¿QUÉ ES EL PLAN B?

Se trata de una serie de reformas a leyes secundarias presentadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, podrían ser aprobadas con la mayoría absoluta de Morena en ambas Cámaras, sin necesitar del voto de los partidos de Oposición, mismos que impidieron a finales del 2022 impidieron los cambios a la Constitución.

La Cámara de Diputados recibió y votó el proyecto proveniente de Palacio Nacional de acuerdo a la instrucción: aprobar sin cambiar una coma. Sin embargo, en su llegada al Senado ya acumula algunas modificaciones.

Hasta el momento, han sido aprobadas las reformas a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.

Este es el diagnóstico hecho por el INE para las próximas elecciones de aprobarse las reformas restantes del Plan B:

  • Serán despedidos 5 mil 80 empleados de las juntas distritales, sin sumar el personal de juntas locales y oficinas centrales.
  • Al eliminarse el Programa de Resultados Preliminares (PREP) se suprimen procesos que dan garantías de trasparencia y certeza a las elecciones y sus resultados, además no se reducen costos.
  • Se planea disminuir entre el 10 y 13 por ciento de la lista nominal por sección, con lo que se reduce el universo de personas que cumplan los requisitos para ser funcionario de casilla.
  • El registro de representantes de los partidos en casillas podría hacerse 48 horas antes de la elección, y no 13 días como ahora, y la sustitución de éstos se dé el mismo día de la elección, y no 10 días antes.
  • Pondría fechas contradictorias para la asignación de diputados de representación proporcional, lo que podría ser factor de impugnaciones.
  • Morena sostiene que solo eliminarán mil 264 plazas de las juntas distritales y locales, generando un ahorro de mil 300 millones de pesos.
  • Se busca fusionar una decena de áreas, por loque el INE alerta que unir las direcciones de Organización con Capacitación, junto a la Unidad de Vinculación con los OPLES (40 por ciento de las operaciones) genera un colapso mayor.  
  • Al adelgazar la estructura, y que ésta sea improvisada, se impactaría los recuentos parciales y totales de votos que se hacen en cada elección, y que promedian el 60 por ciento de los paquetes.
  • Las presidencias de los consejos ya no rendirán un informe sobre el estado de las actas de escrutinio y cómputo, y los partidos no podrán disponer de una copia de los resultados de la casilla.