Solicitan mejorar atención
en hospital de Sabinas
Al denunciar que la falta de equipo para la realización de radiografías en el Hospital General de Sabinas Hidalgo está afectando la salud y la economía de las familias de ese municipio, José Luis Santos demandó a la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, una solución inmediata al problema.
El Diputado local del PAN urgió a la reparación del aparato de radiología a fin de atender a los pacientes de manera pronta y eficiente.
“Estoy solicitando formalmente la atención de una situación que aqueja a los habitantes del norte de nuestro estado, específicamente aquellos que reciben atención médica en el Hospital General de Sabinas Hidalgo”, expresó.
“En la actualidad, existe una deficiencia grave en el área de Radiología de dicho hospital. He recibido diversas quejas por parte de ciudadanos que se atienden en el municipio de Sabinas, en donde expresan que desde el año pasado el aparato de Rayos X se encuentra descompuesto, por lo que, se han retrasado los procedimientos de Radiología en el hospital.
“Lo anterior, obliga a las personas a trasladarse a otros hospitales alejados de sus domicilios, resultando en un mayor consumo de gasolina o en diversos casos, deben de buscar apoyo hospitalario privado, ocasionando un gasto extra para aquellos que quieran continuar con su atención médica”.
También demandó la apertura del estacionamiento del nosocomio dado que ciudadanos que acuden a consulta batallan para encontrar un lugar donde dejar sus vehículos.
Plantea aumentar penas por secuestro
Para aumentar las penas previstas por secuestro – hasta un máximo de 80 años-, Miguel Flores presentó una iniciativa de reforma al artículo 355 del Código Penal del Estado.
En la iniciativa, el líder de la bancada de Movimiento Ciudadano propuso que, cuando el secuestro tenga una duración menor a tres días, la pena, que actualmente es de 3 a 6 años, se incremente a un rango de 10 a 15 años de prisión.
Además, que en los casos en que la privación de la libertad sea mayor de tres días, la sanción, que va de 10 a 20 años, se amplíe hasta un máximo de 80 años.
También, dijo el emecista, propuso que, en razón de la gravedad, haya un aumento proporcional en las multas económicas, que podrán oscilar entre mil y 4 mil cuotas.
“El castigo actual no se compara al daño físico, emocional y social que sufren las víctimas y esto no puede seguir así. El secuestro no puede continuar como un delito menor, es una violación grave a los derechos humanos y quien lo haga debe recibir una pena ejemplar”, expresó.
“Si queremos desarticular bandas delictivas, un primer paso es que a los secuestradores les caiga todo el peso de la ley. Por eso propongo aumentar las penas y que estos delincuentes sean castigados como se merecen.
“No podemos permitir que los secuestradores sigan aterrorizando a las familias de Nuevo León. El mensaje es muy claro: quien se meta con la seguridad de Nuevo León la va a pagar y muy caro”.
Piden atender a jefas de familia
Una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social del Estado para que en los municipios se creen centros en los que se brinde atención integral de jefas de familia, presentó hoy Marisol González.
La Diputada local de Movimiento Ciudadano dijo la iniciativa plantea reformas a los artículos 7, 8, 11 y 17 de la Ley a fin de priorizar la atención a mujeres responsables únicas del hogar en los programas de desarrollo social y capacitándolas para el trabajo y el acceso a un empleo digno.
“Propongo que a nivel municipio se creen espacios donde se les dé atención prioritaria a las jefas de familia, pues las jefas de familia destinan más de 30 horas a la semana en cuidados que no son remunerados”, expresó.
“Sabemos que ocupan desde el tema de educación para los hijos, alimentos, toda la parte formativa, extracurricular, y bueno, la parte del cuidado que también es muy importante, eso especialmente en tema de niñas y niños, pero también hay jefas de familia que tienen una persona con discapacidad o que tienen una persona adulta mayor que requiere otro tipo de cuidados.
“Por ello se plantea el acceso prioritario a capacitación para el trabajo y empleo digno; establecimiento de guarderías y servicios de cuidado infantil; creación de centros municipales de atención integral con servicios jurídicos, psicológicos y laborales, así como su inclusión preferente en programas sociales, becas, subsidios, herramientas de trabajo y acceso a salud”.