Violencia política de género
A tres años de la reforma en materia de violencia política en contra de las mujeres, sancionar este comportamiento sigue enfrentando dificultades que van desde la interpretación de la conducta, el miedo de las víctimas a denunciar y la desconfianza en sus partidos, hasta la existencia de autoridades sin plena autonomía.
¿De qué se trata?
El 14 de abril de 2020, entró en vigor en el País la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, un conjunto de modificaciones a seis leyes generales y dos leyes orgánicas que incluyeron la política como una nueva modalidad de violencia contra las mujeres, identificó las conductas para acreditarla y estableció sanciones para quienes incurran en ella.
Estableció los cauces legales y las instancias competentes para atenderla, otorgó a las autoridades electorales la facultad de ordenar medidas cautelares y de protección y ordenó a los partidos políticos la creación de mecanismos y de procedimientos internos para prevenirla.
La reforma definió la violencia política contra las mujeres como toda acción y omisión ejercida en la esfera pública o privada, basada en elementos de género, que tenga como objetivo o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, el libre desarrollo de la función pública y el ejercicio de las prerrogativas cuando se trate de precandidatas, candidatas o cargos públicos.
Con la incorporación del concepto “basada en elementos de género” se estableció que no toda la violencia política tiene elementos de género, sino que éstos se encuentran presentes cuando la violencia se dirige contra una mujer por ser mujer y cuando la acción u omisión las afecta de forma diferente o desproporcionada.
Conductas por las que podría expresarse:
Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata
Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones.
Divulgar imágenes, mensajes o información privada para obligarla a renunciar a una candidatura.
Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres.
Obstaculizar su derecho de asociación, ocultar información o proporcionar información falsa o incompleta para impedir el registro de candidata.
Dificultar una campaña o impedir que mujeres electas o designadas tomen protesta de un cargo.
La ley estableció también que...
La violencia política en razón de género puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos, militantes, simpatizantes, precandidatos y precandidatas, candidatos y candidatas, medios de comunicación o por particulares.
Las dificultades
El pasado 4 de agosto, la Comisión de Quejas del INE determinó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cometió violencia política de género en contra de la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.
El INE determinó el 21 de julio que López Obrador no había incurrido en violencia política en contra de la panista luego de que en diversas conferencias mañaneras se refirió a ella como:
Candidata de la oligarquía", "pelele", "títere" y como alguien que va a ser utilizada por hombres como el ex Presidente Vicente Fox y el empresario Claudio X. González.
Quince días después, en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral, que le ordenó al Instituto revisar nuevamente la queja de la aspirante, la Comisión de Quejas reculó y determinó que el Presidente sí cometió violencia política en razón de género contra la hidalguense.
Lo anterior por utilizar expresiones como “fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto”, “la van a utilizar para engañar al pueblo”, “sólo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo” y “es una pelele, una títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar”.
Pero su interpretación no es la única causa que dificulta sancionar la violencia política de género. Las mujeres siguen teniendo miedo a denunciar y desconfían en las autoridades encargadas de procesar sus casos.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 298 personas han sido sancionadas desde su publicación, en diciembre de 2020.
Para la abogada Patricia Olamendi, esta cifra muestra que las mujeres siguen sin denunciar, ya que ese número representa una cifra muy baja en comparación con miles de candidatas que han estado presentes.
Tan solo en el proceso electoral de 2021, más de 21 mil cargos estuvieron en juego y en la mitad de ellos debieron ser postuladas mujeres, como consecuencia de la reforma constitucional en materia de paridad total.
Sondeos a ex candidatas indican que entre las causas que inhiben las denuncias se encuentra el miedo a las represalias al interior de sus partidos y la desconfianza en las autoridades encargadas de procesar sus casos, incluidos sus institutos políticos.
Especialistas indican que otra causa es la existencia de autoridades electorales con compromisos políticos y advierten sobre la necesidad de ser cuidadosos en el uso de esta conducta, para evitar el mal uso y abuso de la misma.
Desglose de sanciones:
Hombres sancionados
Mujeres sancionadas
Según el desglose, 239 sanciones fueron impuestas a hombres y 59 a mujeres.
Oaxaca
Veracruz
Tabasco
Chiapas
El estado que concentró la mayoría de casos es Oaxaca, con 107, es decir, más de la tercera parte de ellos. Le siguen Veracruz con 43 casos, Tabasco con 30 y Chiapas con 19.
Las personas que más sanciones recibieron fueron presidentes municipales, ciudadanos, regidores y periodistas, quienes en conjunto concentraron el 64 por ciento de los casos, seguidos por funcionarios de partidos políticos, candidatos, servidores públicos, directivos de medios de comunicación, síndicos y tesoreros municipales.
De acuerdo con el registro, los tipos de violencia que más se cometen son simbólica, psicológica, verbal, económica, patrimonial, sexual y física.
Entre las agresiones reportadas se encuentra negarle a las mujeres su derecho a rendir protesta al cargo para el que fueron electas, la falta de pago o reducción de sus dietas, no convocarlas a sesiones de cabildo, cuestionar su vida personal o su aspecto físico en redes, la sexualización de su imagen, impedirles el ingreso a sus oficinas y la publicación de notas periodísticas basadas en roles de género.
Miedo y desconfianza
Las cifras no representan la totalidad de la problemática. La organización Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas aplicó un cuestionario a 250 ex candidatas en los procesos electorales de 2021 en Veracruz, Guanajuato, Estado de México y Jalisco, con el fin de conocer qué tipo de violencia en razón de género habían sufrido y cuáles fueron las razones por las que no denunciaron ante las instancias correspondientes.
Los resultados indican que la violencia que más enfrentaron fue la publicación en alguna red social de agresiones o imágenes con insultos, faltas de respeto o expresiones discriminatorias, amenazas de muerte por ser candidata, aislamiento en sus actividades partidistas o del resto de sus compañeros de partido, tocamientos por parte de algún compañero o superior, así como la falta de interés o apoyo de la directiva de su partido para su campaña, privilegiando la de los hombres.
Sobre las razones por las que estos actos no fueron denunciados, 35 por ciento dijo que por falta de conocimiento de cómo hacerlo, 21 por ciento por miedo a represalias por parte de autoridades partidarias y 15 por ciento por falta de confianza en las instituciones, incluyendo su partido.
De acuerdo con el estudio, otras causas fueron no saber a quién recurrir para llevar su caso, la existencia de procedimientos obsoletos, por considerar que representaba una pérdida de tiempo y por falta de recursos para iniciar la denuncia.
Las ex candidatas reconocieron que tampoco tenían la confianza para realizar una denuncia al interior de su partido.
Cuatro de cada 10 indicó que no lo hizo por miedo a represalias de las personas ligadas a la revisión de su denuncia, 28 por ciento refirió como un obstáculo la nula confianza en la instancia partidista en donde se denuncia la violencia política en razón de género y 23 por ciento argumentó falta de rutas claras para realizar su denuncia.
La abogada y experta en violencia de género, Patricia Olamendi agrega que otro problema es la existencia de autoridades encargadas de la interpretación de la violencia política en razón de género con intereses y lealtades políticas.
El problema de tener autoridades comprometidas es que la interpretación no corresponde a derecho sino a tus intereses políticos o a tus lealtades políticas, por eso es que también se planteó la posibilidad de la denuncia en diferentes instancias", sostiene.
Violencia política... ¿o libertad de expresión?
A tres años de la entrada en vigor de la reforma, el debate sobre qué es y qué no es violencia política en razón de género continúa, ante temas como la tenue línea que existe entre esta conducta y, por ejemplo, la libertad de expresión.
'Carece de experiencia'
El pasado 4 de agosto, el obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel, quien el pasado 4 de agosto declaró que la violencia en Guerrero es una muestra de que el estado existe un vacío de poder, porque la Gobernadora, la morenista Evelyn Salgado, carece de experiencia, mientras que su papá, el senador Félix Salgado, que sí la tiene, no le ayuda.
De inmediato, mujeres militantes de Morena lo acusaron de ejercer violencia política en razón de género en contra de la Gobernadora, al mismo tiempo que su papá aseguró que los ataques a su hija eran por una "cuestión de género" y aseguró que es "cobarde hablar mal de una mujer".
El debate en torno a este y otros casos que han surgido de cara al proceso electoral de 2024, gira alrededor de si los comentarios en contra de las políticas son críticas válidas o constituyen violencia política, como ellas denunciaron.
Especialistas coinciden en que la violencia política de género puede ser utilizada como arma política, pero rechazan que esto ocurra de forma generalizada en el País.
Olamendi señala que la violencia política de género puede ser utilizada como un arma política, de la misma forma en la que una persona puede mentir con respecto a la comisión de cualquier otro delito.
No obstante, asegura que actualmente existen los mecanismos y las instancias necesarias para investigar las conductas y determinar si configuran o no violencia política de género.
A mí como abogada me han consultado incluso Magistradas víctimas de violencia política, a ese nivel está, entonces sí, en todos los delitos siempre hay alguien que puede no estar diciendo la verdad, pero las autoridades tendrán que resolver", dice.
Olamendi subraya la importancia de que en la ley se establezcan diferencias entre lo que constituye violencia política y violencia política en razón de género, porque la ejercida en contra de las mujeres es producto de creencias, costumbres y prejuicios.
Para la especialista, sería conveniente que los tribunales, sobre todo los electorales, trabajen en dejar muy claro qué es violencia política y en definir correctamente las conductas que la acreditan.
Por otra parte, la consultora Marina Tamés considera que la violencia política en razón de género es un concepto suficientemente amplio y ambiguo que si bien el Tribunal Electoral ha tratado de ir delimitando, sigue siendo difícil de probar.
La abogada explica que, ante ello, los tribunales han buscado flexibilizarlo, lo que desde su punto de vista ha generado más problemas que soluciones.
Esa es mi preocupación, que se desvirtúe la figura, que deje de tener el fin para el que fue creado, que fue proteger a las mujeres y que se aprovechen de esta figura incluso para anular elecciones, que eso también ya ocurrió. Se han anulado dos elecciones municipales por violencia política de género y para poder anularlas, obviamente tuvieron que flexibilizar muchísimo el estándar probatorio", señala.
Piden mayor claridad
Olamendi indica que el objetivo de sancionar la violencia política en razón de género es asegurar la participación de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos sin violencia, toda vez que ésta ha sido y sigue siendo el principal obstáculo.
Para la especialista, sería conveniente que los tribunales, sobre todo los electorales trabajen en dejar muy claro qué es violencia política y en definir correctamente las conductas que la acreditan.
Creo que ha habido también serias dificultades en la interpretación, yo creo que los tribunales tendrían nuevamente que revisar con lupa el tema de la violencia política, que obviamente no restrinja la libertad de expresión, porque entonces ahí sí tienen razón las personas que dicen: 'están abusando de violencia política, porque lo que yo estoy expresando forma parte de mi libertad de expresión y más en una contienda electoral'", señala.
La cofundadora de la red Nosotras Tenemos Otros Datos agrega que otro problema es la existencia de autoridades encargadas de la interpretación de la violencia política en razón de género con intereses y lealtades políticas.
Lo anterior, advierte, genera que las interpretaciones no siempre correspondan a Derecho, sino a sus lealtades y compromisos.
“El problema de tener autoridades comprometidas es que la interpretación no corresponde a Derecho, sino a tus intereses políticos o a tus lealtades políticas, por eso es que también se planteó la posibilidad de la denuncia en diferentes instantes”, sostiene.
En este sentido, lamenta que el INE determinara, en primera instancia, que no existió violencia política de género en el caso de las agresiones que desde la conferencia mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó en contra de la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.
Considera que al igual que la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, la panista ha sido objeto de este tipo de violencia, con el agravante de que, en su caso, las agresiones han venido de quien es el primer responsable de hacer cumplir la ley: el Presidente de la República.
Lo más preocupante, a mí me parece, es esta falta de cumplimiento de la ley, porque pues el Presidente tendría que ser mucho más cuidadoso en un periodo donde, de por sí, ya vas con mucha tensión", expresa.