Hoy se cumplen 5 años de que se destapó el caso de los “Tráileres de la muerte”, un escándalo que traspasó fronteras y que puso en evidencia las crisis forense y de violencia que había en Jalisco entonces y que todavía no se acaba.
Luis Octavio Cotero, entonces director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), narró a MURAL cómo se gestó y terminó el problema que llevó al Servicio Médico Forense (Semefo) a ser una bomba de tiempo.
Uno de los tráileres tenía 273 cuerpos, mientras 47 fueron hallados en el segundo.
LOS ANTECEDENTES
“Cuando empezó a darse el tema de los desaparecidos y a verse más grave la situación, y que ya las familias andaban buscando a sus desaparecidos, se tuvo que cremar muchos y conservar las cenizas, se guardaban las cenizas”, dijo Cotero.
Las movilizaciones de las familias obligó a las autoridades a legislar sobre los procesos para dar un destino a los cadáveres, creándose Ley Nacional de Desaparecidos, en la que se estableció que los cuerpos no debían ser cremados, sino sepultados.
En Jalisco, sin embargo, no había un cementerio forense. La primera opción fue Magdalena, pero los pobladores se opusieron y el proyecto fue cancelado. Los cadáveres, mientras tanto, continuaron acumulándose.
“Se llenaron los refrigeradores, se buscó la manera de inhumar los más que se pudieran.
“En la zona metropolitana se fueron incrementando los homicidios; hubo días hasta de 22 homicidios y cada vez se fue agravando más el problema”.
“La Fiscalía consiguió en Tonalá más o menos 280 fosas para inhumar los cuerpos y eso desahogó un poco al Instituto, pero siguió agravándose la situación. Después de que se inhumaron esos cuerpos siguió creciendo el problema; los refrigeradores se volvieron a llenar y ya no tenía la Fiscalía dónde inhumar y ahí en el Instituto ya no teníamos dónde meter los cuerpos”.
Ante la situación empezaron a almacenarlos en un espacio no era apto para su resguardo.
LA DECISIÓN
Cotero aseguró que alrededor de marzo de 2016 advirtió del problema al Secretario General del Gobierno, Roberto López Lara, y al Fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer.
“El Secretario General le habla al Fiscal Eduardo Almaguer, Almaguer mandó al Fiscal Central, que era Rafael Castellanos, y ya vio la situación, y creo que a él fue el que se le ocurrió contratar los tráilers para guardar ahí los cuerpos; que desde luego se lo consultó al (Fiscal) General, que fue lo que dio origen a un convenio que suscribimos el Fiscal General, el Fiscal Central, el director de Medicina Forense, el doctor (Eduardo) Mota y yo”.
El convenio se firmó el 2 de mayo de ese mismo año.
“En tanto ‘La Fiscalía General’ obtiene un espacio definitivo, ha dispuesto la contratación de un contenedor móvil con cámara de refrigeración en el cual se conservará y resguardará los cadáveres que ya se encuentran a su disposición, con las pericias practicadas por ‘El IJCF'”, decía el convenio.
Una vez que los cuerpos fueran depositados en el tráiler, aseveró Cotero, se excluía al Instituto de toda responsabilidad.
“Rafael Castellanos en ese momento él buscó la manera de contactar a alguien de gente de transportistas y contrató en ese momento el tráiler, y ya fue que estuvimos depositando los cuerpos ahí de una manera muy simple, por que eran simples galerones fríos, sin condiciones para acomodarlos adecuadamente los cuerpos”.
Cotero indicó que trataron de darles un orden para poder ubicarlos cuando alguien los reclamara. El tráiler se llenó con 273 cuerpos y, entonces, él pidió el segundo.
EL ESCÁNDALO
El IJCF, sin embargo, no tenía espacio para tener dos cajas en sus instalaciones. La primera opción fue llevar la que estaba llena a la Fiscalía, aunque el 30 de agosto de 2018 consiguieron una bodega en La Duraznera, Tlaquepaque.
“Lo consiguió un abogado de apellido o nombre Fausto (Mancilla) que es regidor hoy en Autlán”, comentó Cotero.
Los vecinos de la colonia, no obstante, se inconformaron y hasta el 13 de septiembre, la Alcaldesa María Elena Limón exigió al Gobierno estatal el retiro de la caja debido a las quejas de olores fétidos reportadas.
La bodega situada en Frailes 5166 no tenía permisos para operar y fue clausurada un día después.
“Deciden traerlo (un tráiler) a una bodega de la Calle 14, pero no cupo el tráiler y el dueño del tráiler les ofreció guardarlo donde él guardaba sus demás camiones, que es ahí por el rumbo de Tlajomulco”, continúo Cotero.
Era temporal de lluvias y, supuestamente, al circular por las brechas, el tráiler se atascó, ocasionando que los cuerpos se desacomodaran y se acumularan en uno de los extremos.
Para entonces, Eduardo Almaguer ya había dejado el cargo para buscar la candidatura a Gobernador por el PRI, dejando en su lugar Raúl Sánchez Jiménez.
El 14 de septiembre, cuando Maricela Gómez Cobos cubría a Sánchez Jiménez por un permiso de vacaciones, el tráiler con un rótulo de Logística Montés SA de CV fue dejado en un predio que carecía de cerco o barda perimetral, atrás de Paseos del Valle, Tlajomulco. Pero los vecinos se dieron cuenta y reportaron el hedor y el escurrimiento de sangre.
El dueño de la caja dijo que desconocía que el tráiler había sido sacado del IJCF y que tampoco sabía por qué había sido estacionado en el predio de su propiedad por cerca de 12 horas, de las 20:30 horas del 14 de septiembre a las 8:00 horas del 15 de septiembre.
El 17 de septiembre de 2018, cuando Cotero fue separado del cargo, se dio a conocer la existencia de un segundo tráiler con cuerpos. Durante la visita de Derechos Humanos al IJCF, el doctor Mota confirmó que el otro tráiler tenía 47 cuerpos que de igual manera estaban a disposición de la Fiscalía.
El 19 de septiembre, Sánchez Jiménez fue separado de su cargo y, posteriormente, el director del Semefo.
Carlos Daniel Barba fue nombrado director del IJCF, tras el escándalo.
LOS PROCESADOS
Al final, Cotero y Mota fueron los únicos servidores públicos vinculados a proceso por el caso, el 19 de septiembre de 2021, aunque en abril de 2023, la autoridad judicial tuvo que desvincular al primero de ellos tras un Amparo.
“El también salió despedido”, lamentó Cotero, “los dos fuimos vinculados y nos instauraron un procedimiento administrativo por la Contraloría del Estado, que les impugnamos y les ganamos”.
Debido al daño moral que señala haber sufrido por el Gobierno actual, el ex director del IJCF piensa entablar una demanda civil contra diversas autoridades. Mota actualmente trabaja en el interior del Estado.
LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL ESCÁNDALO
Estas son las personas que directa o indirectamente estuvieron implicados en el caso. Se pone el cargo que tenían en 2016 y 2018.
• Eduardo Almaguer
Fiscal General (signó convenio)
• Raúl Sánchez
Fiscal General (suplió a Almaguer)
• Luis Octavio Cotero
Director del IJCF
• Eduardo Mota
Director de Medicina Forense
• Roberto López Lara
Secretario General de Gobierno
• Rafael Castellanos
Fiscal Central (signó convenio)
• Maricela Gómez
Fiscal Central (suplió a Castellanos)
• María Elena Limón
Alcaldesa de Tlaquepaque
• Aristóteles Sandoval
Gobernador de Jalisco