Por Miriam García
Piden que policías estatales desarrollen proximidad social
Una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Pública en materia de proximidad social y mediación de las instituciones policiales, presentó Iraís Reyes.
La Diputada local de Movimiento Ciudadano dijo que en la iniciativa plantea que las policías estatales incorporen a sus funciones medidas de proximidad social y mediación, tal y como ocurre actualmente con las policías municipales.
Agregó que, de aprobarse la reforma, se obligaría a que todas las instituciones policiales del Estado deban desarrollar funciones de proximidad social, así como aplicar la mediación como herramienta de prevención y solución de conflictos.
“A pesar de que la proximidad social ya está establecida como una función de todas las instituciones policiales en el Artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a nivel estatal solamente se contempla como función de las policías municipales”, expresó.
“Se deben incorporar medidas que den solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios, como la incorporación de la mediación y resolución de conflictos en la labor policial, tanto estatal como municipal.
“Lo que queremos es darle mayores facultades a la Policía estatal para evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia, y mediante un enfoque preventivo, abonar a la paz social”.
Plantean reforma para proteger a animales salvajes
Con la finalidad de que haya un protocolo para proteger a osos y otros animales que bajan a la Ciudad, Eduardo Leal presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección y Bienestar Animal.
El Diputado local del PAN dijo que con ello se busca garantizar la vida de los animales, evitar que se les maltrate y obligar a las autoridades municipales a informar.
“Es una reforma a la Ley de Protección y Bienestar Animal para que se establezca un protocolo de actuación al observar a un animal rupestre o salvaje en la zona urbana para su protección y el regreso a su hábitat, pero también para garantizar la seguridad e integridad de las personas”, expresó.
“Vimos recientemente un caso en Coahuila en donde lastimaron a un oso de cuatro meses hasta que lo mataron y que eso se realizó en presencia de la Policía, lo que es lamentable.
“Creemos que con la crisis del agua que tenemos, ahora es más común que los animales bajen en Mederos, en El Huajuco, La Huasteca, en Santiago, en municipios del sur de Nuevo León, y debemos cuidarlos, y que tanto la autoridad municipal como el Estado actúen para protegerlos, y para ello es que estamos proponiendo establecer en la Ley que debe haber un protocolo y exigiendo que las autoridades municipales estén obligadas a comunicar a la autoridad estatal de los avistamientos de animales salvajes”.
Leal agregó que el protocolo deberá ser aplicado por las autoridades municipales y, en caso de que no cuenten con un centro de control felino y canino, den aviso a Protección Civil del Estado para que apoyen en ello.
“En caso de que un elemento no dé aviso de la presencia de un animal”, añadió, “habrá para ellos sanción administrativa”.
Demandan a autoridades ponerle un alto a escuelas que exigen cuotas a padres de familia
Al denunciar que en escuelas como la Secundaria Número 80 ‘José Joaquín López de Lizardi’, en Guadalupe, no se inscribe para el nuevo ciclo escolar a menores si sus padres no pagan cuotas de mantenimiento, Jessica Elodia Martínez demandó al Gobernador Samuel García y a la Secretaría de Educación. Sofialeticia Morales, poner fin a esos actos y no impedir el acceso a la educación.
La coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso local dijo que las cuotas son voluntarias y que no puede condicionarse a su pago obligado la inscripción de un menor para el ciclo escolar que arranca el lunes, por lo que pidió a Olga Susana Méndez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) iniciar una investigación ante los actos de discriminación por exclusión que se cometen en ese plantel.
Martínez también demandó al Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva (ICIFED) aplicar los recursos económicos anunciados por la Administración estatal para la rehabilitación de ese plantel y otros a fin de que no se exija el pago de cuotas para ello.
“Hay que recordarle a todos los directivos que las cuotas son voluntarias y no debe negársele la educación a los niños, niñas y adolescentes por ese tema, que se les tiene que inscribir, porque la primaria y la secundaria son obligatorias y gratuitas, y no se les puede condicionar el acceso a la educación al pago de cuotas”, expresó.
“En la Secundaria 80, en Guadalupe, se les está negando la inscripción si no pegantes tickets con diferentes cobros, uno para cuotas, otro para el pago de maestros de artes y otro para algunas festividades y a quienes no los pagan, no los inscriben y la directora es la que niega la inscripción, hablé con ella, pero no entró en razón, dice que les hace falta recurso para el mantenimiento de la escuela”.
El exhorto, que fue entregado en la Oficialía de Partes del Congreso, tendrá que ser analizado hasta la primera sesión ordinaria del periodo que inicia el 1 de septiembre.
“Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que gire las instrucciones necesarias a la Secretaria de Educación, Sofialeticia Morales, para que verifique y haga cumplir lo establecido en la Constitución del Estado y en la Ley de Educación y no se permita el condicionamiento por la falta de pago de cuotas escolares, en la Escuela Secundaria número 80 José Joaquín López de Lizardi”, se plantea en el exhorto.
“Se pide a la Secretaria de Educación que inicie una investigación hacia la directora de esa secundaria, la maestra Matilde Brandi Patiño, y no permita que condicione la inscripción de los alumnos a cambio de las cuotas escolares como lo hace al menos desde el año 2009, en todos los planteles educativos en los que ha sido directora.
Avalan que no se obligue el uso
de cubrebocas en las escuelas
Diputados locales del PRI, Morena y PVEM avalaron el que no se obligue al uso de cubrebocas en las escuelas, pues así serán los padres quienes, en un primer filtro, determinen si sus hijos lo usan o no.
“Apoyamos la decisión de la autoridad de salud para que sea opcional el uso de cubrebocas en el regreso a clases presenciales, pues el primer filtro siempre serán los padres de familia y ellos son los que definirán si sus hijos van a no con cubrebocas”, expresó Perla Villarreal, Diputada local del PRI y presidenta de la Comisión Especial de Vigilancia para el Mantenimiento y Recuperación de Planteles Educativos.
“A estas alturas ya todos sabemos que hay las condiciones para apoyar esta medida, pues vemos eventos deportivos masivos, conciertos, y demás, en donde hay demasiada gente y no se usa el cubrebocas, y en las escuelas es menor la cantidad de gente y los niños sufren con el cubrebocas y pues vemos bien el que se ponga a decisión del padre el que sisa hijos lleven o no cubrebocas”.
El jueves, apenas unos días antes del inicio del ciclo escolar, el semáforo epidemiológico volvió a verde en Nuevo León, por lo que la Secretaría de Salud estatal informó que el uso de cubrebocas en las aulas será opcional, no obliga Ésta será la primera ocasión desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, que los alumnos de educación básica podrán estar en clases presenciales al 100 por ciento de aforos y sin el uso obligatorio de cubrebocas.
“Creo que en este momento se ha avanzado mucho con la vacunación y me parece que sí se puede dar ese paso”, agregó Jéssica Martínez, de Morena, “además de que los niños llegaban con el cubrebocas y en un rato ya se lo andaban quitando y eso era un riesgo mayor, pero vamos a estar muy al pendiente de que no haya un incremento en los contagios”.
Raúl Lozano, del PVEM, también estuvo de acuerdo en que el uso de cubrebocas en las escuelas sea opcional y no obligatorio.
“Al moverse el semáforo a verde, pues tenemos que evolucionar en esta parte y trasladar a los padres de familia la responsabilidad de definir su sus hijos van a clases con cubrebocas o no”.
Exigen sanciones por contrato asignado
a funcionario estatal amigo del Gobernador
Aunque el Municipio de Monterrey haya cancelado el contrato asignado a un funcionario estatal amigo del Gobernador Samuel García y del Alcalde Luis Donaldo Colosio, debe haber sanciones en ese caso, demandaron legisladores locales.
Jessica Martínez, de Morena, dijo que el hecho de que se haya cancelado el contrato “amigo” en Monterrey. no debe implicar la no aplicación de sanciones a quienes intervinieron en él.
“Tiene que haber una sanción porque se escogió el contrato más caro. así que no se trata nada más de cancelarlo, hay que ver por qué se tomó la decisión, quién tomó la decisión, quien realizó la revisión y que realmente haya una consecuencia de haber escogido lo más caro, además del hecho de que el proveedor era un funcionario del Estado y amigo del Gobernador y del Alcalde de Monterrey”, expresó.
“Tiene que aclararse a fondo, porque si la misma persona va a seguir decidiendo los contratos, siempre va a estar escogiendo los más caros”.
El jueves, Colosio frenó el convenio para la compra de productos de limpieza con la empresa Gumon Comercializadora, de Gustavo Edgardo Nuño Treviño, Subsecretario de Administración estatal tras cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés o tráfico de influencias en esa operación y luego de revelarse los sobrecostos.
Ese mismo día, el Alcalde emecista descartó sanciones con el argumento de que la Controlaría regia, a cargo de Lourdes Williams, no halló alguna irregularidad en el acuerdo de 10.5 millones de pesos.
“Me pronuncié porque se cancelara el contrato y se determinó esa acción”, agregó Raúl Lozano, coordinador de la fracción del PVEM, “y aunque la Contraloría dice que no hay conflicto de interés y que los precios estaban acordes al mercado, pues creemos que s´se debe revisar que haya alguna responsabilidad y vamos a ver que nos dice después la Auditoría, así que no se puede descartar una sanción”.
Por separado, Eduardo Gaona, de Morena, dijo que el Municipio vía la Contraloría ya había revisado el caso y determinado que no había nada qué sancionar.
“No encontraron un conflicto de interés, así lo estimó la Contraloría y pues en ese sentido es congruente que no haya una sanción y pues hay que apegarse a lo que la Contraloría estableció”.
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