Aunque anticipaban el resultado, ello no fue menos difícil. La reelección presidencial indefinida recién aprobada en El Salvador aleja el regreso de decenas de defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y ambientalistas que se exiliaron para evitar la cárcel.
Cuatro de ellos hablaron de lo que llaman una “escalada represiva” del Presidente Nayib Bukele contra críticos de su Gobierno, a quienes acusa de “tergiversar” y “manipular” desde la izquierda.
Unos 80 se exiliaron en los últimos cuatro meses, según activistas y defensores de los derechos humanos.
Popular por su “guerra” contra las pandillas, Bukele, en el poder desde 2019, controla todos los poderes estatales y se autoproclama “dictador cool”.
La defensora de DH
Ingrid Escobar lleva su brazo izquierdo vendado. Poco después de salir con sus hijos –de 9 y 11 años– por la frontera con Guatemala, fue operada de un tumor en México, donde están refugiados.
“Puse primero mi salud, mi libertad y mis hijos”, afirmó la directora de la organización Socorro Jurídico, que asiste a familiares de presos en El Salvador.
La Policía rondaba su casa “dos veces por semana”, relató. Pero aguantó hasta que un amigo de la Fiscalía le avisó que estaba en una lista de 11 personas que serían detenidas.
“No tuve opción… por el amedrentamiento y el temor a morir presa sin tratamiento médico. Tomé algo de ropa y salí como pude”, señaló la mujer de 43 años, quien ha dedicado su vida al activismo humanitario.
Férrea crítica del régimen de excepción impuesto por Bukele en 2022 como parte de su “guerra antipandillas”, denunció que entre las 88 mil personas detenidas hay “miles de inocentes” y 433 han muerto en prisión.
Socorro Jurídico aún trabaja en El Salvador, pero el equipo está en alto riesgo, lamentó.
“Consolidar la dictadura pasa por meter presos a defensores de derechos humanos para callarlos. No existe tal dictadura ‘cool'”, expresó Escobar.
El abogado
Ruth López ya estaba en pijama cuando la Policía llegó a detenerla la noche del 18 de mayo.
La abogada, que dirigía la unidad anticorrupción de la organización humanitaria Cristosal e investigaba casos a nivel gubernamental, fue acusada de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía afín a Bukele.
Su arresto fue un parteaguas. Un mes después, su colega René Valiente, jefe de investigaciones, se exilió con otros 20 activistas de Cristosal.
“Había ataques en redes sociales, estigmatización de nuestra labor, seguimiento de los cuerpos de seguridad”, comentó el abogado de 39 años en la oficina de Cristosal en Guatemala.
Un defensor constitucionalista y otro ambientalista también fueron arrestados en mayo y junio, tras la entrada en vigor de una “ley de agentes extranjeros” como las de Nicaragua, Venezuela y Rusia para controlar a las ONG y cobrarles impuestos equivalentes al 30 por ciento de sus fondos.
Junto a López, Valiente asesoraba a distancia a familias de los 252 venezolanos deportados por Washington que estuvieron cuatro meses en la megacárcel que construyó Bukele para pandilleros.
“Ejerce represión porque tiene la validación de Estados Unidos y minó controles y contrapesos democráticos. Trabajaremos desde aquí por un país que no tenga que decidir entre seguridad o derechos”, afirmó Valiente.
El periodista
Jorge Beltrán aún tiene sus maletas listas porque desde Guatemala busca asilo en otro país.
El periodista, de 55 años, salió de su país el 14 junio “totalmente destruido”, sin su esposa e hijos.
“Estoy emocionalmente mal. Pero en El Salvador ya no es seguro ejercer un periodismo libre y crítico”, indicó desde la pequeña habitación que renta.
Beltrán, quien trabaja desde hace 23 años, es uno de los 47 comunicadores que salieron del país centroamericano en los últimos meses, según la asociación gremial APES.
Desde El Diario de Hoy denunciaba a “funcionarios de Bukele corruptos y violaciones a derechos humanos”. Una labor nada fácil, porque el Gobierno “cerró el acceso a documentos públicos”, resaltó.
El reportero decidió irse cuando personas cercanas al poder le advirtieron que estaba en la mira de la Policía.
“Es un trago muy amargo. Y la reelección indefinida borra la esperanza de regresar en pocos años”, aseguró.
Aunque ahora no tiene trabajo, piensa crear un sitio digital para informar desde afuera lo que pasa en El Salvador:
“Voy a estar alejado, pero no callado”, prometió.
La ambientalista
Cuando el Congreso controlado por Bukele levantó la prohibición contra la minería metálica en diciembre, muchos salvadoreños salieron a protestar. Amalia López no podía faltar.
López, de 45 años, es ambientalista desde hace una década, pero tuvo que abandonar su país en abril tras ayudar a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la minería.
“Me sentía vigilada. Pensaba resguardarme, que bajara la presión y regresar, pero ya no estoy segura allá”, comentó desde Costa Rica.
En mayo, un defensor ambientalista y un líder comunitario que protestaban con campesinos cerca de la residencia de Bukele fueron arrestados.
“Con una fuerza militar y política tan avasallante no podemos hacer mucho”, lamentó López, también defensora del derecho de las comunidades al agua y la tierra, amenazados por “grupos económicos poderosos”.
Todo ese trabajo y sus afectos “quedaron allá”.
“Con la reelección, un regreso pronto es imposible. Ahora es un realidad cada vez más lejana”, dijo resignada.