El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, está utilizando poderes de emergencia para repeler una ola delictiva que atribuye al narcotráfico, pero sus esfuerzos han tenido poco efecto y no logran enfrentar la pobreza y la desarticulada vigilancia policial que subyace, según analistas y ciudadanos.
Las muertes violentas aumentaron un 53 por ciento a más de 2 mil hasta mediados de noviembre, frente a las mil 361 de todo el 2020, según la oficina del Presidente, lo que llevó al conservador Lasso a declarar estado de excepción en octubre y desplegar a cientos de militares a las zonas más críticas.
La tasa de muertes violentas están en su punto más alto desde al menos el 2011, según los mismos datos.
Lasso, en el cargo desde mayo, ha culpado de la creciente violencia a las mafias del narcotráfico que utilizan a la nación andina como punto de tránsito entre los productores en Colombia y Perú y los compradores en Estados Unidos y Europa.
Pero los analistas dicen que la ola delictiva también se debe a las dificultades económicas agravadas por la pandemia del Covid-19, incluido un aumento de mano de obra informal, y un debilitamiento de las instituciones estatales de seguridad en gobiernos anteriores, que dificulta la lucha contra el crimen.
'TENGO MIEDO DE SALIR'
La ola de violencia se produce cuando Lasso intenta posicionar a Ecuador como un destino de inversión para apuntalar su alicaída economía, en medio de un acuerdo de financiamiento revisado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mayra Villacreses, cuyo hermano panadero y sobrino de dos años fueron asesinados a tiros el mes pasado por tres sicarios en Guayaquil a pesar del estado de emergencia, dijo que los delincuentes siguen controlando las calles.
Guayaquil, la ciudad más grande del país, registra la mayor cantidad de homicidios, con un promedio de dos por día.
“Desde que mataron a mi hermano tengo un miedo terrible de salir. Les han dado luz verde a los delincuentes para que estén en las calles”, dijo la mujer de 32 años, quien cree que su hermano murió por error. “El Presidente no ha puesto mano dura”.
En la capital Quito, los robos a negocios subieron un 17 por ciento entre enero y octubre en comparación al mismo periodo de 2020, según datos del Ministerio del Interior. Los robos de automóviles y motocicletas también crecieron.
El Gobierno ha dicho que el estado de excepción redujo los homicidios intencionales en Guayaquil y sus alrededores, en un 22 por ciento, al pasar de 133 asesinatos entre fines de septiembre y mediados de octubre, a 104 hasta mediados de diciembre.
ECUADOR EN GUERRA
A medida que intensifica su represión contra el narcotráfico, Lasso ha dicho que pedirá a la legislatura que apruebe el derribo de aeronaves irregulares, el uso progresivo de la fuerza y mayores sentencias para los líderes de bandas.
La fuerza pública realizó más de 230 mil operativos durante el primer mes de vigencia de la emergencia y logró desarticular a 76 bandas, decomisar 16 toneladas de droga y detener a 7 mil personas. Las incautaciones totales de droga alcanzaron una cifra récord de más de 190 toneladas en lo que va del año.
“Es una situación de guerra, somos Ecuador versus el narcotráfico”, dijo el Gobernador de Guayas, Pablo Arosemena, a la prensa en noviembre. “Estamos luchando y la vamos a ganar, pero tenemos que hacerlo todos unidos”.
Pero el aumento de la delincuencia no sólo puede situarse en el umbral de las mafias del narcotráfico, dijo el analista de seguridad y profesor universitario, Daniel Pontón, a Reuters.
“Ha habido recortes presupuestarios; no se ha invertido lo que se tiene que invertir en ciertas áreas de la policía tanto en el ámbito de la prevención como de la investigación criminal”, añadió. “Lo que cambia la realidad son las políticas públicas, que son de largo plazo”.
El Gobierno de izquierda del ex Presidente Rafael Correa, en el cargo hasta 2017, creó un nuevo servicio de inteligencia que sus rivales políticos han dicho sirvió para espiar a los opositores. El sucesor de Correa, Lenín Moreno, cerró esa unidad en 2018, creando otra nueva.
"Estos cambios produjeron una falta de cohesión del Estado porque cuando hay demasiados cambios y no se logran articular se produce un debilitamiento de todas las instituciones".
Tanto Lasso como la oficina de la fiscalía se han quejado públicamente de que los jueces son demasiado rápidos para liberar a los criminales capturados en operativos.
“Se han ido deteriorado los aparatos de justicia y la capacidad de hacer cumplir la ley y evitar que la gente quede en la impunidad”, agregó Córdova. “Es evidente que la justicia tiene una enorme corresponsabilidad en este aspecto”.
IMPULSA EL CRIMEN POBREZA E INFORMALIDAD
La informalidad en la economía está avivando el crimen y complicando la formulación de políticas, según Córdova. Un gran comercio de teléfonos móviles y piezas de autos incentiva el robo y el comercio oculto deja al Gobierno sin datos precisos.
La pobreza aumentó al 32.2 por ciento en junio de este año, desde el 25.5 por ciento en el mismo mes de 2019 por efectos de la pandemia, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El Gobierno no dio a conocer datos para 2020.
Aunque el estado de excepción termina el 18 de diciembre, Lasso ha dicho que lo extenderá por el tiempo que sea necesario.
Es posible que la Corte Constitucional no lo permita, ya acortó su declaración de emergencia original de 60 días a 30, limitándola sólo a provincias más violentas y diciendo que los militares sólo pueden apoyar operaciones policiales.
La corte también reprendió a Lasso por otro estado de excepción para lidiar con la crisis en las cárceles del país, donde más de 300 reclusos han muerto este año, diciendo que las acciones temporales no serán suficientes.
Para Edison Quishpe, vendedor de autos en Quito, la acción del Gobierno no es lo suficientemente palpable.
“Eso no se resuelve sólo con anuncios de que están luchando contra el narcotráfico, el Presidente tiene que hacer algo más”, dijo el hombre de 36 años, a quien dos hombres empuñaban un arma de fuego le robaron su teléfono, reloj y dinero en efectivo.
“Ecuador se ha vuelto un país violento”, añadió.