Enrique Castro / AFP

En Michoacán, una pujante región agroindustrial con costas sobre el océano Pacífico, operan bandas narcotraficantes como el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, designadas en febrero como “organizaciones terroristas extranjeras” por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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Desde su creación en 2023, el Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán desactivó 4.900 artefactos, incluidas minas antipersonales y drones, dijo a la AFP su subdirector, el capitán de infantería Carlos Roberto Gómez.

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El 98% de los explosivos eran de fabricación artesanal y el resto de uso militar, entre ellos granadas de mano y otras para ser lanzadas con armas largas, precisó.

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El observatorio estadounidense ACLED, que recopila información sobre eventos de violencia en todo el mundo, registra 115 ataques con drones y 44 con granadas en México entre 2020 y lo que va de agosto de 2025.

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Michoacán ha sido escenario de crecientes ataques con explosivos, que han dejado varias víctimas entre la población civil y las fuerzas de seguridad.

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Un artefacto activado al paso de una patrulla blindada mató a seis militares a finales de mayo. Diez exmilitares colombianos, presuntamente reclutados por los criminales, fueron detenidos por esa agresión.

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Gómez dijo que sus dos años de funcionamiento, el escuadrón antibombas de Michoacán ha sido emboscado seis veces.

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"Estamos desactivando (explosivos), y a veces nos han sobrevolado drones (...) nos han aventado granadas de drones", señaló.

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El capitán de infantería indicó que el escuadrón antidrogas de Michoacán comparte información con entidades de Estados Unidos, como el Ejército, la policía federal FBI y la agencia antidrogas DEA.

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Trump acusa a México de no hacer lo suficiente para detener el trasiego de drogas y la migración irregular hacia Estados Unidos, por lo que ha amenazado con imponer nuevos aranceles a las exportaciones mexicanas.

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México acumula más de 480.000 homicidios y unos 120.000 desaparecidos desde diciembre de 2006, cuando el entonces gobierno del presidente Felipe Calderón lanzó una criticada estrategia militar antidrogas.