Piden sancionar uso indebido de IA
Una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para sancionar el uso de Inteligencia Artificial (IA) o tecnología a fin de elaborar, editar o alterar la imagen de una persona con fines de exhibicionismo corporal o pornografía, presentó hoy Sandra Pámanes.
La vicecoordinadora de la bancada emecista dijo que, a través de la IA, cada vez es más común crear fotografías falsas con tintes pornográficos, afectando incluso a menores de edad, para denigrar la imagen de una persona con la difusión masiva del contenido a través de redes sociales.
En este tipo de casos, también se promueve incrementar la pena en un tercio cuando se utilicen programas de computación, medios electrónicos o medios digitales, que elaboren, editen o alteren audio, video o imágenes para la realización de contenido del tipo erótico o pornográfico.
“Es una iniciativa para reforma al Código Penal y a la Ley de Acceso de as Mujeres a una Vida Libre de Violencia con relación a la violencia digital”, expresó.
“En recientes fechas se ha adicionado un nuevo delito en contra de la integridad de las mujeres, que es la utilización de la Inteligencia Artificial para alterar imágenes en perjuicio de las mujeres y esto no está contemplado en la legislación actual.
“Es por eso que estamos proponiendo que en el Código Penal del Estado que en los delitos relacionados con el acoso sexual, pornografía infantil o con persona privada de la voluntad y violación a la intimidad personal, se pueda establecer como agravante el uso de la Inteligencia Artificial”.
Las reformas planteadas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es para que las medidas de prevención y protección incluyan el que el juez ordene de inmediato el retiro de esas imágenes y se pueda identificar, vía la Policía Cibernética, pueda identificarse a quien realice la distribución de éstas.
Agregó que decidió presentar la iniciativa luego de que Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador Samuel García, haya sido víctima de violencia digital mediante el uso de IA.
Exigen avances en operativos escolares
Waldo Fernández, coordinador de Morena en el Congreso local, exigió a las autoridades mostrar los avances de los programas que, como en el caso del operativo mochila, busca fomentar la seguridad y no violencia en los espacios educativos.
“Nuevo León presenta situaciones preocupantes de violencia en los planteles educativos, no sólo es bullying, acoso, violencia psicológica y física, sino también intentos de feminicidio, como lo vimos hace pocos días en una prepa de la Universidad Autónoma de Nuevo León”, expresó.
“Éste no es un problema nuevo, pero sí uno que se ha agravado y que nos demuestra que algo muy grave está sucediendo con el tejido social de Nuevo León.
“El Estado y los municipios han reconocido esta problemática y han asegurado que tienen programas para prevenir violencia en los planteles y fomentar una cultura de paz. Sin embargo no hay, hasta ahora, resultados claros en ese sentido, por lo que exigimos que den a conocer los avances de esos programas”.
Piden garantizar seguridad en los anexos
Con la finalidad de reforzar la seguridad de las personas internadas en los centros de rehabilitación conocidos también como anexos, Norma Benítez, Diputada local emecista, y Cindy Aguirre, estudiante de la UANL, presentaron hoy una reforma a la Ley que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Con la reforma se busca facultar a la CEDH para que, sin necesidad de denuncia, realice visitas, inspecciones o cualquier otra medida que permita garantizar la integridad de los internos y evitar cualquier maltrato.
Benítez dijo que hay registro de 137 anexos en la zona metropolitana, aunque la cifra real podría ascender de 600 de acuerdo con organizaciones como Reinserta y Documenta, y que es amentavle que éstos operen en la opacidad.
Precisó que hay el antecedente de la fuga de 19 personas del centro de rehabilitación “Ayudar a los Adictos”, en Escobedo, las cuales, tras su salida, denunciaron constantes maltratos físicos y psicológicos.
“La opacidad con la que operan muchos de ellos, aunado al desconocimiento de las autoridades en torno a lo que verdaderamente ocurre en su interior, han provocado que, para muchos internos la estancia en un anexo sea equivalente a pasar una temporada en un centro de reclusión penitenciaria”, expresó.