El ataque
En los últimos días de la batalla contra el Estado Islámico en Siria, cuando miembros del califato fueron acorralados en un campo de tierra junto a una ciudad llamada Baghuz, un avión no tripulado militar estadounidense sobrevoló en círculos en lo alto en busca de objetivos militares. Pero solo vio una gran multitud de mujeres y niños contra la orilla de un río.
Sin previo aviso, un avión de ataque estadounidense F-15E atravesó el campo de visión de alta definición de un dron y lanzó una bomba de 226 kilos sobre la multitud. Cuando el humo se disipó, algunas personas se alejaron a trompicones en busca de refugio. Luego, un jet que los seguía arrojó una bomba de casi una tonelada, y luego otra, matando a la mayoría de los sobrevivientes.
Era el 18 de marzo de 2019. En el concurrido Centro de Operaciones Aéreas Conjuntas del Ejército estadounidense en la Base Aérea Al Udeid en Qatar, el personal uniformado que miraba las imágenes en vivo miraba con asombro e incredulidad, según un oficial que estaba allí.
“¿Quién dejó caer eso?” un analista confundido escribió en un sistema de chat seguro que estaba siendo utilizado por quienes monitoreaban el dron, recordaron dos personas que revisaron el chat. Otro respondió: “Acabamos de matar a 50 mujeres y niños”.
Una evaluación inicial de daños en batalla descubrió rápidamente que el número de muertos eran 80, 64 de ellos civiles.
¿Crimen de guerra?
El ataque de Baghuz fue uno de los incidentes con víctimas civiles más grandes de la guerra contra el Estado Islámico, pero nunca ha sido reconocido públicamente por el Ejército estadounidense. Los detalles, que revela hoy The New York Times tras meses de reunir documentos y entrevistas, muestran que el número de muertos fue evidente casi de inmediato para los oficiales militares.
Un oficial legal señaló el ataque como un posible crimen de guerra que requería una investigación. Pero en casi cada paso, los militares hicieron movimientos que ocultaron el catastrófico ataque. Se minimizó el número de muertos. Los informes se retrasaron, suavizaron y clasificaron. Las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos arrasaron el lugar de la explosión. Y los principales líderes no fueron notificados.
El liderazgo parecía decidido a enterrarlo. Nadie quería tener nada que ver con eso. Te hace perder la fe en el sistema cuando la gente está tratando de hacer lo correcto, pero nadie en posiciones de liderazgo quiere escucharlo".
La investigación del Times encontró que el bombardeo había sido ordenado por una unidad clasificada de operaciones especiales estadounidense, la Fuerza Especial 9, que estaba a cargo de las operaciones en el terreno en Siria, aunque sus operaciones eran casi secretas. Tras el incidente, militares solicitaron la asesoría de un abogado, el teniente coronel Dean W. Korsak Korsak, para saber si se habían cometido crímenes de guerra. Él así lo creyó e informó al respecto, pero nunca se llevó a cabo una investigación exhaustiva e independiente.
La respuesta oficial: un ataque justificado
Esta semana, después de que The New York Times envió sus hallazgos al Comando Central de Estados Unidos, que supervisó la guerra aérea en Siria, el comando reconoció los ataques por primera vez, y dijo que 80 personas murieron, pero que los ataques aéreos estaban justificados. Dijo que las bombas mataron a 16 combatientes y cuatro civiles. En cuanto a las otras 60 personas muertas, el comunicado dijo que no estaba claro que fueran civiles, en parte porque las mujeres y los niños del Estado Islámico a veces tomaban las armas.
Un grupo secreto
Un avión F-15, similar al usado en el ataque.
La Fuerza Especial 9 coordinaba ofensivas y ataques aéreos, la mayoría de ellos sin necesidad de autorización previa. Según la ley de conflictos armados, para realizar un ataque aéreo los militares tenían que librar varios filtros de autorización que garantizaran si el ataque estaba justificado y que no dañaría a civiles. Pero había una manera rápida y fácil de omitirlos: alegar un peligro inminente. Para finales de 2018, el 80 por ciento de los ataques del grupo entraban en esa categoría.
Como consecuencia, varias ciudades sirias quedaron reducidas a poco más que escombros y organizaciones de derechos humanos han informado que la coalición causó miles de muertes de civiles. Oficiales de la CIA también pidieron un informe al Inspector General del Departamento de Defensa. Los resultados son clasificados, pero, según una persona que vio el informe, el grupo de trabajo lanzó al menos 10 bombardeos donde sabía que civiles serían asesinados.
Un golpe fatal
En 2019, el campamento de Baghuz era el último resquicio del Estado Islámico, donde la coalición occidental buscaba arrinconarlos hasta que se rindieran. Al menos 29 mil personas lo hicieron, la mayoría mujeres y niños, pero muchos quedaban en el lugar.
Los sucesos del 18 de marzo aún están en disputa. Ese día, los islamistas lanzaron una contraofensiva antes del amanecer. Aproximadamente a las 10:00, las fuerzas sirias locales informaron que estaban bajo fuego y pidieron un ataque aéreo. El dron rastreó a un grupo de combatientes mientras atravesaban el campamento hacia el área donde se refugiaban las mujeres y los niños.
Un oficial de la Fuerza Especial 9 miró imágenes de baja calidad de un dron y dijo no ver a ningún civil. Dio la orden de disparar y alegó autodefensa como la causa, pues aseguró que vio a personas armadas.
Otro dron de alta definición que estaba en la zona grabó una escena muy diferente: dos o tres hombres, no 16 —como dijeron las autoridades al Times—deambulan con rifles. Analistas que vieron las imágenes notaron la presencia de mujeres, niños y un hombre con un arma, pero no mencionaron ningún combate activo.
Las fuerzas de la coalición invadieron el campo ese día y derrotaron al Estado Islámico unos días después. Observadores civiles que llegaron a la zona al día siguiente encontraron pilas de mujeres y niños muertos.
Una investigación fallida
Las regulaciones del Departamento de Defensa requieren que cualquier violación posible o presunta de la ley de conflicto armado sea reportada inmediatamente a varios niveles.
Tras darse cuenta de la evidencia en video, el teniente coronel Korsak acudió a varias instancias y presionó durante meses para pedir una investigación del incidente. Sin embargo, los comandantes no tomaron medidas. La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea—encargada de dar seguimiento a ese tipo de casos—tampoco respondió.
Korsak logró llevar el caso hasta un equipo de la Oficina del Inspector general. El equipo, que incluía al analista Gene Tate, dijo a sus superiores que la acusación de un crimen de guerra era “extremadamente creíble” y pidio a sus superiores alertar a los altos mandos del Ejército. La Oficina dijo al Times que sí hubo un reporte sobre el caso, pero Tate lo niega. El analista enfrentó, de nuevo, trabas: las autoridades responsables entregaban pruebas incompletas, informes inconsistentes y se negaban a firmar documentos para avanzar con la investigación.
Tate, quien siguió presionando sobre el caso, fue despedido. Frustrado, envió una carta revelando toda la información a un Comité del Senado, para pedir que el caso sea investigado. Hasta la semana pasada, seguía esperando respuesta.