Fotos de facturas, capturas de Slack y documentos internos revelan una historia de contradicciones, promesas rotas y millones en juego tras el cierre inesperado de la plataforma internacional 1Fit en México, ocurrido la madrugada del lunes 28 de abril.
A las 4:00 horas, empleados recibieron por Slack un mensaje del CEO, Murat Alikhanov, informando sobre el fin de operaciones debido a una “supuesta amenaza” a la seguridad del equipo en México. Sin embargo, testimonios y pruebas apuntan a que el colapso responde más a una estrategia deliberada que a una emergencia.
Representante legal en México Luis Miguel Garza Elizondo
“Nos dijeron que seguiríamos trabajando desde casa, y horas después nos avisaron del cierre. Fue absurdo”, relató una excolaboradora en Guadalajara.
Ese mismo día, el representante legal en México, Luis Miguel Garza Elizondo, ordenó desalojar las oficinas y luego se deslindó mencionando que no era dueño, sino un colaborador más.
1Fit ofrecía una membresía digital para acceder a gimnasios y centros de bienestar. Solo en marzo de 2025, habría ingresado más de 70 millones de pesos por concepto de membresías, según datos internos. La empresa colaboraba con al menos 420 estudios en Guadalajara y 537 en CDMX.
Entre enero y abril, los cinco gimnasios con mayores ingresos acumulados recibieron pagos por más de 1 millón de pesos. Uno en concreto recibió más de 406 mil pesos, pero no está especificado si efectivamente recibió el monto.
Aunque el CEO abrió un espacio en Slack para dudas, nunca respondió. Poco después, se eliminaron los accesos a correos y canales institucionales.
Los 69 trabajadores de oficinas en Guadalajara y Ciudad de México quedaron sin liquidación, sin contrato formal que respalde sus derechos y con afectaciones físicas y emocionales.
“Perdimos todo de un día a otro. He tenido crisis de ansiedad muy fuertes”, relató otra ex trabajadora.
Los sueldos prometidos iban desde los 15 hasta 60 mil pesos, dependiendo del trato directo con el CEO, pues no existía un tabulador.
Según el testimonio de la exempleada, el representante legal ganaba cerca de 200 mil pesos mensuales.
Usuarios también fueron afectados: muchos pagaron membresías anuales de hasta 9 mil pesos sin recibir respuesta ni reembolso. La aplicación dejó de funcionar y los canales de atención quedaron inactivos.
Actualmente, hay denuncias activas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la embajada de Kazajistán, mientras excolaboradores y clientes buscan justicia ante lo que consideran un cierre planeado, con ganancias millonarias y cero rendición de cuentas.
