Aspirantes presidenciales
En medio de un acorralamiento por parte de sectores opositores y de la sociedad civil para dejar el cargo y permitir elecciones libres y justas tras tres mandatos consecutivos, Daniel Ortega y su esposa, la Vicepresidenta Rosario Murillo, se lanzaron el año pasado contra los principales aspirantes a la Presidencia.
La primera fue la periodista Cristiana Chamorro, quien fue detenida bajo arresto domiciliar a inicios de junio acusada de presunto lavado de dinero. Chamorro es hija de la ex Presidenta Violeta Barrios –quien en la década de los 90 le arrebató el poder al mismo Ortega–, y era, según los sondeos, la figura que tenía las mayores probabilidades de destronar al Presidente.
A partir de ahí, al menos otros 6 aspirantes que también mostraron intenciones de contender por el cargo fueron arrestados, y este año recibieron sus condenas en juicios a puertas cerradas por delitos de lavado de dinero, conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, entre otros.
Ortega finalmente fue reelecto para un cuarto mandato consecutivo sin rivales de peso.
ENCARCELADOS
Cristiana Chamorro
Condenada a 8 años de arresto domiciliar
Félix Maradiaga
Condenado a 13 años de cárcel
Arturo Cruz
Condenado a 9 años de prisión
Juan Sebastián Chamorro
Condenado a 13 años de cárcel
Miguel Mora
Condenado a 13 años de prisión
Medardo Mairena
Condenado a 13 años de cárcel
Noel Vidaurre
Condenado a 13 años de prisión
Líderes opositores
La Policía Nacional allanó las viviendas de destacadas figuras de la Oposición que impulsaron las protestas sociales de 2018 y que lograron acrecentar en los últimos años su llamado a elecciones para derrocar al régimen del Presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los cateos se realizaron de manera violenta para llevarse detenidos a los opositores que se resguardaban en sus casas, según denunciaron varios de los familiares.
Dentro de estos arrestos se cuentan los de los mismos ex compañeros de lucha de Ortega, aquellos que combatieron con el ahora Presidente para derrocar a la dictadura de los Somoza y que con el paso del Gobierno actual se convirtieron en férreos opositores de Ortega.
Entre ellos, se cuenta a la ex guerrillera Dora María Téllez –la Comandante Dos de la revolución sandinista–, Víctor Hugo Tinoco –ex vicecanciller sandinista– y Hugo Torres, quien murió preso a los 73 años luego de que se le agravaran sus problemas de salud. Los tres fueron acusados de incitar a una intervención extranjera para desestabilizar al Gobierno.
Los detenidos fueron llevados a prisión y sometidos a torturas y a juicios injustos, de acuerdo con defensores de derechos humanos.
ENCARCELADOS
Violeta Granera
Tamara Dávila
Ana Margarita Vijil
Suyén Barahona
José Pallais
Dora María Téllez
Víctor Hugo Tinoco
Hugo Torres
Fallecido en prisión a los 73 años.
Universidades
A inicios de febrero de este año, la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, declaró ilegales a 5 universidades, muchas de ellas que fungieron como centros de resistencia de jóvenes estudiantes durante la represión del estallido social de 2018.
Uno de los argumentos para retirarle la personería jurídica a las instituciones se basó en la controvertida Ley contra el lavado y el terrorismo, que también ha sido usada para arrestar y enjuiciar a decenas de críticos. La medida ha afectado a decenas de miles de estudiantes.
Según el Gobierno, se canceló la licencia a las universidades privadas porque “han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro”, o porque su “Junta Directiva se encuentra acéfala”.
DECLARADAS ILEGALES
- Universidad Nacional Politécnica (Upoli), principal bastión de la lucha universitaria durante las protestas de 2018
- Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH)
- Universidad Popular de Nicaragua (Uponic)
- Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse)
- Universidad Paulo Freire (UPF)
El Gobierno disminuyó, además, el subsidio estatal que recibía la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) –recinto que también estuvo en el corazón de las protestas estudiantiles–, lo que provocó una reducción de las becas que entregaba a estudiantes de bajos ingresos.
Además, en diciembre ya había sido declarada ilegal la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), ligada al empresario Leonardo Torres.
Sociedad civil
Bajo las recientes leyes de Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el Gobierno de los Ortega-Murillo ha declarado ilegales a cientos de organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.
La persecución contra la libertad de asociación se recrudeció también tras las manifestaciones de 2018, y ha ido en aumento incluso cuando las organizaciones carecen de vinculación política.
ONG's CANCELADAS
- Comisión Permanente de Derechos Humanos
- Foro de Educación y Desarrollo Humano
- Academia Nicaragüense de la Lengua
- Asociación de Otorrinolaringología de Nicaragua
- Asociación de la Amistad
- Asociación Operación Sonrisa
- Asociación de Periodistas de Nicaragua Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal
- Asociación Foro de Mujeres de Nicaragua
- Asociación Fondo de Desarrollo Local
- Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense
- Fundación Instituto Observación para la Democracia y los Derechos Humanos
- Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centroamérica
- Fundación Violeta Barrios de Chamorro
- Terre des Hommes Italia Onlus
- Medico International
Prensa
Si bien la prensa ha estado bajo la lupa del Gobierno de Daniel Ortega desde que llegó al poder, el acoso y el hostigamiento se intensificaron tras la aprobación, el año pasado, de dos leyes con las que el Ejecutivo ha tratado de inhibir, desacreditar y silenciar a los medios de comunicación: la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos.
Con la Ley de Agentes Extranjeros, que prohíbe la financiación extranjera de las organizaciones, la Fiscalía abrió una investigación por supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que dirigía la periodista y ex aspirante a la Presidencia Cristiana Chamorro, quien fue detenida a inicios de junio.
A raíz del arresto de la también hija de la ex Presidenta Violeta Barrios y el periodista asesinado por los Somoza Pedro Joaquín Chamorro, fueron llamados a comparecer por el caso de la Fundación decenas de periodistas a quienes se les intentó criminalizar, bajo la Ley de Ciberdelitos, también conocida como Ley Mordaza.
Poco después, y a escasos meses de las elecciones presidenciales de noviembre, también fueron arrestados varios periodistas y comunicadores, bajo supuestos cargos de lavado de dinero, y defraudación aduanera, entre otros. Además, han sido cerrados canales televisivos y radioemisoras independientes.
El Gobierno también allanó, en mayo, las instalaciones del diario Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, quien se tuvo que exiliar en el extranjero junto a varios de sus colegas. El cateo fue el segundo desde el estallido social de 2018.
Las instalaciones del diario La Prensa, el más antiguo del país, fueron tomadas en agosto del año pasado por la Policía Nacional, y su dirigente, Juan Lorenzo Holmann, fue detenido, con lo que el periódico dejó de imprimirse y se mantiene operativo en formato web.
PERIODISTAS DETENIDOS
Sentenciada a 8 años de arresto domiciliario por gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, y lavado de dinero, bienes y activos.
Condenado a 9 años de prisión por gestión abusiva, apropiación y retención indebida.
Sentenciado a 9 años de prisión por lavado de dinero.
Condenado a 9 años de prisión, por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Sentenciado a 13 años de cárcel por menoscabo de la integridad nacional.
Sentenciado a 13 años de cárcel por conspiración para cometer menoscabo y por propagación de noticias falsas.
Bajo estas acciones, Nicaragua se ha convertido en uno de los pocos países del mundo que no cuentan con periódicos independientes impresos.
En 2019, El Nuevo Diario ya había suspendido su labor informativa debido al acoso de los trabajadores en el país.
Daniel Ortega debutó en julio del año pasado en la lista realizada por Reporteros Sin Fronteras como uno de los “depredadores” de la libertad de prensa debido a la “asfixia económica y censura judicial” impuesta en Nicaragua a periodistas y medios de comunicación independientes.
PANORAMA EN AL
Según el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2021, Nicaragua se encuentra en los niveles más bajos en América Latina, superando solo a Cuba y Venezuela.
En los años transcurridos desde que Ortega tomó el poder, el gobernante, su familia y socios cercanos han obtenido la propiedad o la gestión administrativa de al menos una docena de canales de televisión, estaciones de radio y sitios de noticias en línea.
Empresarios
El Gobierno de Ortega había dejado intocable al sector privado a cambio de un acuerdo en el que los empresarios no debían meterse a la política
Sin embargo, la ruptura llegó en 2018, con la imposición de una reforma que aumentaba la cuota que debían pagar los empresarios y que reducía los ingresos de los jubilados, lo que generó una ola de protestas en el país desde todos los sectores, incluidos el privado.
Tras el estallido, los empresarios y líderes religiosos impulsaron una mesa de diálogo con el Gobierno, misma que se difuminó cuando Ortega se negó a las exigencias de detener la represión y abrirse a unas elecciones libres, y arrancó con una serie de detenciones de todas las voces críticas, incluidos destacados empresarios que terminaron siendo condenados a prisión este año.
ENCARCELADOS
José Adán Aguerri
Ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada
Luis Rivas Anduray
Presidente ejecutivo del Banco de la Producción y de Grupo Proamerica
Michael Healy
Ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada
Álvaro Vargas
Ex vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada
Además, 13 ex directivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) también recibieron retenciones migratorias y se les congelaron las cuentas bancarias, y en junio de este año ordenó el cierre de la organización.
Religiosos
Al iniciar su campaña para la reelección de un cuarto mandato consecutivo, el Presidente Daniel Ortega se lanzó públicamente contra los Obispos de Nicaragua al acusarlos de terroristas, luego de que, en un intento de diálogo, los religiosos le exigieran al sandinista parar con la represión, dejar el poder y permitir elecciones libres y justas.
Desde entonces, los líderes de la Iglesia católica han vivido una ola de persecución y hostigamiento.
Las tensiones ya se habían agravado en diciembre de 2021, luego de que Taiwán le donara su sede diplomática a la Arquidiócesis de Managua, una acción que enojó al sandinismo, que había expulsado a Taiwán en un reconocimiento al Gobierno de China, por lo que el Presidente confiscó los bienes.
Además de levantar la voz contra Ortega, el Gobierno acusa a los jerarcas católicos de apoyar las manifestaciones de 2018.
Los ataques contra la Iglesia se intensificaron a inicios de agosto, cuando el Ejecutivo ordenó el cierre de varias radiodifusoras católicas, el asedio a varias parroquias y curas, la prohibición de misas y otras actividades litúrgicas y detenciones de al menos tres sacerdotes.
También ha mantenido en una situación de aparente arresto domiciliario al Obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y otras ocho personas en la Curia Episcopal, sin permitirles el ingreso de alimentos ni médicos. La Policía Nacional informó que abrió una investigación contra Álvarez por supuesta “incitación al odio”.
La persecución contra la Iglesia se ha incrementado al punto que la Policía ha impedido el ingreso de feligreses a los templos, como es el caso de la parroquia Santa Lucía, en Ciudad Darío, Matagalpa, donde el pasado lunes el padre Sebastián López tuvo que celebrar una misa en el exterior, dando la comunión a los creyentes en la calle.
CURAS DETENIDOS
Párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro, en Boaco. Acusado de abuso sexual, en un juicio que grupos de derechos humanos han señalado como montaje.
Párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, también conocida como El Calvario, en Nandaime. Acusado de violencia doméstica, en un juicio que grupos de derechos humanos también han señalado como montaje.
Párroco de la iglesia Espíritu Santo, en Mulukukú. La Policía no reconoce tenerlo en su poder ni ha informado cargos en su contra, por lo que su arresto ha sido señalado como “secuestro”.
EMISORAS CERRADAS
- Radio Hermanos
- Radio Nuestra Señora de Lourdes
- Radio Nuestra Señora de Fátima
- Radio Alliens
- Radio Monte Carmelo
- Radio San José
- Radio Stéreo JC de Julián Gaitán
- Radio Católica de Siuna
- Radio de las Asambleas de Dios
- Radio San Carlos
En marzo, el representante del Vaticano, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, salió del país de forma intempestiva y según autoridades eclesiales, su relación con el Gobierno “no era buena”. El Vaticano, mediante un comunicado, calificó de “incomprensible” la expulsión de su representante.
En julio, monjas Misioneras de la Caridad, de la orden de Santa Teresa de Calcuta, abandonaron Nicaragua luego que el Congreso cerró sus oficinas y se alegó que no estaban acreditadas para realizar operaciones de asistencia social.
