Piden tipificar extorsión vía "montachoques"
Para que la simulación de percances viales o “montachoques” con el fin de extorsionar a los ciudadanos se tipifique como un delito y se sancione con prisión de 6 a 10 años, Miguel Ángel García Lechuga presentó hoy una iniciativa de reforma al Código Penal.
El Diputado local del PAN dijo que ante el incremento de ese tipo de actos es necesario tipificar y castigar la falta y para ello planteó reformas las fracciones 9 y 10 y la adición de la 11 al artículo 395 del Código Penal.
Con las reformas, añadió, se incluirá esas acciones como una modalidad de extorsión y se permitirá el que ese ilícito quede impune al no estar claramente establecido en el Código Penal.
“Es una iniciativa de reforma al Código Penal que surge de una realidad que estamos viviendo con los famosos montachoques, personas que de forma organizada provocan o simulan un choque con el fin de extorsionar o amenazar a otros”, expresó.
“Hemos visto estos casos en la Carretera a Laredo, en Santa Catarina, en avenidas como Morones Prieto, Cuauhtémoc, Manuel Ordoñez, Díaz Ordaz, en estas cuatro avenidas ya hay un grupo en Santa Catarina que están haciendo a esos huev… que no les gusta trabajar, a esos huev…. que están montando choques, extorsionando a la gente, pues que vayan a la cárcel de 6 a 10 años.
“Hoy, el Código Penal castiga la extorsión, pero no menciona esta nueva modalidad tan creciente en los últimos meses, así que esta reforma no se trata de inventar un delito más, sino de reconocer que un choque simulado con fines de extorsión, abusando de la víctima, es un crimen”.
Proponen MC y cámaras crear Ley de Procedimientos Administrativos
Una Iniciativa para crear la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado con la que se busca garantizar y dar certeza jurídica, orden y equidad a los trámites y procesos entre ciudadanos y autoridades estatales y municipales, presentó hoy José Luis Garza.
La iniciativa del Diputado local de Movimiento Ciudadano fue respaldada y suscrita por los líderes de la Caintra, Canaco, Coparmex, Cmic, Canacope y Canirac.
Al presentar la iniciativa, Garza dijo que el fin del nuevo ordenamiento es unificar criterios y procesos administrativos que actualmente están dispersos en distintos ordenamientos legales.
“Hoy, en Nuevo León, cada dependencia, municipio y oficina pública opera con sus propias reglas”, expresó Garza.
“No hay principios ni plazos comunes, y eso genera caos, discrecionalidad y desconfianza, por lo que esta Ley busca cambiar eso de raíz.
“Esta Ley no solo protege al ciudadano. También da certeza a la autoridad, le dice cómo debe actuar, qué plazos respetar y qué límites no puede cruzar. Es una herramienta para ordenar la administración pública. Y eso es gobernar con responsabilidad”.
Actualmente, dijo, Nuevo León es uno de los estados que carece de una legislación estatal que regule de forma integral los procedimientos administrativos, pues en 27 ya se han adoptado marcos normativos similares al que se propone a nivel local.
Entre las principales aportaciones de la iniciativa de Ley están:
Clausuras justificadas y reguladas: no se podrá clausurar un negocio sin orden escrita ni visita documentada. La autoridad deberá otorgar 10 días hábiles para subsanar irregularidades, salvo en casos de riesgo grave debidamente justificados.
Protección al trámite ciudadano: si el trámite está incompleto, la autoridad deberá prevenir al ciudadano una sola vez para corregirlo. Si no lo hace dentro de 10 días hábiles, no podrá desecharlo por omisión.
Digitalización obligatoria: las dependencias estarán obligadas a contar con plataformas electrónicas y correos oficiales. Todo trámite digital deberá generar acuse legal, y las notificaciones podrán realizarse por medios electrónicos.
Deberes claros para servidores públicos: las y los funcionarios deberán recibir todos los trámites, evitar la duplicación de requisitos, respetar los plazos establecidos y tratar con dignidad a los ciudadanos. La negativa injustificada podrá ser sancionada.
Defensa ante abusos administrativos: el ciudadano podrá denunciar actos arbitrarios, negligencias o demoras ante la Contraloría estatal o municipal, que estará obligada a canalizar y dar seguimiento a la queja.
Vidal Garza Cantú, vicepresidente de Coparmex. dijo que con esa Ley se podrá generar la certidumbre que necesita la economía de Nuevo León.
“La inversión está clamando por certidumbre”, agregó, “está clamando también por reglas claras y sobre todo por un procedimiento unificado que sea más fácil, más entendible para el ciudadano común”.
El director de la CMIC, Hugo César Sánchez, dijo que con esa Ley de Procedimientos Administrativos se asegurará que todo acto administrativo respete los principios constitucionales.
En la presentación de la iniciativa también participaron Juan Pablo García, director general de Caintra; Héctor Villarreal, director general de Canaco Monterrey, y Catalina Domínguez, presidenta de Canacope.
También acudieron los Diputados emecistas Sandra Pámanes, Mario Salinas, Paola Linares, Melisa Peña y Armando Víctor Gutiérrez.
Demanda proteger patrimonio cultural de NL
En busca de que se definan acciones que proteja el patrimonio cultural de los municipios del Estado, Grecia Benavides demandó hoy al Gobernador Samuel García que rinda un informe detallado sobre la creación y funcionamiento de las Juntas de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural, contempladas en la Ley de Patrimonio Cultural del Estado.
La Diputada local de Morena dijo que la falta de transparencia en la operación de estas Juntas, que deben estar integradas por personas expertas, compromete su efectividad y pone en riesgo la identidad histórica del estado.
Advirtió que hay un creciente deterioro del patrimonio histórico en zonas emblemáticas como el Barrio Antiguo de Monterrey, donde el desarrollo urbano agresivo ha desplazado edificaciones y símbolos con valor histórico y cultural. y que es necesario recuperar.
“Preservar el patrimonio no es frenar el desarrollo, es hacerlo con memoria, identidad y sentido social”, señaló Benavides, quien lamentó que las Juntas operen con opacidad o incluso no existan formalmente en varios municipios.
En el exhorto presentado, añadió Benavides, se solicita al Ejecutivo estatal informar cuántos acuerdos ha emitido para constituir las Juntas de Protección y Conservación, cuántas están formalmente instaladas y qué mecanismos existen para coordinarse con los municipios en la aplicación de criterios de protección local.
“Con este exhorto”, añadió, “se busca abrir un diálogo serio entre el Estado y los Municipios para garantizar que la preservación cultural deje de ser una promesa incumplida y se ubique como una prioridad real, no solo como parte del discurso”.
Piden garantizar paridad en municipios
Una iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno Municipal con la que se busca establecer la obligación de los Municipios de nombrar a mujeres como titulares de al menos el 50 por ciento de las direcciones, secretarías y puestos en niveles superiores con que cuenten, presentó hoy Greta Barra.
La Diputada local de Morena -quien presentó la iniciativa junto con Andrea Almaraz, regidora de García-; dijo que es necesario regular una paridad administrativa y lograr que se conformen gabinetes paritarios.
Agregó que debe establecerse esa obligación en la Ley, pues actualmente, de los municipios metropolitanos, sólo en Guadalupe hay paridad en el Gabinete.
La iniciativa, detalló, se reforma el artículo 90 y se añade el artículo 90 BIS de la Ley para armonizar ésta con la Constitución federal.
Entre los objetivos de la reforma, añadió, está el promover la igualdad sustantiva, asegurando competitividad, acceso equitativo y formación profesional mediante la obligación de implementar programas de capacitación continua con perspectiva de género.
“No queremos atropellar la autonomía municipal porque sabemos que es muy importante de acuerdo a cada contexto, pero sí lo que pedimos es que los municipios reconozcan la deuda histórica que existe para las mujeres y que además, cuando las mujeres estamos ahí y somos la mitad en los gabinetes, ofrecemos otra perspectiva de la ciudad”, expresó.
“Justamente queremos que los ayuntamientos, que es de donde muchas veces salen los próximos candidatos y candidatas a las alcaldías, entonces, si hoy por hoy no están mujeres en los gabinetes, pues va a ser muy difícil que haya alguna compañera que pueda ser candidata, y también queremos que ya no se use esta idea de que no hay mujeres preparadas, todos los municipios tienen mujeres valiosísimas y muy preparadas”.
Detalló que, una vez que la reforma sea aprobada y entre en vigor, las administraciones municipales tendrán un plazo de 90 días naturales para adecuar sus reglamentos internos y estructuras administrativas conforme la reforma.