, pero sólo se les elige en la Ciudad de México, por lo que su selección quizás debería ser nacional.
“Esto rompe el principio que supuestamente persigue esta reforma: que los justiciables o potenciales usuarios de la justicia puedan votar por sus potenciales juzgadores. El INE tuvo que hacer ese mapa porque de lo contrario 300 jueces tenían que votarse a nivel nacional y era inmanejable”, detalla.
A mejorar los filtros de candidatos
Para los expertos, los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, encargados de garantizar que los candidatos cumplieran los requisitos legales, hicieron un “pésimo” trabajo, y muestra de ello son los problemas que tuvo el INE para calificar la elegibilidad de los ganadores. Tema que mantiene dividido al Tribunal Electoral.
Para empezar, recalca Espinosa, esos órganos deben estar integrados realmente por personas sin ninguna afinidad partidista o de gobierno. Aunado a que en la ley deben detallarse los requisitos sin dar pie a alguna interpretación.
“El proceso de evaluación es la clave de esta elección. ¿Por qué? Porque es de ahí donde pueden salir mejores perfiles. Tenemos que tener reglas más claras y los requisitos deben ser uniformes entre los tres comités. Además debe existir un periodo para que las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía puedan presentar objeciones a ciertos perfiles considerados como ‘impresentables’”, dice.
Ugalde considera que si los comités hubieran hecho un buen trabajo, al elegir perfiles independientes y con el mínimo conocimiento y experiencia, la elección no sería tan cuestionada.
“Es importante establecer criterios de mayor calidad, pulcritud y transparencia para que las personas candidatas tengan un mínimo de conocimiento, de experiencia, para poder ejercer los cargos judiciales con profesionalismo e independencia. Eso significaría que ya no importa quién gane, porque todos los candidatos son buenos”, indica.
El consejero Rivera opina que una vez que los comités seleccionan a los candidatos, el INE es el que debería aglutinar la información, verificar si es verdad que cumplen con los requisitos y armar sus expedientes, trabajo asignado al Senado, pero que tampoco lo hizo correctamente.
“Los integrantes de los comités deben ser de asociaciones o colegios de abogados. Y el registro de candidatos debe estar a cargo del INE, no del Senado, porque el INE cuenta con la experiencia en registro de candidatos y además garantiza la imparcialidad en la revisión de los requisitos exigidos por la ley. El Senado no lo hizo bien”, agrega el consejero.
Simulación y campañas inequitativas
En la elección judicial, otro tema polémico fue el financiamiento de las campañas de los candidatos. La legislación aprobada por Morena prohibió a los aspirantes recibir recursos públicos y privados, por lo que únicamente podían invertir dinero propio.
Tanto expertos como el consejero advierten que esto llevó a la simulación por parte de algunos contendientes y campañas inequitativas.
Además, debido a que el INE revisó el gasto que hicieron casi 8 mil candidatos, el análisis no fue exhaustivo, por lo que pudieron haber recibido recursos ilegales y la autoridad no lo detectó.
En 2027, ese problema será mayúsculo, pues el Instituto deberá revisar los informes financieros de miles de candidatos federales y locales, tanto de campaña como de precampaña.
“Deben tener acceso al financiamiento público y eventualmente a radio y televisión. El no darles financiamiento público deja en desventaja a quienes no tienen mucho dinero, e invita a la simulación y ocultamiento, y es más difícil seguirle el rastro a los recursos de origen desconocido.
“Tener un tope de financiamiento público y privado garantiza mayor control de los gastos, cierras la puerta al dinero ilegal”, afirma Jaime Rivera.
Arturo Espinosa critica que a los candidatos se les impusieran las mismas condiciones que a contendientes independientes, pero a la hora de fiscalizarlos el trato fue como partidos, lo que resulta excesivo.
Ugalde considera que si el objetivo es que el pueblo elija, entonces los candidatos deben tener los recursos necesarios para darse a conocer en todo el País. Así que los recursos que necesitan no son el millón y medio que el INE impuso de tope, sino mínimo 30 o 40 millones de pesos.
“Si genuinamente quieres darte a conocer con el pueblo, el tema es quién paga, porque si tú dices que todo tiene que ser pagado con personales, pues entonces solamente los fondos ultra ricos pueden hacer campaña. Este es un problema de difícil solución, porque esto justo lo que refleja es la incongruencia y la demagogia de la elección judicial”, opina, al señalar que por eso los candidatos están atados al poder.
Prohibición total de acordeones
El gran escándalo de la elección judicial fueron los llamados acordeones, en los que los morenistas y gobiernos posicionaron a la mayoría de quienes ganaron un cargo en el Poder Judicial.
Incluso, la Sala Superior del Tribunal Electoral debe resolver todavía 140 impugnaciones relacionadas con esas guías de votación.
Para los expertos, es necesario establecer su prohibición literal en la legislación, establecer sanciones ejemplares para que realmente inhiban su uso y deben vincular a los candidatos, a fin de que actúen frente a esa promoción ilegal, no con un simple deslinde.
Sin embargo, demandaron, también deberán ampliar el tipo de propaganda, pues fue muy restrictiva.
Para los tres entrevistados los acordeones también son consecuencia del número excesivo de candidatos, por lo que al prohibirlos y bajar la cantidad de cargos, podría frenar su difusión.
“El uso de acordeones lo desincentivas con un modelo de elección más fácil, donde no haya concurrencia y con menos candidatos. Se necesitan modelos (de fiscalización) para detectar quién tiene la capacidad para coaccionar de manera masiva el voto”, señala Espinosa.
Mientras que Ugalde advierte que la mayoría de candidatos, pese a que lo negaron, sí “cabildearon” con gobiernos, morenistas u organizaciones de la 4T para aparecer en dichos acordeones, por lo que también son responsables.
“Vale la pena poner de manera clara en la ley que habría una sanción ejemplar, inmediata y total a la emisión de acordeones y que también se castigue a los beneficiarios. Es decir, si aparece en un acordeón, claramente tiene que haber una sanción más efectiva para que tú disuadas”, agrega.
Rivera detecta que si existieran representaciones de partidos en las casillas, los que son opositores denunciarían e inhibirían el uso de esta publicidad en las urnas.
Añade que debe “ampliarse o flexibilizarse” la propaganda porque actualmente es muy restrictiva, solo se permitió repartir volantes y promoverse en redes sociales propias. Por ello, plantea, debe permitirse pagar propaganda en redes sociales e internet, pago que puede fiscalizarse.
En la última sesión del INE sobre el proceso judicial, los consejeros exigieron al Congreso prohibir los acordeones.
Para los especialistas tampoco quedó claro cómo garantizar la paridad, pues el INE entendió una cosa y el Tribunal otra.
También debe resolverse qué sucede si las plazas quedan vacantes por alguna razón, si puede quedarse quién ganó el segundo lugar o se llama a una elección extraordinaria.
Se debe reflexionar sobre la participación de los partidos, gobiernos y funcionarios en la difusión del proceso, así como detallar los límites de organizaciones e iglesias.
Para Laboratorio Electoral es necesario reforzar la neutralidad de servidores públicos, por lo que el Tribunal debe reestablecer, vía jurisprudencia, una interpretación estricta de la prohibición de intervención de personas.
Mucho que corregir
Rumbo a la elección de 2027 y en medio del anuncio de una reforma electoral, algunas sugerencias y dudas de los expertos:
- Reducir número de candidatos a elegir.
- Evitar la concurrencia con elecciones de partidos políticos.
- Elegir a los jueces de manera escalonada.
- Cambiar la geografía judicial para que sea compatible con el mapa electoral.
- Lograr la vinculación de juzgadores con ciudadanos.
- Reflexionar si debe desaparecer la elección de Magistrados de circuito y jueces de distrito, y sean electos con otro mecanismo que garantice el mínimo conocimiento.
- Sólo elegir por voto a integrantes de la SCJN, TDJ, Sala Superior y salas regionales del TEPJF.
- Sanciones ejemplares para quien distribuya y produzca acordeones, así como para los candidatos que ahí aparezcan.
- Poder Judicial deberá cambiar su distribución para tener alguna conexión con el electorado y sea compatible con el mapa electoral del INE.
- Boletas mucho más sencillas.
- Tener menos candidatos para que cómputos se realicen el mismo día por funcionarios de casilla.
- Valorar el papel del PREP y conteos rápidos.
- ¿Qué sucede si se registran empates?
- ¿Quién llama a una elección extraordinaria, el INE o el órgano de administración del PJ?
- Cancelar o anular las boletas en las casillas para que no sean mal utilizadas. Esto solo si hay pocos candidatos.
- Permitir a los partidos participar, no hacerlo implica instalar casillas para la elección judicial y casillas para la elección de partidos, en lugares diferentes, provocando doble gasto.
- Integrar Comités de Vigilancia con perfiles totalmente independientes de partidos y gobiernos.
- Crear un Código Electoral exclusivo para la elección judicial.
- Convocatorias más claras en los requisitos.
- Garantizar que los candidatos tengan acceso a la información de acuerdos para que puedan impugnar en tiempo.
- Ampliar la lista de personas que pueden impugnar candidaturas indeseables.
- Detallar si el INE puedo revisar la elegibilidad de los ganadores antes de entregar constancias de mayoría.
- Criterios para definir de manera exhaustiva y objetiva las causas de inelegibilidad, especialmente el requisito de “gozar de buena reputación”.
- El INE debería hacerse cargo del registro de los candidatos una vez que fueron seleccionados por los comités, para garantizar requisitos y expedientes.
- Ampliar o flexibilizar la propaganda de difusión, permitir que paguen redes sociales y páginas de internet.
- Cambiar el formato de encuentros ciudadanos, que se permitan mítines.
- Analizar si deben entregarles financiamiento público o permitirles financiamiento privado, lo que podría facilitar conocer el origen y destino del dinero.
- Garantizar que las reglas se conozcan al menos 90 días antes de arrancar el proceso electoral.
- Garantizar el voto en el exterior y en prisión preventiva.
- Analizar si la elección de jueces podría realizarse por internet.
- Establecer causales y procedimientos para solicitar recuentos totales o parciales de votos.
- Establecer mecanismos de fiscalización más robustos y ágiles para el entorno digital
- Obligar al INE, vía reglamento, a todos los proyectos de acuerdo con un mínimo de 72 horas de antelación a su discusión y asegurar su publicación inmediata en el Diario Oficial de la Federación tras su aprobación.
- Reforzar la neutralidad de servidores públicos.
- Mejorar un protocolo de cadena de custodia robusta para evitar el relleno de urnas como en la pasada elección.
- Mejorar la difusión de la elección judicial.