Pide a ICV dar a apoyos
a motociclistas
Para que pueda realizarse una regularización efectiva de las motocicletas en Nuevo León, Anylú Bendición Hernández llamó al Instituto de Control Vehicular del Estado a establecer esquemas de subsidio en el pago de los derechos estatales por la expedición de placas a fin de apoyar a miles de jóvenes que usan esos vehículos como herramienta de trabajo.
La Diputada local de Morena exhortó también a que los Alcaldes de los municipios metropolitanos replique el programa aplicado en Escobedo, en el que se otorga un subsidio del 100 por ciento en los trámites municipales para la obtención de licencias de motociclista.
Con esas medidas, añadió, podría mejorarse la seguridad, pues se tendría un registro de esos vehículos para saber a quién pertenecen en caso de que sean utilizados en la comisión de algún delito.
“Quienes vivimos en Nuevo León nos hemos dado cuenta de que las motocicletas se han vuelto un verdadero problema y no podemos negar también, que muchos de estos vehículos se están utilizando para cometer actos delictivos y no hay un padrón confiable de quiénes son las personas que traen estos vehículos”, expresó.
“Por eso estamos presentando este exhorto, para que en los municipios del área metropolitana se replique un programa que está llevando a cabo el municipio de Escobedo, que preside el Alcalde Andrés Mijes, donde de manera gratuita se están expidiendo licencias de conducir a motociclistas, pues por lo general quienes tienen esos vehículos son jóvenes que los usan para trabajar.
“Además, estamos pidiendo también al Instituto de Control Vehicular que, en el trámite del registro de las placas, les puedan hacer un descuento o vea la posibilidad de hacerlo de forma gratuita para que en Nuevo León podamos tener un padrón confiable sobre cuántas son las motos que hay, que están circulando, y se tenga el registro para que estos vehículos no se estén utilizando para cometer actos delictivos”.
Buscan transparentar
recursos para arborización
Para obligar a que lo recaudado en el Estado y los Municipios por concepto de derribo de arbolado urbano se destine a su restitución física al establecerlo como patrimonio público, Mario Soto presentó hoy una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental y a la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado.
El coordinador de la fracción de Morena dijo que los recursos obtenidos por compensación ambiental y similares deben transparentarse a través de un informe mensual, evitando actos de corrupción, por la discrecionalidad.
Con las reformas planteadas, añadió, se evitarán casos como el del convenio entre la Secretaría de Medio Ambiente y Reforestación Extrema, pues los recursos generados por obligaciones de la Ley de Arbolado o Ambiental serán catalogados como patrimonio público y no privado.
“La arborización es una labor vital para nuestra metrópoli, no podemos permitir que se siga usando como un negocio para enriquecer a unos cuantos”, expresó.
“Ahora habrá certeza de cada árbol y nunca más se tolerarán convenios opacos que facilitan el robo de dinero de parte de los Municipios. Le estamos dando por fin a este tema la importancia de estado que requiere”.
Propone regular reestructuración de rutas
Para acabar con el desorden provocado por una mala planeación en la reestructuración del transporte urbano, Miguel Ángel García Lechuga presentó una iniciativa de reforma al artículo 70 Bis de la Ley de Movilidad, para la regulación de rutas de camiones.
El Diputado local del PAN, dijo que la en la reforma se plantea el prohibir la cancelación, suspensión, fusión o modificación sustancial de rutas del Sistema Estatal de Transporte Metropolitano (SETME) y del Sistema Estatal de Transporte de Ruta Alimentadora (SETRA) sin que previamente se cumplan diversos requisitos.
Entre los requisitos, añadió, esta la existencia de un dictamen técnico-operativo elaborado por el Instituto de Control Vehicular, en el que se evalúe el impacto en tiempos de espera, suficiencia de unidades y demanda de pasajeros, además de que se gantice que . cualquier modificación no incrementará los tiempos de espera.
También, agregó, debe realizarse una consulta a la ciudadanía afectada sobre alternativas y justificaciones para la modificación de rutas; la garantía de continuidad operativa, asegurando que toda fusión o modificación de rutas mantenga frecuencias mínimas aceptables, el número suficiente de unidades y operadores, así como la distribución territorial de los recorridos sin reducir la conectividad de las colonias afectadas.
“El transporte público en Nuevo León ha sido objeto de una reestructuración que, lejos de mejorar la movilidad de los ciudadanos, ha generado una crisis de accesibilidad y eficiencia”, expresó.
“La llegada de los nuevos camiones verdes, adquiridos por el Gobierno del Estado como parte de su estrategia de modernización del transporte, se esperaba una mejora sustancial en la calidad del servicio.
“Sin embargo, la realidad ha sido otra: en lugar de contar con más unidades, es claro que, en las rutas de Santa Catarina, la cantidad de autobuses disponibles ha disminuido, y con la fusión de ramales, los tiempos de espera han aumentado de manera alarmante”.
Plantean cárcel por dejar
a menores en auto
Con el objetivo de que el abandono momentáneo de menores al interior de vehículos -dejándolos expuestos a condiciones que pongan en riesgo su vida o integridad física-, se castigue con prisión de tres meses a dos años, Melisa Peña presentó hoy una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La Diputada local de Movimiento Ciudadano dijo que en Nuevo León, donde las altas temperaturas son extremas, esta conducta o “descuido” pone en grave peligro a los menores, por lo que debe tener un castigo.
“Queremos que en estos actos, se les dé una pena como lo que es, no un descuido sino un daño muy grave a nuestros menores, por lo que hoy pedimos adicionar un artículo en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y uno en el Código Penal para que cualquier tutor o familiar de un menor que lo deje en un vehículo tenga penas mínimas de tres meses, simplemente por haberlo dejado ahí unos minutos”, expresó.
En la reforma se plantea adicionar un artículo 47 Bis a la Ley para prohibir, de forma expresa, el dejar a menores sin supervisión dentro de vehículos en condiciones que representen un riesgo para su salud o integridad.
Además, dijo Peña, se adiciona el artículo 287 Bis 4 al Código Penal, con un nuevo Capítulo 7 Bis 1 denominado “Omisión de cuidados en vehículos automotores o ambientes peligrosos”, que establece:
“Lo que se está planteando es una sanción penal de 3 meses a 2 años de prisión y multa de 50 a 200 cuotas para quien deje a un menor sin supervisión dentro de un vehículo en condiciones de riesgo”, agregó, “además, se contempla el agravante de si hay lesiones o muerte del menor, se aumentan en una mitad las penas que corresponden”.
En la iniciativa, añadió, también se establece que las autoridades deberán implementar campañas permanentes de prevención y concientización, así como protocolos de actuación inmediata para evitar el abandono de menores al interior de vehículos.
“Proteger la vida y seguridad de nuestras niñas y niños es una responsabilidad de todos”, expresó.
“No podemos permitir que por descuido o irresponsabilidad sigamos lamentando tragedias que pudieron evitarse”.