Van por más estaciones
de monitoreo ambiental
Para que se incrementen las estaciones de monitoreo de la calidad del aire garantizando 1 por cada 200 mil habitantes en los municipios metropolitanos, Rocío Montalvo presentó ayer una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental del Estado.
La Diputada local de Movimiento Ciudadano dijo que la red de monitoreo operada por el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) cuenta con 15 estaciones, cantidad muy por debajo de las que se manejan en otros países.
Por ejemplo, añadió, en Madrid o Los Ángeles, cuentan con una por cada 120 mil y 200 mil habitantes, respectivamente.
”De acuerdo con el Censo 2020 de INEGI, somos 5.3 millones de habitantes en la zona metropolitana. Es decir, tenemos 1 estación de monitoreo ambiental por cada 354 mil personas”, expresó.
“Ésto nos dificulta la evaluación precisa del problema de contaminación y puede limitar nuestra capacidad de respuesta ante contingencias, es por ello que propongo reformas a la Ley para ampliar la red de monitoreo y modernizar las ya existentes para generar datos en tiempo real y continuar garantizando el acceso público a tales datos, además de identificar fuentes de contaminación específica”.
De aprobarse su iniciativa, detalló, considerando la densidad poblacional en la zona metropolitana, la red del SIMA pasaría de operar 15 estaciones a entre 28 y 32.
”En los últimos 2 años”, añadió, “se ha reportado que 8 de las 15 estaciones fijas del SIMA han tenido fallas constantes y no monitorean la concentración de las llamadas partículas PM 2.5 o lo hacen de manera intermitente.
“Por eso la solución es invertir en más estaciones fijas y complementarlas con unidades móviles para ponerlas en zonas críticas, cercanas a parques industriales o donde haya gran aglomeración de autos”.
Pide sancionar a quienes se apoderen de pensiones de adultos mayores
Para sancionar a los hijos o nietos de adultos mayores que, abusando de la confianza que hay, se apoderen indebidamente de sus ahorros o pensiones, Jesús Elizondo presentó hoy una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado.
El Diputado local de Morena dijo que es necesario incluir en el Código agravantes al delito de confianza -para que se les impongan sanciones más severas- cuando éste se comenta para afectar la estabilidad económica y la calidad de vida de adultos mayores.
El abuso financiero contra los adultos mayores es una problemática creciente en el país, perpetrada principalmente por familiares, cuidadores o terceros que aprovechan la confianza de las víctimas para apropiarse de sus recursos.
“Es una iniciativa de reforma al Código Penal para establecer agravantes para el abuso de confianza cuando con engaños, los hijos y los nietos, les roban sus pensiones o sus ahorros a sus papás, a sus abuelos, porque es una realidad que existe ese tipo de hechos”, expresó.
“Hay adultos de edad muy avanzada que no administran sus cuentas bancarias, ni sus tarjetas bancarias y que confían en sus hijos, en sus nietos y termina habiendo ese abuso de confianza en donde los dejan con un ingreso mínimo para sus gastos y les roban la mayor cantidad de sus recursos. Eso es inaceptable.
“Por eso estamos planteando modificaciones a los artículos 382 y 383 del Código Penal para que ésto sea un agravante en el delito de abuso de confianza, se sancione mayormente y garantizarle a las víctimas el que tengan acceso a la justicia y a la restitución de sus bienes”.
En la iniciativa, añadió, adiciona una fracción al artículo 382 para establecer como agravante cuando el delito sea cometido por descendiente obligado a proporcionar alimentos, y una fracción cuarta al artículo 383 para que sea castigado mayormente el abuso económico contra los adultos mayores, y se sancione con penas de hasta 12 años de prisión
Agregó que el año pasado, en Nuevo León se registraron alrededor de 375 casos en donde adultos mayores fueron despojados de sus ahorros y/o pensiones por hijos o nietos.
Buscan visibilizar derechos de comunidad trans
Para que la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado y los 51 municipios, informen sobre las acciones que han implementado para proteger y garantizar los derechos de la población trans en Nuevo León, Greta Barra presentó un exhorto.
La Diputada local de Morena dijo que, en la solicitud, entregada en la Oficialía de Partes del Congreso, también se pide que el 31 de marzo, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Trans, el edificio del Legislativo se ilumine con los colores azul, rosa y blanco, correspondientes a la bandera de la comunidad trans.
El punto de acuerdo planteado por Barra también fue suscrito por integrantes de las asociaciones Transneolonesas y Casa Trans Mty.
Barra agregó que era importante visibilizar a la comunidad trans y proteger y garantizar sus derechos, pues su esperanza de vida es de apenas 35 años, lo que demuestra que son un sector vulnerable.
“En México, la esperanza de vida de las personas trans es de 35 años, es un número muy lamentable, a diferencia del resto de la población, que es de 74 años para los hombres y 79 para las mujeres, estamos viendo que hay una condición clara de vulnerabilidad, expresó.
“Así que hoy estamos presentando un exhorto para pedir dos cosas: primero, que la Secretaría de Igualdad y los 51 municipios informen sobre las medidas y acciones implementadas para la protección y garantía de los derechos de las personas trans y, segundo, que en Día Internacional de la Visibilidad Trans, que es el 31 de marzo, se ilumine la fachada del Congreso con los colores de la bandera trans, que son azul, rosa y blanco”.
Van por Registro de Deudores Alimentarios
Para avanzar en el dictamen de diversas iniciativas con las que se busca establecer un Registro de Deudores Alimentarios como un mecanismo para proteger los derechos de los menores, hoy se realizó en el Congreso local una mesa de trabajo.
En la mesa -que se realizó a propuesta de la Diputada local del PAN, Myrna Grimaldo- fue convocada por las comisiones unidades de Legislación, Justicia y Familia, con la intención de analizar alrededor de 8 iniciativas relacionadas con el establecimiento de un Registro de Deudores Alimentarios y empezar a ver el cómo se pudiera elaborar un dictamen que pudiera votarse a más tardar en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso.
“Es un tema verdaderamente fundamental para el bienestar integral de los menores en todos los aspectos, porque un menor requiere salud, requiere educación, requiere alimento, requiere vivienda y todo esto como está conformada la familia lo provee principalmente el tutor que es el padre, entonces la finalidad de esta mesa es dejar bien asentado el tema de los deudores alimentarios”, expresó Grimaldo.
Durante la mesa se analizaron aspectos como si el Registro de Deudores debía ser o no público, el tiempo en que una persona inscrita en éste permanecería en él, las implicaciones para el deudor en cuanto a participación electoral, laboral y ante un posible matrimonio, y el que sea el Poder Judicial quien lleve el control del mismo, entre otros puntos.
Al término de la mesa, Claudia Caballero, presidenta de la Comisión de Legislación; Paola Linares, titular de la Comisión de Familia, y Sandra Pámanes, una de las promoventes de las reformas para establecer el Registro, dijeron que habrá más reuniones y que la siguiente será de carácter técnico con representantes de las áreas involucradas.
Dijeron que el Registro implica modificar el Código Civil, el Código Penal, la Ley Electoral, la Ley de Violencia Familiar, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras.
“Vamos a tomar diferentes mesas, son alrededor de ocho a diez iniciativas las que tenemos ubicadas, tenemos que rebotar temas con el Instituto Estatal Electoral, con la Fiscalía, con el Poder Judicial, con las diferentes áreas que están involucradas”, dijo Caballero.
“Dijimos que queríamos concretar esta reforma en este periodo legislativo, pero va a ser complicado, hay todavía mucho análisis que realizar para hacer las cosas bien, porque el fondo es el derecho de los niños y las niñas a que tengan una vida sana, a que tengan sus alimentos”.
Pámanes, de Movimiento Ciudadano, dijo que todas las reformas que se analizan en torno a ese tema, buscan garantizar el bien superior de la niñez.
“Tenemos que ser muy respetuosos de lo que marca la ley a nivel federal”, añadió, “porque este Registro ya está aprobado a nivel federal y hay que revisar si podríamos sólo homologar, pues en lo federal se marca (que la inscripción en el Registro) servía hasta que haya una sentencia ejecutoria de que se es un deudor de alimentos”.
La también emecista, Linares, dijo que el espíritu de la creación del Registro es que sea público quiénes son los deudores alimentarios.
“La intención es que sea público, no como una medida de encasillar a alguien o exhibirlo o vulnerar sus derechos, sino justamente, para hacer que cumpla con sus responsabilidades. Lo que busca la publicidad de este Registro es que ellos sepan que ya no van a quedar en el anonimato y que quien incumpla, enfrentará consecuencias”, expresó.
Greta Barra, de Morena, dijo que a nivel nacional ya existe el Registro y que Nuevo León ha incumplido con hacer las adecuaciones legales para adoptarlo y estar en posibilidad de “alimentarlo” con los datos de los deudores alimentarios locales.
“También se está planteando el que, con base en el Registro, se emitan cartas o constancias de que no son deudores alimentarios, por ejemplo, para personas que quieren estar en la política o que al momento de querer contraer matrimonio se le tenga que avisar a las personas que sí hay un deudor y el monto que debe y todo esto es por defender los derechos de las infancias a comer, vestir y educarse”, expresó.