La efímera declaración de ley marcial por parte del Presidente Yoon Suk Yeol, del Partido del Poder Popular (conservadores) ha creado la mayor crisis constitucional de Corea del Sur desde que el país se democratizó a fines de la década de 1980.
El 14 de diciembre, la Asamblea Nacional destituyó a Yoon, un líder profundamente impopular, y lo convirtió en el tercer Presidente surcoreano en ser suspendido del poder mediante una votación de ese tipo. Pero la incertidumbre sobre el futuro político del país no ha hecho más que acentuarse desde entonces.
El viernes, los partidos de Oposición, que dominan la Asamblea Nacional, destituyeron al Primer Ministro Han Duck-soo, que se desempeñaba como Presidente interino desde el impeachment de Yoon hace dos semanas. Choi Sang-mok, el Ministro de Finanzas, fue nombrado nuevo Presidente interino.
La votación parlamentaria del viernes fue la primera vez en la historia de Corea del Sur que un Presidente interino fue destituido, lo que se sumó a la agitación política creada por la desafortunada ley marcial de Yoon y su destitución.
Además de su impeachment, Yoon enfrenta una investigación criminal, la primera dirigida a un Presidente surcoreano en funciones.
Así es como se ha desarrollado la crisis:
¿Por qué se destituyó a Yoon?
El decreto de ley marcial de Yoon del 3 de diciembre, que puso al país bajo un régimen militar por primera vez en 45 años, duró sólo seis horas, pero sumió a la democracia de Corea del Sur en el caos y provocó la indignación pública, recordando la dolorosa historia de dictadura militar del país hace décadas.
En el proyecto de ley de destitución, los legisladores de la oposición argumentaron que Yoon había perpetrado una insurrección cuando hizo la declaración de la ley marcial y envió tropas a la Asamblea Nacional. Dijeron que era un intento de impedir que los legisladores votaran en contra del decreto, como era su derecho según la Constitución.
Una votación inicial de impeachment el 7 de diciembre fracasó, después de que los legisladores del Partido del Poder Popular de Yoon la boicotearan, diciendo que se le debería dar una oportunidad de renunciar.
Una semana después, el partido dijo que oficialmente se oponía a la destitución, pero se permitió a sus legisladores emitir su voto secreto. El resultado indicó que 12 legisladores del partido de Yoon se habían unido a la oposición para destituirlo y otros 11 se abstuvieron o emitieron votos inválidos, sellando su destino.
El recuento de votos fue 204 a favor y 85 en contra.
El destino de Yoon está en manos del Tribunal Constitucional, que decidirá en los próximos seis meses si lo restituye o lo destituye formalmente.
¿Qué pasa ahora?
Hasta el viernes, Han, el segundo funcionario de mayor jerarquía en el Gobierno, se desempeñaba como Presidente interino. Su propio impeachment como Primer Ministro significó que el ministro de Finanzas, Choi, tomaría el mando.
Al igual que Han, Choi no es un funcionario electo. Dirigirá Corea del Sur sin peso político real, mientras el país enfrenta desafíos como la creciente amenaza nuclear de Corea del Norte y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Han dijo que esperaría a que el Tribunal Constitucional decidiera si la votación del viernes fue válida.
Mientras tanto, Yoon ha prometido luchar en los tribunales para recuperar su poder.
En un discurso grabado que se hizo público poco después de su destitución, Yoon enumeró lo que consideraba sus logros como Presidente, incluidos sus esfuerzos por fortalecer los lazos militares con Estados Unidos y Japón. Ahora, sus esfuerzos se han detenido, dijo.
“Pero nunca me rendiré”, afirmó.
El tribunal decidirá en un plazo de 180 días si Yoon es culpable de los delitos de los que lo acusa la Asamblea Nacional y, en caso afirmativo, si son lo suficientemente graves como para merecer su destitución. Si el tribunal lo destituye formalmente, Corea del Sur debería elegir un nuevo líder en un plazo de dos meses.
¿Por qué lo hizo Yoon?
Yoon ha dicho que declaró la ley marcial por “desesperación” ante una oposición que utilizó su mayoría parlamentaria para “paralizar” su Gobierno. Yoon criticó a la Oposición por recortar algunos de los presupuestos gubernamentales previstos para el próximo año, así como por sus frecuentes intentos de destituir a sus designados políticos.
Pero esas quejas no pueden ser motivo para declarar la ley marcial, dijo a The New York Times Kim Young Hoon, director del Colegio de Abogados de Corea. Yoon tampoco notificó de inmediato a la Asamblea Nacional su declaración de la ley marcial, como lo exige la ley, según la asamblea.
“Está claro que la declaración de ley marcial por parte del Presidente Yoon no cumplió con los requisitos establecidos por la constitución”, dijo Kim.
Cho Ji-ho, jefe de la Agencia Nacional de Policía, dijo a la Asamblea el 9 de diciembre que cuando la ley marcial estuvo brevemente en vigor, los militares pidieron a la policía que les ayudara a localizar y detener a 15 personas, incluidos los líderes de los partidos políticos más grandes.
Sin embargo, incluso durante la ley marcial, el presidente no tiene derecho a detener a los legisladores a menos que sean sorprendidos cometiendo un delito.
¿Cuáles son las acusaciones criminales contra el Presidente?
A Yoon se le ha prohibido salir del país mientras la policía y los fiscales investigan si él y sus partidarios en el Gobierno y el Ejército cometieron una insurrección cuando enviaron tropas armadas a la Asamblea Nacional.
El coronel Kim Hyun-tae, quien dirigió una unidad de fuerzas especiales enviada a la Asamblea, dijo que recibió órdenes de retirar por la fuerza a los legisladores para evitar que 150 de ellos, el número necesario para derogar la ley marcial, se reunieran.
La legislación penal de Corea del Sur define la insurrección como cualquier intento de “derrocar los órganos gubernamentales establecidos por la constitución o de hacer imposible el ejercicio de sus funciones por la fuerza”.
Si Yoon fuera condenado por insurrección y el tribunal dictaminara que él era el cabecilla de la misma, podría enfrentarse a la pena de muerte o a cadena perpetua. Los fiscales han arrestado a su ex Ministro de Defensa y a dos ex jefes de policía acusados de ayudar a llevar a cabo la insurrección.