Por Miriam García
Buscará PRI amparo contra 'tarifazo'
Ante el abuso en que incurrieron algunos transportistas aplicando un aumento ilegal al servicio, Lorena de la Garza anunció que buscarán tramitar una serie de amparos contra el “tarifazo” para que los usuarios no paguen los 15 pesos que se les están cobrando.
La presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso local dijo que ya en el 2018 tramitaron amparos contra el tarifazo que pretendió aplicarse durante la gestión del ex Gobernador, Jaime Rodríguez.
De la Garza acudió hoy a solicitar al Instituto de Movilidad un informe sobre las sanciones aplicadas a los transportistas que aplicaron el aumento ilegal.
“Creo que vamos a estar en una situación tensa y vemos que ya hay peleas porque la gente está enojada por algo que no debe ser, hay que irnos al amparo, sí, eso lo tenemos que preparar y lo hemos hecho en el pasado que en el 2018 y desde el PRI hicimos este proceso con los usuarios de transporte para ampararnos en contra de ese aumento ilegal”, expresó.
“Ahorita lo tenemos que volver a hacer, ya nos dieron la razón jurídica en el pasado, no tengo duda de que otra vez se nos va a conceder, nosotros vamos a tramitar esa defensa jurídica.
“El amparo fue colectivo en ese entonces y tiene que ser colectivo ahora”.
La Diputada local priista dijo que la Ley es clara y establece que por cobrar tarifas no autorizadas se debe retirar la concesión, pero los transportistas están abusando de que ellos cuentan con las unidades y que, si dejan de prestar el servicio, se generaría un caos en el traslado de los ciudadanos.
“Lo que están haciendo es una ilegalidad”, añadió, “y tiene que haber consecuencias.
“Tiene que convocarse a una junta de emergencia de la Junta de Gobierno del IMA porque ésto no puede seguir así y si había un acuerdo de subsidiar la tarifa, se tiene que cumplir para frenar ese abuso, este cobro de tarifa ilegal”.
De la Garza entregó al Instituto de Movilidad un listado de 16 rutas en las que se está aplicando la tarifa de 15 pesos y demandó a la autoridad actuar para evitar que los usuarios sigan viendo afectadas sus finanzas.
“Trajimos un listado de 16 rutas que estaban cobrando los 15 pesos”, añadió, “pero sabemos que son más y seguimos recibiendo estos reportes, es una ilegalidad”.
Planteó a las autoridades de Movilidad que se apoyen con Tránsito de los municipios.
“Es momento de que pidan apoyo de los Alcaldes”, expresó.
Dijo que hubo acuerdo el 12 de junio, donde se estipuló que se le iban a dar 2 pesos por kilómetro recorrido a los transportistas y que no se ha cumplido.
PIDE REPORTE DE SANCIONES
Al reiterar su rechazo al “tarifazo”, De la Garza solicitó al Instituto de Movilidad un informe de la cantidad de sanciones, multas e infracciones aplicadas a las rutas del transporte público que cobraron 15 pesos a los usuarios que pagan en efectivo.
“Este escrito contiene también una solicitud de información para que nos digan qué sanción se aplicó, qué multa y cuál va a ser la siguiente acción que se haga contra los concesionarios o permisionarios que estén cobrando esta tarifa ilegal”, expresó.
“Nosotros no estamos a favor del tarifazo, lo hemos manifestado en diferentes ocasiones, sí creemos que debe de haber un plan emergente para poder aliviar la crisis de movilidad que tenemos, la crisis del transporte”.
Pide incluir a cuencas en Ley Ambiental
Una iniciativa para modificar la Ley Ambiental de Nuevo León con el objetivo de que se consideren las cuencas a la hora de definir el desarrollo, presentó hoy Brenda Sánchez.
La Diputada local de Movimiento Ciudadano dijo que la cuenca el territorio que acumula el escurrimiento de agua que cae desde las partes altas de cerros y montañas.
“Es una iniciativa para introducir dentro de la Ley Ambiental el concepto de ‘ordenamiento territorial y de cuenca’, porque ahora más que nunca queda claro que el tema hidrológico tiene que estar incluido, porque no se ha estado considerando la cuenca, solamente las fuentes superficiales, y es de mucha importancia que consideremos la cuenca de la metrópoli y las de todo Nuevo León”, expresó.
“La Ley actualmente contempla lo que es el desarrollo urbano, y esto solo contempla la actividad del hombre, la actividad comercial, la actividad de construcción, pero ha dejado a un lado el aspecto de ordenamiento ecológico territorial. Tenemos dos instrumentos territoriales que son la Cuenca de Burgos y un ordenamiento que es caduco, que es el del Huajuco.
“Hoy por hoy, esta reforma de Ley pretende involucrar tres aspectos: incluir la cuenca dentro del ordenamiento territorial, que se considere a lo académicos en la toma de decisiones y la creación de comités para la toma de decisiones.
“Esta Ley nos va a permitir límites geográficos al crecimiento desordenado que hemos tenido, sobre todo en la metrópoli, pero principalmente detonar otros elementos territoriales de desarrollo, como pudiera ser Linares, Galeana, el norte de Nuevo León, en orden”.
Sánchez dio que el ordenamiento ecológico territorial es un instrumento que regula y permite identificar la aptitud territorial, además de conciliar los conflictos entre actividades productivas por el uso del territorio.
“Lo que se busca”, añadió, “es que considerando la cuenca, se pueda salvaguardar el futuro de las ciudades.
“Hay zonas que no se debieron desarrollar nunca en la zona metropolitana por aspectos de agua, un ejemplo claro es todo lo que es gran parte de García y una parte de Escobedo, nunca debieron desarrollarse en virtud de que están a 600 metros sobre el nivel del mar y el agua de El Cuchlllo está 160 metros sobre el nivel del mar, lo que implica una fuerza motriz para que llegue el agua a esas zonas es muy difícil”.
Demanda que se cancelen concesiones a transportistas
A los transportistas que aplicaron un aumento a las tarifas del servicio sin que éste haya sido autorizado oficialmente se les deben cancelar las concesiones, demandó hoy Brenda Sánchez.
La Diputada local de Movimiento Ciudadano dijo que más que promover amparos contra el incremento indebido, debe confiarse en que la autoridad estatal aplicara “mano dura” contra los transportistas rebeldes y les quitará las concesiones con las que operan, tal y como se establece en la Ley.
“El Gobierno está valorando la posibilidad de quitarles la concesión que tienen, porque es muy clara la Ley de Movilidad en cuanto que si existe una violación a las tarifas, son sujetos de removerles la concesión”, expresó.
“Creo que ya es tiempo de que les quiten la concesión, se han sentido dueños de los camiones y sí, lo pueden ser, pero prestan un servicio público y por eso s les concedió la concesión.
“Así que el Gobierno deberá crear todo un mecanismo para que se apliquen las sanciones correspondientes y que se evalúe el marco jurídico para retirarles las concesiones, tienen que entender que no están por encima de la Ley y que les van a quitar las concesiones si siguen así, porque es una falta a la concesión que tienen”.
Sánchez dijo que los transportistas se están “pasando de listos”, pero que el Gobierno tiene los elementos jurídicos para quitarles las concesiones.
“Que les retiren las concesiones”, añadió, “porque no vamos a estar batallando con gente que no quiere trabajar, que no le quiere prestar un servicio a la comunidad, pues no, que se vayan, habrá mucha gente que quiera dar el servicio”.
Busca garantizar servicios para comunidades
indígenas en su lengua nativa
Para garantizar que las comunidades indígenas reciban los servicios jurídicos y de salud de manera gratuita y en su lengua nativa, Ricardo Canavati Hadjópulos presentó hoy una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas.
El Diputado local del PRI, y presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, dijo que con la reforma se busca que haya traductores o expertos en su lengua natal de forma presencial o por medio digitales, pues es urgente garantizarles sus derechos humanos.
La iniciativa, añadió, contempla modificaciones a los artículos 3,18, y 31 de la Ley.
“Estamos presentando una iniciativa para modificar la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas para reconocer la necesidad y el derecho a ser asistidos en el derecho a la salud y el derecho a la justicia, para hacerlos efectivos las personas que hablan alguna lengua indígena u originaria, la idea es que tengan acceso a traductores personas de origen otomí, zapoteca, huasteca y algunas otras lenguas”, expresó.
“No hay suficientes traductores, tienen el Poder Judicial y las instituciones de salud algunas personas para traducir, pero no tienen acceso para tenerlos disponibles en todos los lugares, a todas horas, cuando se les asigna un caso, en ocasiones los traductores no alcanzan a llegar a tiempo, entonces la idea que también puedan hacerlo por medios digitales que puedan comunicarse de manera remota para asistir a las personas”.
Canavati Hadjópulos dijo que en Nuevo León hay unos 77 mil 500 personas que hablan lenguas indígenas, principalmente náhuatl, huasteco, zapoteco y otomí, y que la mayoría se concentra en los municipios de Juárez y García.
“Hay una base de datos que tiene el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que es de alrededor de 18 traductores que están certificados por ellos”, agregó, “pero la cuestión es que se necesitan más traductores y que estén disponibles de más formas, que no tengan que estar necesariamente presenciales, sino que puedan asistir por vías digitales.
Buscan atender a tiempo la explotación laboral infantil
Una iniciativa para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se coordine con las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes para atender con celeridad casos de explotación laboral infantil, presentó hoy Norma Benítez.
La Diputada local de Movimiento Ciudadano dijo que está proponiendo modificar los artículos 121 y 122 de la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Artículo 542 de la Ley Federal del Trabajo.
Por tratarse de ordenamientos federales, si su propuesta es avalada en el Congreso local, tendría que remitirse al Congreso de la Unión para su aprobación en definitiva.
Agregó que, de acuerdo al INEGI, en México, una de cada tres personas de entre 5 y 17 años participa en el mercado laboral desarrollando actividades peligrosas o servicios domésticos no remunerados de carácter peligroso.
“La inclusión al mercado laboral a edades tempranas obedece a una histórica desigualdad social, a la falta de oportunidades y a la imperiosa necesidad de proveer el sustento y los alimentos en las familias mexicanas. Y esto puede traer consecuencias que afectan el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes”, expresó.
“Al reformar la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Federal del Trabajo, incluimos a la Procuraduría Federal y a las Procuradurías de las Entidades Federativas de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes como entes coadyuvantes en la vigilancia del cumplimiento de las leyes y demás normas que rijan el trabajo de menores, a través de una coordinación efectiva con la Inspección del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con el objeto de fortalecer los mecanismos vigentes en materia e incrementar la capacidad de respuesta para erradicar el trabajo infantil”.