¿DE QUÉ SE ACUSA AL PRESIDENTE?
Lasso, quien tiene una relación antagónica con políticos de la Oposición, está acusado de responsabilidad política por un presunto peculado relacionado con un contrato de transporte de petróleo entre la empresa pública Flopec y una compañía del sector privado.
Lasso ha negado los cargos, señalando que el contrato se firmó en 2018, tres años antes de que asumiera el cargo.
La Oposición argumenta que Lasso y Hernán Luque —el prófugo ex Presidente del directorio de la organización que dirigía las empresas estatales— permitieron que el contrato continuara a pesar de que beneficiaba a terceros a expensas del Estado.
¿QUÉ PASÓ ESTA SEMANA?
La Asamblea Nacional inició el martes(16/05/23) una audiencia de juicio político contra Lasso, luego de una votación el 9 de mayo para continuar el proceso en su contra, que fue aprobada con 88 votos de los 116 legisladores presentes.
El proceso de juicio político continuó contra Lasso incluso después de que un informe del comité de supervisión de la Asamblea Nacional encontró que no había causa para su juicio o destitución. Ese informe fue rechazado por cinco de los nueve miembros del comité.
Dos legisladores opositores presentaron el martes el caso contra Lasso, antes de que el Mandatario hiciera su propia defensa ante la Asamblea Nacional.
“Han creado una situación ficticia que no resuelve los problemas del país ni de nadie”, dijo Lasso en su defensa, refiriéndose a sus opositores.
MUERTE CRUZADA
La Constitución de Ecuador incluye una peculiaridad que permitió a Lasso implementar la llamada “muerte cruzada” (porque acorta el mandato tanto de la Asamblea como del presidente), adelantando elecciones tanto para su cargo como para la Asamblea Nacional en lugar de enfrentar el juicio político que lo podía destituir.
La opción de disolver el congreso y gobernar temporalmente por decreto fue establecida en la constitución de Ecuador en 2008 como una forma de evitar periodos prolongados de parálisis política.
Lasso invocó la “muerte cruzada” citando la grave crisis política de Ecuador.
Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve el poder al pueblo ecuatoriano para decidir su futuro en las próximas elecciones".
LO QUE SIGUE
Lasso ahora permanecerá en el cargo y gobernará por decreto por hasta seis meses bajo la supervisión del Máximo Tribunal de Ecuador, mientras las autoridades electorales nacionales fijan la fecha de las elecciones.
El tribunal electoral de Ecuador debe decidir la fecha de los nuevos comicios dentro de los siete días posteriores a la disolución del Legislativo y los que deben celebrarse en un plazo de 90 días.
Los elegidos en la nueva votación, el reemplazo de Lasso y de los legisladores que destituyó, solo gobernarán hasta 2025, cuando las elecciones regresarían a su calendario habitual. Lasso puede optar por presentarse a las elecciones.
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN EL TERRENO?
CONAIE, la organización indígena más grande de Ecuador, dice que convocará a un consejo “extraordinario” para discutir el asunto y criticó la decisión de Lasso como dictatorial.
El Ejército y la Policía se comprometieron a respetar la Constitución y la ley, y agregaron que la decisión de Lasso de disolver la Legislatura y convocar elecciones anticipadas está consagrada en la Constitución de Ecuador.
Varios políticos de la Oposición, incluido Esteban Torres, uno de los que presentaron el caso contra Lasso el martes, han denunciado la decisión del Presidente como inconstitucional.
Los poderes de Gobierno de Lasso ahora son limitados. El abogado constitucional Ismael Quintana explicó que el Presidente solo puede tratar asuntos económicos y administrativos, y la Corte Constitucional tendrá que aprobar sus decisiones.
Will Freeman, miembro de estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que es probable que haya protestas masivas en los próximos días.