Por Miriam García

Exigen a Estado informar sobre acciones
para prevenir violencia contra las mujeres

El Congreso local aprobó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo estatal información sobre las acciones emprendidas en las zonas donde existen elevados índices de violencia contra las mujeres.

En el acuerdo, que fue propuesto por Alhinna Vargas, Diputada local del PRI, también se planteó solicitar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Aldo Fasci, que refuerce las estrategias policiales para prevenir los feminicidios, pues aumentan cada año.

“De enero de 2015 a enero del presente año, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 5 mil 549 feminicidios, pero es de destacarse que en todo el 2015 se cometieron 412 y para el 2021, la cifra fue de 969 feminicidios, es decir, en ese lapso de tiempo el incremento de este delito fue del 135 por ciento. Sólo en el pasado mes de enero en el País se dieron 75 delitos de feminicidio”, expresó.

“En Nuevo León, de acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, al 4 de marzo se habían contabilizado 29 delitos en este año. En su informe anual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de feminicidios por cada cien mil mujeres en nuestro estado es de 0.17, superior a la tasa nacional que se ubica en 0.11.

“La violencia contra la mujer es un resabio de la cultura machista que ha prevalecido por siglos, no solo en nuestro país, sino en gran parte del mundo; sin embargo, tenemos que fortalecer las instituciones y los instrumentos jurídicos que han sido creadas para intentar detener la presencia de este delito que nos agravia a todas las mujeres”.

Buscan combatir acoso en el transporte público

El Congreso local aprobó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo estatal información sobre las acciones emprendidas en las zonas donde existen elevados índices de violencia contra las mujeres.

En el acuerdo, que fue propuesto por Alhinna Vargas, Diputada local del PRI, también se planteó solicitar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Aldo Fasci, que refuerce las estrategias policiales para prevenir los feminicidios, pues aumentan cada año.

“De enero de 2015 a enero del presente año, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 5 mil 549 feminicidios, pero es de destacarse que en todo el 2015 se cometieron 412 y para el 2021, la cifra fue de 969 feminicidios, es decir, en ese lapso de tiempo el incremento de este delito fue del 135 por ciento. Sólo en el pasado mes de enero en el País se dieron 75 delitos de feminicidio”, expresó.

“En Nuevo León, de acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, al 4 de marzo se habían contabilizado 29 delitos en este año. En su informe anual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de feminicidios por cada cien mil mujeres en nuestro estado es de 0.17, superior a la tasa nacional que se ubica en 0.11.

“La violencia contra la mujer es un resabio de la cultura machista que ha prevalecido por siglos, no solo en nuestro país, sino en gran parte del mundo; sin embargo, tenemos que fortalecer las instituciones y los instrumentos jurídicos que han sido creadas para intentar detener la presencia de este delito que nos agravia a todas las mujeres”.

Una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para que el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) participe en el sistema de protección a las mujeres y pueda combatirse el acoso de éstas en el transporte público, presentó hoy Sandra Pámanes.

La Diputada local de Movimiento Ciudadano dijo que lo que se busca es que el Instituto genere mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres víctimas de violencia, acoso u hostigamiento sexual en el transporte.

También, agregó, en coordinación con el Instituto Estatal de las Mujeres, deberá elaborar los protocolos de prevención y detección de esas conductas.

“Esta iniciativa es para que dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incluya al Instituto de Movilidad como parte del sistema, para que pueda establecer y crear los protocolos necesarios para evitar lo que es el acoso, el hostigamiento y el abuso hacia las mujeres y niñas en el transporte público”, expresó.

“De esta forma, el Instituto de Movilidad en coordinación con el Instituto de la Mujer también puedan establecer los protocolos con todo el rigor para que se dé la debida protección a las mujeres y se haga una labor de coordinación con los 51 municipios del Estado para que se puedan establecer mecanismos para actuar ante una situación de riesgo para las mujeres”.

Agregó que un diagnóstico elaborado por ONU Mujeres precisa que al menos 90 por ciento de las mujeres que usan el transporte público en el área metropolitana de Monterrey, han sido víctimas de algún tipo de violencia.

El estudio, dijo Pámanes, señala que el 54 por ciento de las mujeres han sufrido “recargones” de carácter sexual en el transporte público, el 38.2 por ciento han sentido miedo y el 21.1 por ciento han descrito que las persiguieron.

Piden a municipios informar sobre la Alerta de Género

El Congreso local aprobó hoy pedir a los municipios con Alerta de Género y a la Secretaría de la Mujer que informen sobre los programas implementados para atender la alerta.

A propuesta de Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, también se acordó exhortar a la Fiscalía General de Justicia a que publique los protocolos de investigación en delitos contra la mujer y al Tribunal Superior de Justicia para que elabore estadísticas sobre sentencias en las que se haya empleado la perspectiva de género.

Reyes precisó que los municipios con Alerta de Género son Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Juárez y Cadereyta.

“Los municipios que están en Alerta de Género tienen la obligación de emprender acciones orientadas en seguridad, prevención y justicia, así como promover un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas como política para guiar el actuar de la función pública”, expresó.

“Estos municipios y el Estado, vía la Secretaría de la Mujer, deberán informar al Congreso del Estado los planes, programas, metodologías de evaluación y seguimiento que implementarán en la presente Administración para atender la Alerta de Violencia de Género.

“La tarea de atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es una responsabilidad compartida del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos, los cuales deben elaborar planes y programas de atención de violencia contra la mujer, además de seguir las recomendaciones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para el Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”.