EL CONFLICTO
Tras 13 años de inconformidad y una asamblea, más de mil habitantes de 22 comunidades indígenas cerraron el 22 de marzo de 2021 el paso a trabajadores y vehículos repartidores de la planta Bonafont, ubicada desde hace 29 años en Juan C. Bonilla, Puebla, a 30 kilómetros de la capital estatal, la cual extraía en ese entonces hasta un millón 700 mil litros diarios de agua.
Cinco meses después, en agosto, los habitantes cerraron el pozo de extracción de aproximadamente 50 metros de profundidad y corrieron al personal de seguridad de la empresa, a la cual señalan de ser la culpable de secar ríos y pozos de la zona.
Los pueblos indígenas tienen el derecho de regirse bajo su propia determinación para resolver sus problemas locales, aunque sea una empresa transnacional se convierte en problema local".
EL OPERATIVO DE DESALOJO
Este 15 de febrero, a la 1:30 de la madrugada, alrededor de 200 elementos, entre ellos Guardia Nacional, Policía Estatal y granaderos, sorprendieron a los habitantes que estaban de guardia en la planta, la cual habían convertido en el centro “Altepelmecalli”, La Casa de los Pueblos.
El desalojo, ordenado por un juez de control del Distrito Judicial de Cholula, se ejecutó a favor de la empresa Bonafont.
Para el abogado Juan Carlos Flores Solís, la forma en la que fueron retirados los ocupantes, así como la hora en que ejecutó, pondría en duda la legalidad del desalojo.
Es una actitud con apariencia legal, pero muy oscura, no se notificó a la parte ocupante, además que se hizo de madrugada y se involucraron autoridades federales, eso no es competencia de un juez de Cholula".
"El agua es un derecho humano indispensable para una vida humana digna, denunciamos la violación a la libre determinación de los pueblos y exigimos se les garantice y respete".
¿QUÉ DICE LA EMPRESA?
La empresa denunció que tras la toma de las instalaciones por parte de los manifestantes, estos causaron destrozos al interior, por lo que se abrió una investigación en la Fiscalía de Investigación Metropolitana.
En la carpeta FGEP/CDI/FIM/FIM-1/013980/2021 se aseguró que los daños se dieron en presencia e inacción de autoridades municipales y estatales.
En contraste, alrededor 200 empleados de la embotelladora realizaron bloqueos viales pidiendo el diálogo con autoridades para lograr un acuerdo con las comunidades.
LA POSTURA DE BARBOSA
El Gobernador morenista Miguel Barbosa se deslindó de la orden de desalojo al indicar que se trató de una orden judicial que debía ejecutarse.
"Un juez de competencia penal de control decretó la restitución en favor de la empresa Bonafont de la planta de su propiedad y se llevó a cabo una diligencia judicial, no por parte del Ejecutivo, no ordenada por el Ejecutivo, fue una diligencia judicial".
¿QUÉ TIENE QUE VER EL SOCAVÓN?
Además del desabasto de agua, las manifestaciones y el entramado legal, desde el Gobierno estatal se culpó a Bonafont junto con otras empresas de provocar el famoso megasocavón de Santa María Zacatepec por la extracción masiva de líquido.
El Gobierno justificó con un informe falso del Instituto Politécnico Nacional, el cual fue desmentido por propia universidad, en el que aseguraron que una larga sequía precedida por lluvias intensas fueron otras de las causas.
LO QUE VIENE
Al recuperar la planta, la empresa Bonafont tendría que tramitar nuevos permisos para excavar un nuevo pozo de extracción luego de que los manifestantes clausuraran con tierra y piedras el anterior.
Se prevé que se organicen nuevas manifestaciones o bloqueos, como lo han hecho desde el 2008, sobre todo en la Autopista México-Puebla.
