En 2019, el ejido inició la explotación de madera, después de recibir en 2016 un permiso emitido por las autoridades ambientalistas, pero fue unos meses después, en marzo de 2020, cuando un grupo armado, acompañado por el Ejército, los desalojó del área de aprovechamiento.
De acuerdo con la agencia Quadratín, en esa incursión robaron maquinaria, vehículos y por lo menos 13 viajes de camión tortón cargados con madera, lo que estima en ganancias en más de 700 mil pesos en un solo día.
Ante esto, los pobladores decidieron armarse para proteger sus bosques de los criminales y, desde esa fecha, los homicidios, robos, amenazas y extorsión no han cesado.
El secretario del comisariado ejidal de Los Guajes, Javier Hernández, señaló que la caída del precio de la goma de opio provocó que el narco mirara hacia la explotación forestal.
En octubre de 2020, el presidente del Consejo de Vigilancia, Elías Gallegos, defensor del bosque, y su hijo fueron levantados, sin que hasta la fecha sepan nada de ellos.
En una carta dirigida a la ONU en abril pasado para pedir ayuda humanitaria, los habitantes responsabilizaron a los hermanos Víctor y Juan Espino Cortez, de La Familia Michoacana.
Esta organización es dirigida por los hermanos Jhonny y José Alfredo Hurtado, conocidos como “El Pez” y “La Fresa” en la región de Tierra Caliente.
Denunciaron que los tres niveles de Gobierno los han dejado solos.
Apenas este 9 de junio, mujeres de ese ejido urgieron ayuda porque llevan tres días en medio de enfrentamientos.
El Estado mexicano nos tiene en el abandono total. En la Sierra reina el miedo y la miseria. Lo único que demandamos es paz, educación, salud y tranquilidad para que nos permita trabajar nuestra tierra".
En febrero, miembros de La Familia Michoacana intentaron ingresar a cuatro comunidades, pero los pobladores los enfrentaron.
El saldo de las balaceras, que duraron casi siete horas, fue de 15 delincuentes muertos y cinco heridos.
Sin embargo, el Gobierno de Héctor Astudillo rechazó que se hayan registrado choques entre pobladores y hombres civiles armados.
Unas 800 personas de 32 comunidades del Municipio de Coyuca de Catalán se han desplazado hacia otras zonas ante las amenazas de la delincuencia organizada.