COMIENZA LA BÚSQUEDA
Motivados por la ausencia del Estado, colectivos de rastreadoras en todo el País comenzaron a caminar las calles, a visitar hospitales, cárceles, Fiscalías y Semefos; a escarbar los cerros, a manifestarse y dialogar con legisladores por la construcción de instrumentos que les permitieran agilizar la búsqueda de sus seres queridos.
Finalmente, en noviembre de 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, vieron materializada su lucha, cuando nació en papel la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que cuatro meses más tarde inició operaciones.
El órgano que tuvo como primer encargado a Roberto Cabrera Alfaro, sería el responsable de la búsqueda de desaparecidos en el País y para ello debía gestionar las jornadas y coordinar a las autoridades involucradas en la materia.
En ese año, la cifra de personas ilocalizables rondaba, oficialmente, en 30 mil casos.
La legislación le dio dientes a la CNB con miras a que emitiera su propio Programa Nacional de Búsqueda y los lineamientos que regulen el Registro Nacional.
Siete meses después del inicio de sus actividades, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda ya denunciaba que la bolsa de 186.3 millones de pesos que aprobaron los diputados para su ejercicio de 2018 eran insuficientes.
Incluso, la instancia donde ahora despacha el órgano inició de manera improvisada, con tan sólo 20 trabajadores que, para el arranque, tenían alrededor de mil 871 casos por desahogar.
Una demanda unánime por encontrar a los desaparecidos vio nacer, bajo ese escenario, a la Comisión que hoy está en búsqueda de su cuarto titular en siete años.
La actual directora, Teresa Guadalupe Reyes, saldrá al término de agosto, entre acusaciones de colectivos que la responsabilizan de desmantelar el organismo, ocasionar un retroceso y dañar la localización de más de 120 mil desaparecidos oficiales, hasta el último corte.
LA VENTA DE DATOS
Con un nombramiento fuera de plazos legales, el 7 de marzo de 2018, Roberto Cabrera Alfaro se convirtió en el primer Comisionado Nacional de Búsqueda, aún con Peña Nieto al frente del Gobierno, pero hoy permanece sentenciado por traficar con 49 mil perfiles genéticos de víctimas de desaparición.
Con Cabrera inició el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPO), que funciona actualmente para contabilizar a los desaparecidos.
Cabrera construyó el repositorio a partir del cruce y la depuración de bases de datos que contenían la identidad digital de las víctimas, con fecha de nacimiento, fotografía y huella dactilar.
Así, en la víspera de su salida, en enero de 2019, reconoció, por primera vez, la existencia de 40 mil 180 desaparecidos en el País y reportó la identificación de 400 personas que tenían 10 años sin un rostro; además, registró la huella dactilar de 36 mil 708 individuos que carecían de identificación.
Tres años más tarde, Cabrera fue declarado culpable de ejercer lícitamente el servicio público, al entregar perfiles genéticos en una USB al laboratorio ADN México, en 2017, cuando aún no era Comisionado, pero, dijo a la prensa, la Comisión Nacional de Seguridad, a la que perteneció previamente, buscaba integrar desde entonces bases de datos “confiables” de desaparecidos, con garantías en huellas, fotos, nombres y el ADN.
No obstante, Felipe Delgadillo, el juez que llevó el caso, determinó que se mercantilizó con el sufrimiento, pues el laboratorio hizo de los datos sensibles un negocio que usó en su beneficio y el de sus socios.
QUINTANA, LA INCÓMODA
Karla Quintana, la primera designada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador al frente de la CNB, tenía trato previo con las víctimas en la materia. En cuatro años dirigiendo el órgano desconcentrado de la Segob también vio crecer las desapariciones, reportó el brote de más de 100 nuevos colectivos y reconoció una crisis de identificación humana.
Los primeros tres años de su gestión estuvieron marcados por avances y el relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda, pero el año negro fue 2023, entre jaloneos con quien la había nombrado.
Con 52 mil cuerpos sin identificar, en 2022 el Ejecutivo emitió un decreto que ordenó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana con miras a operar en los casos donde el sistema forense no diera con el nombre de los restos y apostaba a dar resolución a los casos de larga data, una pugna de los colectivos.
Pese a los avances, Quintana mereció la crítica del Ejecutivo tras la entrega de reportes de desaparición. La Doctora en Derecho inició en la Comisión cuando iban 40 mil registros y salió cuando incrementó a 110 mil. En agosto de 2023, en medio de un cantado nuevo censo, presentó su renuncia.
Dos meses antes, López Obrador había anunciado un nuevo padrón para alcanzar una cifra actualizada, que organizaría la Secretaría de Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel, y ejecutarían los Siervos de la Nación. Desde entonces Quintana se rehúso a ello.
La ex Comisionada acusó que la intención de crear nuevos registros era reducir los reportes de desaparición durante el primer sexenio morenista. Esto, advirtió, se haría a partir de los casos en donde se contara con apenas un indicio de localización.
El ex Mandatario tabasqueño reviró culpándola de alterar el registro para afectar a su Gobierno y aseguró que la búsqueda de personas no estaba únicamente bajo su responsabilidad.
CON LIGAS MORENISTAS
“En 2023 se publica la convocatoria, pero entre la publicación y la pelea entre Encinas, López Obrador y Karla Quintana, nos hablan funcionarios de la Segob que nos aprecian para decirnos que ya estaba cantado el gallo para Teresa Guadalupe Reyes Sahagún”, recuerda la fundadora del colectivo tamaulipeco 10 de marzo, Delia Quiroa.
La segunda designación de AMLO para conducir a la CNB ocurrió entre rechazos y críticas de las buscadoras que se vieron relegadas del proceso y que, a casi dos años de la gestión de “Tere Lupe”, como la nombran, han visto un revés a su lucha debido a su falta de experiencia.
En palabras de la buscadora, el encargo a Reyes Sahagún –quien tiene conocimientos en urbanización y vivienda– fue para pagar un favor luego de filtrarse que ayudó en la campaña de la entonces candidata morenista a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez.
Aunque la ley vigente estipula que quien sea Comisionado debe tener formación en la materia y no haber militado en las filas de un partido político, Reyes, de hecho, fue diputada federal petista y hasta 2018 integró la Comisión de Elecciones del oficialismo; además, coordinó las delegaciones de la Secretaría del Bienestar dos años antes de su último cargo.
La aún titular de búsqueda inició su gestión entre reclamos de los colectivos por el despido masivo de criminalistas, antropólogos y arqueólogos sin justificación y, en casi dos años, las confrontaciones no se detuvieron.
Además de criticar su mal trato para las rastreadoras, la desatención y obstaculización, el mayor desacierto de su Administración, coinciden los colectivos, fue desaparecer el Centro Nacional de Identificación Humana, que había iniciado con Quintana.
La labor de rastreo, que con el paso de los años las rastreadoras han afinado, incluyendo técnicas de localización en caudales y residuos, se convirtió por ley en una responsabilidad de la CNB y autoridades federales; sin embargo, ahora lo ven como letra muerta, que las obliga a suplir sus facultades.
“Desde un inicio siempre lo hemos hecho, pero ahorita tomamos la función de ellos. Nosotros estamos ahí por el dolor de nuestros familiares, pero ellos cobran un salario y eso es lo que hace la diferencia”, dijo Yoltzi Martínez del colectivo “Raúl Trujillo Herrera”.
Reyes dejará de ser la Comisionada Nacional de Búsqueda el 31 de agosto, pero mañana la Secretaría de Gobernación iniciará el proceso para encontrar al suplente que deberá buscar a más de 120 mil personas oficialmente desaparecidas.
'LA CNB SOBREVIVIÓ A GESTIÓN DE TERESA'
De octubre de 2023 a agosto de 2025, Teresa Guadalupe Reyes se encargó de desarticular la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para convertirla en un elefante blanco que impidiera su paso, acusa Yoltzi Martínez, fundadora del colectivo “Raúl Trujillo Herrera”.
Reyes despidió a más de 50 por ciento de la plantilla, desapareció el Centro Nacional de Identificación Humana, rasuró el registro de desaparecidos, trata con faltas de respeto, muecas y desatención los casos, más interesada en su celular, enlista.
Y, pese a ello, apunta, la CNB que ya en los últimos tiempos era ignorada por las familias, subsistió.
“Como familiares nos damos cuenta que (Reyes) no benefició, no ayudó, y sí obstaculizó y dejó parada y sin funcionalidad a la CNB. Ya para nosotros la CNB era como un elefante blanco que estaba ahí, que sobrevivió a la gestión que tuvo Teresa”.
“Su gestión pasó desapercibida. Lo que las familias habíamos logrado era ya una institución armada que estaba funcionando. Desarticuló la institución, entre trabajadores, operativos y familias en búsqueda y fue un caos porque no generó nuevas estrategias de desarticulación en el País, desarticuló lo hecho”, recrimina.
Delia Quiroa, fundadora de la agrupación 10 de marzo, coincide con su colega y acusa a Reyes de integrar a un ex trabajador de una empresa dedicada a embotellar agua en la plantilla laboral de la Comisión.
“Hubo despidos, ella puso como allegados a ella a un señor que vendía agua y a un contador. ¿Cómo vas a poner a esos perfiles a buscar personas?”, cuestiona.
Yoltzi recién terminó una jornada de búsqueda, con la voz cansada señala que el desmantelamiento del órgano pone en riesgo la vida de las buscadoras, que –en existencia del instrumento– tienen que exponerse para escarbar entre la tierra.
“Se lo dije a Javier Díaz Ballesteros (el Comisionado de Sonora), que nos estaban poniendo el sello de muerte a las buscadoras. Nadie entiende esta parte, de cómo nosotras terminamos siendo juzgadas, señaladas, criminalizadas y le tenemos que entrar al trabajo de búsqueda, desde siempre lo hemos hecho, pero ahora tomamos la función de ellos (las autoridades) y ponemos en riesgo nuestra vida, la salud física y emocional”, advierte.
Para Quiroa, la CNB nunca ha funcionado, pues fue creada sin autonomía y sin poder, dependiente de las Fiscalías y los Ministerios Públicos. Es una institución “dobleteada” ante las Fiscalías especializadas en desaparición, sostiene.
Sin embargo, advierte que el próximo en el cargo podría hacer que despegue mediante la emisión de los reglamentos bajo los que debe operar el personal de la dependencia y que aún no se han emitido.
Martínez avizora un largo trayecto de reconstrucción en la nueva etapa de la Comisión. El relevo de Reyes, señala, tendrá que reagrupar y transformar sus ejes rectores: la identificación humana, forense, búsqueda inmediata en vida y campo, además de las políticas públicas en colaboración con las Fiscalías y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
REPRUEBAN A EX COMISIONADA
La renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, licenciada en Estudios Latinoamericanos, doctora en Conocimiento y Cultura de América Latina, sin experiencia en temas de desaparición de personas, era algo que se esperaba, asegura la directora del Movimiento por nuestros desaparecidos, Grace Fernández.
Lo malo es que se tardó un año y nueve meses, en los que hubo un estancamiento en la Comisión Nacional de Búsqueda y, lo peor, retrocesos. Se desmantelaron áreas de ese organismo, se justificó un censo ordenado por Andrés Manuel López Obrador para reducir el número de desaparecidos, se separó a la Fiscalía, incluso se revictimizó a los familiares que denunciaron tratos discriminatorios.
“Yo conocí a una funcionaria muy soberbia que no escuchaba. Únicamente defendía y explicaba sus razones de por qué era maravilloso su plan y no escuchaba las críticas o las recomendaciones”, dice Grace Fernández, la hermana de Dan Jeremeel, desaparecido desde 2008 en Gómez Palacio, Durango, a bordo de su automóvil, que dos semanas más tarde fue hallado conducido por un militar.
“Desde que llegó a la titularidad, muchos colectivos no estuvimos de acuerdo. Su perfil no era el idóneo y su única explicación ante su incapacidad era que llegaba a aprender, como si el problema no fuera urgente”, agrega.
Fernández, sin embargo, reconoce que el problema no ha sido sólo la titular de la CNB, sino del Gobierno mexicano que tiene más de 126 mil desaparecidos, 73 mil 200 registrados entre 2006 y 2019.
El presupuesto de la Comisión, en cambio, era de 468 millones 946 mil pesos en 2018 y bajó a 400 millones 791 al año siguiente. En 2024 fue de 295 millones 254 mil y para este año se le asignaron 247 millones 390 mil, 48 millones menos todavía.
La titular más capacitada que reconoce es Karla Quintana, maestra en Derecho, ex directora de Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que renunció en agosto de 2023, luego de que López Obrador ordenara su propio censo para reducir el número de desaparecidos. Hoy es responsable de la Institución Independiente sobre las Personas Desaparecidas en Siria.
“Los colectivos de buscadores podemos aguantar que la titular de la CNB no sea la persona más amable del mundo, siempre y cuando esté haciendo bien su trabajo. Teresa Guadalupe no era ni lo uno ni lo otro”, dice Grace Fernández.
“La nueva titular tiene que ser una persona que tenga conocimientos de las leyes, pero que también tenga conocimiento de estrategias, de búsqueda, de cómo se deben de trabajar y coordinar diversas instituciones, de cómo se hacen unas búsquedas, pero sobre todo análisis de contexto, planeación estratégica, manejo de equipos de trabajo, pero sobre todo el cómo atiendes y garantizas los derechos de las víctimas”, expresa.
ESPERAN A ALGUIEN CAPACITADO Y EMPÁTICO
Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, anterior titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, no escuchaba, recuerda Olivia Guzmán, directora del colectivo de madres buscadoras Buscando Tus Pasos de Michoacán. Impaciente, miraba su celular, platicaba con su asistente, se reía. No sabía de los temas. Agendaba citas a las que no llegaba. Organizaba reuniones por zoom y no se conectaba.
“Gracias a Dios ya se fue. Esperemos en Dios que llegue otra persona que esté capacitada y tenga humanidad para escuchar a las víctimas”, dice por teléfono Olivia, quien desde el 2017 busca a su hijo Ezequiel Sosa Guzmán.
“Yo la agarré en el baño, porque la vi que se fue al baño y me fui al baño a seguirla para pedirle una oportunidad de platicar con ella sobre el tema de Michoacán. Le dijo a su secretario apunta su nombre, su teléfono y de dónde es y ahora que vayamos para Michoacán, este, la veo y platico con ella. Y pues nunca la vi, o sea, me quedé esperando”, agrega.
“En una reunión, una víctima le dijo: por favor póngame atención, y ella dijo: ‘¡no me grites!’. Pero no le estaba gritando tampoco, entonces se empezaron a gritar, empezaron a gritar todos. Algunos pegaron en las mesas. Ella se fue a comer, porque llegó la hora. Dijo ahorita las atienden en el segundo bloque. Comió y se nos fue”, dice Olivia Guzmán.
En febrero pasado, ella y otras integrantes de colectivos fueron citadas a la Ciudad de México, pero Teresa Guadalupe Reyes no llegó. Les habían prometido ayuda de viáticos y ni eso les dieron.
Antes, con Karla Quintana, titular de 2019 a 2023, tampoco había dinero, el presupuesto de la CNB siempre ha sido recortado, pero al menos había atención, acusa. Con Reyes, que renunció sin prácticamente ningún reconocimiento de apoyo, se desmantelaron áreas completas de la Comisión. Desde que llegó, en octubre de 2023, Buscando Tus Pasos de Michoacán no realiza búsquedas del ámbito federal porque no recibe apoyo.
“No somos el único colectivo, somos muchísimas que pararon las búsquedas federales porque no hay CNB. O sea, no hay quien nos haga prospecciones, no hay quien nos haga una planeación. Dicen que sí, pero a la media hora no llegan. Nos hacen gastar para ir a México a verlos. Después dicen que por Zoom. Por Zoom tampoco nos atienden. O sea, de verdad la comisión se vino abajo”.
Tan mal están las cosas, que Olivia Guzmán menciona tan solo un requisito que debería de tener la próxima titular encargada del problema de miles de desaparecidos: “Que sea empática”.
'LA IMPUSIERON... Y NO HIZO NADA'
En tres días, del 28 al 30 de mayo, su grupo encontró nueve osamentas en fosas clandestinas al sur de Mazatlán. Más de 40 en todo Sinaloa desde octubre. “Son 40 y ninguno ha sido entregado. Los encontramos, se los llevan al Semefo y ahí se quedan”, dice la presidenta del colectivo Por Las Voces Sin Justicia, Alejandra Martínez Carrizales.
El 17 de febrero, en Mazatlán, encontraron probablemente los restos del hermano de un compañero. “Les dijimos probablemente es tal persona, por la vestimenta, el área, por un clavo que tenía y aún no hacen el examen de ADN. No es posible eso”, agrega.
En todas las morgues del País, hay más de 72 mil cadáveres sin identificar, según cifras de colectivos, pero el Centro Nacional de Identificación Humana, en Xochitepec, Morelos, prometido en 2022, fue abandonado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Carrizales, quien desde 2020 busca a su hermano Ismael Alejandro, secuestrado a los 25 años por sujetos armados, cree que la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda debe entender esta urgencia.
“La próxima”, dice, pues los casi dos años que estuvo Teresa Guadalupe Reyes Sahagún los considera un tiempo perdido.
“Cuando la nombraron, todos los colectivos no estuvimos de acuerdo en su nombramiento. Pero más bien la impusieron. Después, al menos esperábamos que se acercara a los colectivos, a las familias, y que entendiera la urgencia que era los desaparecidos. Esperamos mucho de ella y no realizó nada”, dice sobre la ex coordinadora de estructuras de Morena.
Martínez Carrizales acusó a la ex titular de la Comisión de haber desmantelado al equipo de búsqueda de desaparición forzada y que su oficina asignó a personal de enlace sin capacidad de nada.
“Cuando nos acompañan a búsquedas, se abocan a ir a observar cómo trabaja la máquina”, lamenta.
El año pasado, con la última ola de violencia en Sinaloa, fueron reportadas 856 personas desaparecidas, 581 aún continúan así. “Hay zonas a las que nosotros como buscadoras no podemos acudir. Nos llegan mensajes diciéndonos: por favor, acudan a tal rancho, a tal pueblo, por favor, aquí vemos cuerpos tirados sobre la carretera, sobre el campo y nadie los recoge, pero la violencia que estamos viviendo nos limita mucho”, dice.
“Cuando la nombraron, todos los colectivos no estuvimos de acuerdo en su nombramiento. Pero más bien la impusieron. Después, al menos esperábamos que se acercara a los colectivos, a las familias, y que entendiera la urgencia que era los desaparecidos. Esperamos mucho de ella y no realizó nada”, dice sobre la ex coordinadora de estructuras de Morena.
Martínez Carrizales acusó a la ex titular de la Comisión de haber desmantelado al equipo de búsqueda de desaparición forzada y que su oficina asignó a personal de enlace sin capacidad de nada.
“Cuando nos acompañan a búsquedas, se abocan a ir a observar cómo trabaja la máquina”, lamenta.
El año pasado, con la última ola de violencia en Sinaloa, fueron reportadas 856 personas desaparecidas, 581 aún continúan así. “Hay zonas a las que nosotros como buscadoras no podemos acudir. Nos llegan mensajes diciéndonos: por favor, acudan a tal rancho, a tal pueblo, por favor, aquí vemos cuerpos tirados sobre la carretera, sobre el campo y nadie los recoge, pero la violencia que estamos viviendo nos limita mucho”, dice.
LAS ‘FICHAS’ DE LOS COLECTIVOS
Entre chats de buscadores han comenzado a circular los nombres de posibles candidatos para suplir a Teresa Reyes al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda.
La apuesta es un familiar que empatice desde la experiencia.
Párroco Carlos Aurelio Ramírez Moreno
Su sobrina desapareció en Michoacán y la encontró en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Ingeniero Carlos Castro Gurrola
Sus dos hijas y esposa desaparecieron en Veracruz. Sigue sin localizarlas, pero las activistas destacan su capacidad de consenso y organización.
Enrique Camargo
Ex Comisionado de Búsqueda en la Ciudad de México, cuya renuncia fue solicitada por los colectivos en meses pasados.
Sol Salgado Ambros
Actual Comisionada de Búsqueda en el Estado de México.
Gonzalo Morales
Perito antropólogo de la Fiscalía General de la República.