En México, 203 personas defensoras del medio ambiente y la tierra han sido asesinadas del 2012 al 2023, de acuerdo con cifras de Global Witness, organización internacional que comenzó a reportar este tipo de delitos en 2012.
Con ese número, el País es el tercero en América Latina con mayor número de asesinatos de tales defensores. Sólo es superado por Colombia (461 homicidios) y Brasil (401), según el reporte “Voces silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente”.
El 85 por ciento de los asesinatos registrados en 2023 ocurrieron en esta región. La agrupación reportó 18 ambientalistas asesinados en México durante el año pasado.
Vinculan delitos con minería
Más del 40 por ciento de los asesinatos sucedidos en 2023 en México fueron vinculados por Global Witness con las operaciones mineras a las que se oponían los defensores.
Otra preocupación son las desapariciones forzadas, actos considerados por la organización como especialmente crueles y típicos en el País porque dejan a las familias en un estado de incertidumbre perpetua y sin recursos a la justicia.
En todo el territorio nacional, 93 personas defensoras del medio ambiente y la tierra han desaparecido entre diciembre de 2006 y agosto de 2023, apunta la investigación periodística “A dónde van los desaparecidos”.
Un caso destacado por Global Witness es el de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Gasca, quienes desaparecieron en enero de 2023. Ambos trabajaban en Michoacán para proteger a la comunidad de San Miguel de Aquila de Ternium, uno de los mayores productores de acero de América Latina.
A lo largo de cuatro años, personas armadas los siguieron y amenazaron. Cuando volvían de una reunión comunitaria desaparecieron. Su vehículo fue encontrado con llantas pinchadas el 15 de enero. Desde entonces su familiares los buscan, pero parece que nadie sabe nada.
¿Qué hacer?
Como parte de su reporte anual, Global Witness emite recomendaciones a gobiernos y empresas. Algunas de ellas son:
Los gobiernos deben:
- Aplicar las leyes y mecanismos vigentes que reconocen y protegen la labor de estas personas. Por ejemplo, el Acuerdo de Escazú.
- Detectar, documentar y analizar sistemáticamente los ataques contra dichos defensores.
- Facilitar el acceso a la justicia.
Las empresas deben:
- Detectar, prevenir, documentar, mitigar y reparar sistemáticamente los daños y perjuicios causados por sus operaciones a los defensores.
- Aplicar una política de cero tolerancia a agresiones y represalias en contra de estas personas, así como a la adquisición ilegal de tierra y a las violaciones del derecho al consentimiento libre, previo e informado.
