¿GEOCALIZACIÓN EN TIEMPO REAL?
La geolocalización en tiempo real, la cual obtendrían autoridades a través de empresas telefónicas, fue uno de los principales temas que causó un enfrentamiento político en el Congreso de la Unión.
La disputa se dio porque la Oposición asegura que el Gobierno federal podrá obtener ello sin una orden judicial previa, lo cual la Presidenta Sheinbaum y morenistas lo niegan al argumentar que ninguna ley puede ir en contra del artículo 16 de la Constitución, el cual protege la privacidad de datos.
¿Qué dicen las leyes?
Al respecto, los concesionarios tienen desde 2012 a través de la Ley Federal de Telecomunicaciones la obligación de colaborar con autoridades con la geolocalización en tiempo real de dispositivos vinculados con delitos, así como también entrega de datos conservados.
-Sin embargo, ni en esa la Ley Federal de Telecomunicaciones ni en la recientemente aprobada por Morena mencionan que se requiera de orden judicial para que concesionarios colaboren con “las autoridades”.
-En la Ley de la Guardia Nacional vigente sí está expresa la orden de acudir a un juez de control para solicitar ambas medidas, pero en la nueva versión aprobada por Morena en el periodo extraordinario se establece que sólo requiere que la Guardia Nacional esté actuando bajo supervisión del Ministerio Público.
-En el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el cual solo aplican las fiscalías, sí se requiere la orden judicial en todos los casos, salvo urgencias en las que el Ministerio Público puede requerir directamente la información y pedir ratificación judicial en las 48 horas siguientes.
-La Suprema Corte estableció en 2018 que la geolocalización sin orden judicial solo puede ser válida para investigar ciertos delitos graves y violentos, no para todos los delitos, como se había legislado en el CNPP. En 2023, prohibió que fiscales de la Procuraduría Militar puedan usar estas herramientas.
¿INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS?
La intervención de comunicaciones privadas es legal desde 1996 para la delincuencia organizada, pero se fue extendiendo a otros delitos. Siempre y en todos los casos ha requerido orden judicial previa, y puede ser ejecutada por la FGR, fiscalías estatales, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
-La crítica sobre las nuevas disposiciones es que, ahora, la SSPC podría acceder a datos privados sin órdenes judiciales.
LO NUEVO... '¿INTERCONEXIÓN PARA "PRODUCTOS DE INTELIGENCIA?
-La reciente Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, llamada por la Oposición “Ley Espía”, crea una nueva facultad de en la actual SSPC dirigida por Omar García Harfuch.
-La crítica sobre las nuevas disposiciones es que, ahora, la SSPC podría acceder a datos privados sin órdenes judiciales.
Solicitar a las instituciones de seguridad pública y a los demás entes públicos, así como, en su caso, a entes privados, se permita la interconexión de la plataforma (de la SSPC) a sus sistemas de inteligencia en seguridad pública, así como el envío de información contenida en cualquier registro administrativo que contenga datos como los vehiculares y de placas, biométricos y telefónicos, registros públicos de la propiedad y del comercio, registros de personas morales, catastros, registros fiscales, registros de armas de fuego, registros de armas de fuego aseguradas o decomisadas, registros de comercio, registros de personas prestadoras de servicios de seguridad privada, registros de padrones de personas detenidas y sentenciadas, registros de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales y comerciales, registros en materia marítima y todos aquellos de los que puedan extraer indicios, datos e información para la generación de productos de inteligencia".
-Esta solicitud no es para investigación de delitos específicos.
No se prevé orden judicial para que la SSPC acceda a estos datos, pero al menos, en teoría, las empresas o personas físicas podrían oponerse a colaborar, o promover amparos si se les requiere repetidamente o se les amenaza con sanciones.