PRETEXTO PARA POLÍTICOS

HRW señaló en su Informe Mundial 2023 publicado el jueves (12/01/23) que la falta de decisión para enfrentar esos problemas ha sido aprovechada por algunos políticos para justificar restricciones que violan derechos humanos y han impulsado a millones de personas en toda la región a abandonar sus hogares en busca de seguridad y oportunidades en el extranjero.
“La falta de respuestas eficaces ante la corrupción, la violencia y la pobreza ha sido usada como pretexto por parte de políticos que prometen soluciones que suenan sencillas pero que suelen resultar abusivas”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
“Los líderes de la región deberían demostrar que la democracia puede responder a las necesidades de la población, promoviendo los derechos a la salud, la educación y la seguridad y fortaleciendo el Estado de derecho”.
REGÍMENES OPRESIVOS

Según HRW, Cuba, Nicaragua y Venezuela son regímenes opresivos que cometen abusos aberrantes contra críticos para silenciarlos.
El grupo de derechos humanos instó a los líderes de América Latina elegidos de manera democrática a desempeñar un papel esencial para presionar por una transición.
HRW aseveró que se debería insistir al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a negociar condiciones electorales aceptables; al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua a liberar a más de 200 presos políticos; y al Gobierno de Cuba a retirar los cargos penales contra personas detenidas arbitrariamente.
El informe denunció que en El Salvador las medidas de mano dura impuestas por el Presidente Nayib Bukele en materia de seguridad y el acelerado desmantelamiento de las instituciones democráticas han propiciado violaciones generalizadas de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
VIOLENCIA EN AL

HRW también alertó por el aumento de la violencia en México con estrategias fallidas de militarización por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador y en Haití, en donde en un contexto de crisis política y humanitaria, las pandillas son responsables de una ola de asesinatos, secuestros y violencia de género en medio de la inoperancia de la justicia.
La organización dijo que en Ecuador la sobrepoblación y la falta de control estatal en las cárceles permitieron a las pandillas reclutar nuevos miembros y asesinar a más de 400 personas detenidas desde 2021, mientras que Colombia enfrenta una violencia creciente causada por grupos armados en zonas afectadas por la pobreza.
El grupo de derechos humanos recomendó al Presidente de Chile, Gabriel Boric, avanzar con una reforma policial, la protección de migrantes y refugiados, además de mejorar el acceso al aborto.
Para HRW, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deberá revertir los retrocesos en derechos humanos provocados por Jair Bolsonaro y restablecer la confianza en el sistema democrático.
TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

La organización afirmó que algunos países de la región enfrentan un “gravísimo deterioro de la democracia y el Estado de Derecho” y un “ataque directo frontal” a las instituciones democráticas, a los sistemas electorales, al Poder Judicial, a la prensa independiente y a la sociedad civil por parte de líderes electos democráticamente, algunos de ellos de corte populista y autoritario.
Ante ese contexto Taraciuk admitió que se “corre el riesgo de hacer tambalear los pilares fundamentales que sostienen a la democracia” en la región.
Al evaluar la situación de Cuba, la organización sostuvo que el gobierno continuó durante el año pasado “reprimiendo y castigando cualquier forma de disenso” y que los cubanos siguieron padeciendo una crisis económica severa que impactó en sus derechos básicos.
Asimismo, cuestionó los juicios que se realizaron el año pasado a cientos de manifestantes en los que se “violaron las garantías básicas de debido proceso” y se acordaron “penas de prisión desproporcionadas”.

Las autoridades cubanas han negado que se busque silenciar a la Oposición y han asegurado que hay suficientes pruebas para procesar a los detenidos por delitos como sedición o atentado.
Igual situación se planteó que en el caso de Nicaragua. El Gobierno de Daniel Ortega fue señalado de profundizar “la represión sistemática contra críticos, periodistas y defensores de derechos humanos” y de intensificar “la violencia contra miembros de la Iglesia católica”. Al referirse a los procesos contra opositores Ortega dijo recientemente que “tenemos que defender con firmeza la justicia y la aplicación de la justicia contra los criminales”.
En la evaluación que hizo de El Salvador cuestionó el desempeño del mandatario Nayib Bukele y sus aliados en la Asamblea Legislativa por haber “desmantelado sistemáticamente el sistema de contrapesos democráticos” y de crear un “ambiente hostil” para los medios de comunicación y miembros de la sociedad civil.
Asimismo, condenó el estado de excepción impuesto en marzo cuando se suspendieron ciertos derechos constitucionales en respuesta a una escalada de la violencia de las pandillas.