Entre los puntos más debatidos está el otorgar derechos inéditos a los pueblos indígenas en la nación sudamericana, que representan el 12.8 por ciento de los 19 millones de chilenos y que no son mencionados en la actual Constitución.
Si se impone el “Rechazo”, seguiría vigente la Constitución legada por la dictadura militar. A continuación un vistazo a los puntos que han generado más debate de la nueva Constitución propuesta:
LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA PLURINACIONALIDAD
- Establece que Chile sea un Estado plurinacional e intercultural y reconoce la existencia de los 11 pueblos originarios chilenos en el marco de un país cuyo territorio es único e indivisible.
- Precisa que el Estado debe promover y garantizar el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, respetar sus derechos colectivos y, en el plano de las funciones públicas, debe impulsar mecanismos que favorezcan el reconocimiento de la diversidad étnica. Además, debe proteger sus derechos a la autonomía y al patrimonio, otorgar el reconocimiento de sus tierras y recursos.
- Establece la creación de autonomías territoriales, cuyos límites geográficos y competencias los fijaría una ley aprobada por el Congreso, si gana el “Apruebo”.
LAS CRÍTICAS
Estos planteamientos, históricos en el reconocimiento de los pueblos indígenas, han generado las críticas de varios que ven intentos de dividir al país.
El senador Javier Macaya, presidente del partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), considera que como está, implicaría instaurar “múltiples naciones al interior del país; creemos en la unidad nacional”.
Para el constitucionalista de la Universidad de Los Andes, Jaime Arancibia, el rechazo a estos apartados muestra que algunos chilenos quieren mantener una visión de un Estado “unitario” que se ha construido en más de dos siglos de independencia.
LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA JUSTICIA
- Reconoce los sistemas judiciales de los pueblos originarios, que “coexisten coordinados en un plano de igualdad” con el sistema nacional, cuya labor jurisdiccional la ejercerán sus autoridades.
LAS CRÍTICAS
Los indígenas chilenos carecen de los tribunales que posee el sistema nacional y suelen resolver conflictos a través del diálogo.
El constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales, Jorge Correa Sutil, ve un problema: que los pueblos originarios no tienen un sistema de derecho plasmadas en textos. Añadió que eso implicaría que quienes se vean sometidos a esa justicia no conocerán qué normas les aplicarán.
No obstante, aunque el texto no precisa cuáles serán las facultades de la justicia indígena, ni qué tipo de delitos procesarán sus sistemas judiciales, las definiciones las deberá establecer una ley que tramitaría el Congreso posterior al plebiscito y en caso de ser aprobada la nueva Carta Magna.
CAMBIOS EN EL PODER JUDICIAL
- El modelo de Poder Judicial único dejará de existir y se transformará en un Sistema de Justicia, integrado por el Sistema Nacional y los sistemas jurídicos indígenas.
- Se crea un Consejo de Justicia plurinacional y paritario, que nombrará a todos los jueces y funcionarios, revisará la gestión de todos los tribunales y podrá sancionarlos o removerlos si es necesario. La función sancionatoria actualmente la ejercen la Corte Suprema y las 17 cortes de apelaciones.
- Los jueces serán minoría en el Consejo, porque de sus 17 miembros ocho serán jueces, dos funcionarios, dos indígenas y los cinco restantes los nombrará el Congreso.
- Cuando los tribunales fallen una causa relacionada con personas indígenas, deberá adoptar una perspectiva multicultural, tomando en cuenta las costumbres, tradiciones, los protocolos y los sistemas normativos del pueblo originario respectivo.
LAS CRÍTICAS
El académico Correa Sutil opina que el Consejo de la Justicia es un órgano externo y el que se le entreguen facultades para sancionar, lo que hace es “agravar el problema de la imparcialidad e independencia judicial”.
Respecto a la integración del Consejo, sin una mayoría de jueces, el ex Ministro de Justicia Luis Bate señala que “afecta la independencia de los jueces”. El constitucionalista Arancibia agregó que su composición “favorecerá su control político partidista”, en alusión a los miembros que designará el Congreso.
OTRAS PROPUESTAS QUE GENERAN RECHAZO
Otro artículo resistido por la oposición y por sectores de centroizquierda es el que alude al aborto, sin nombrarlo. La norma consagra los derechos sexuales y reproductivos de las personas, incluidos los de decidir libremente sobre sus cuerpos y sobre la “reproducción”.
Frente a las críticas de algunos convencionales que redactaron el texto porque no se precisó hasta qué mes se podría interrumpir el embarazo, el pleno agregó un inciso que dice que “la ley regulará el ejercicio de estos derechos”, dejando la responsabilidad en las manos del Congreso.
En Chile existe el derecho a abortar en tres causales: por inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre o en casos de violación.
Un tema polémico es la eliminación del estado de emergencia contemplado en la Constitución vigente y que implica el uso de las fuerzas armadas para enfrentar situaciones de grave alteración del orden público.
La mayoría de los convencionales izquierdistas rechazó el uso de los militares que permite ese régimen transitorio, por lo que lo eliminaron.
PASE LO QUE PASE, HABRÍA CAMBIOS
Cualquiera sea la opción que triunfe, el “Apruebo” o el “Rechazo”, el oficialismo y la Oposición han dicho que introducirían reformas ya sea a la nueva Carta Magna o a la legada por la pasada dictadura militar, en caso de una negativa al texto propuesto.
El oficialismo prometió en esa línea reformar los artículos sobre las autonomías territoriales para indicar que “serán coherentes” con el carácter indivisible del país; el referido a los sistemas judiciales indígenas para precisar que sólo se aplicarán a sus pobladores.
También dejarán claro que los temas de carácter nacional y las reformas constitucionales estarán excluidos de las consultas previas a los pueblos originarios sobre materias que los puedan afectar.
Entre las promesas de cambios de la Oposición figuran cambiar el Estado unitario actual por un Estado social de derecho; promover el acceso y adecuado ejercicio de derechos sociales en educación, salud, pensiones y vivienda; descentralizar el país y reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios.
También están de acuerdo en que deberán precisar varios artículos, incluido el de los sistemas de justicias indígenas, para establecer que sólo podrán actuar en sus comunidades y que no podrán procesar a no indígenas.