Dos veces por semana en una gasolinera al oeste de la capital de Nicaragua, los residentes locales se reúnen con mochilas, ropa y artículos de tocador metidos en bolsas de plástico y chaquetas pesadas en preparación para un viaje frío lejos del calor sofocante.
Enfermeras, médicos, estudiantes, niños, agricultores y muchos otros nicaragüenses se despiden con lágrimas en los ojos mientras esperan autobuses privados para la primera etapa de un viaje de más de 2 mil 800 kilómetros con destino final a Estados Unidos.
Durante generaciones, Nicaragua, el segundo país más pobre del Hemisferio Occidental después de Haití, vio solo a un pequeño número de personas migrar hacia el norte. Pero la inflación vertiginosa, los salarios decrecientes y la erosión de la democracia bajo un Gobierno cada vez más autoritario han cambiado drásticamente el cálculo.
Ahora, por primera vez en la historia de ese país, una gran cantidad de nicaragüenses camina hacia la frontera sur de EU, después de haber sido desplazadas por la violencia, la represión y la pobreza.
La atención se ha centrado este año en el número récord de venezolanos y cubanos que llegan a Estados Unidos, pero este aumento menos notorio pero notable de nicaragüenses también se está sumando a la crisis migratoria.
Más de 180 mil nicaragüenses cruzaron a Estados Unidos este año hasta fines de noviembre, unas 60 veces más que los que ingresaron durante el mismo periodo dos años antes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU.
Y mientras decenas de miles de personas permanecen atrapadas en México luego de que la Suprema Corte dictaminó el martes (27/12/22) mantener vigente el Título 42— la medida de salud pública que permite a Estados Unidos rechazar a los migrantes que llegan a la frontera— los nicaragüenses pueden seguir ingresando al país, ya que están en gran parte excluidos de la medida.
Tatiana González Chacón, de 23 años, una panadera, se fue de la región de Bluefields, en el este de Nicaragua, a Phoenix, Arizona, el mes pasado, porque su padre, líder de un partido de Oposición al que se le revocó la carta constitutiva, fue acusado de terrorismo y tuvo que huir a Costa Rica.
Nicaragua solía ser un país envidiable, un lugar al que la gente quería ir. Ahora es un lugar donde su propia gente quiere salir. Cuando cruzas ese río hacia Estados Unidos, es como si respiraras un aire diferente".
A principios de este mes, en una parada de autobús en Managua, la capital, una madre de tres hijos que pidió no ser identificada estaba haciendo el viaje.
El viaje le costó 2 mil dólares y todavía estaba en deuda con un contrabandista por un intento fallido anterior de llegar a Estados Unidos.
Cuatro hermanos que recientemente heredaron una finca cuyos costos de semillas y fertilizantes se han cuadruplicado también abordaron un autobús rumbo al norte.
Los migrantes de Nicaragua han estado exentos en gran medida del Título 42 porque el país no permite vuelos de deportación y México se ha negado a aceptar personas de allí.
Otra afluencia significativa de nicaragüenses también ha cruzado a Costa Rica y, combinada con los que se dirigen al norte, ha dado como resultado que aproximadamente el 10 por ciento de la población de Nicaragua se haya ido en los últimos cuatro años, lo que subraya la falta generalizada de fe en el Gobierno del Presidente Daniel Ortega.
Durante décadas, los migrantes de México, El Salvador, Guatemala y Honduras fueron los grupos dominantes que llegaban a la frontera de Estados Unidos. Los líderes del Gobierno de Nicaragua a menudo se jactaban de que sin las poderosas pandillas que aterrorizaban a los países vecinos, los nicaragüenses se sentían relativamente seguros y no necesitaban huir.
La dinámica comenzó a cambiar en 2018. Ortega, un ex revolucionario de izquierda que lideró la nación durante la guerra civil en la década de 1980, ganó la Presidencia en 2006 luego de que se hicieran cambios a la Constitución para permitir que los candidatos ganaran sin una mayoría absoluta de votos.
Desde entonces, Ortega ha sido reelegido tres veces, incluido el año pasado, en una votación que gran parte de la comunidad internacional y muchos grupos de derechos humanos consideraron una farsa debido a las medidas antidemocráticas de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien es la Vicepresidenta.
La pareja gobernante ha hecho cambios institucionales y ha llegado a acuerdos con opositores que les han permitido controlar la Corte Suprema, la comisión electoral y la Asamblea Nacional. Han comprado estaciones de televisión y las han hecho más simpatizantes del Gobierno, mientras sacan del aire a sus críticos.
En 2018, estallaron protestas por los cambios en las reglas de seguridad social que habrían requerido que los trabajadores paguen más y los jubilados reciban menos. Pero las manifestaciones se expandieron a levantamientos masivos contra el Gobierno en todo el país que duraron meses y provocaron varios cientos de muertes.
La respuesta de Ortega fue brutal. Furioso por los bloqueos de carreteras que los manifestantes habían levantado en toda Nicaragua, el Gobierno encarceló a los líderes de la Oposición y cerró los partidos políticos y los grupos de la sociedad civil. Muchos activistas políticos y periodistas huyeron.
El éxodo se desaceleró durante la pandemia de Covid-19, pero se reanudó el año pasado después de que Ortega intensificó su represión, cerrando institutos de investigación, clausurando organizaciones de derechos humanos y arrestando no solo a sus opositores políticos sino también a sus familias por cargos falsos, incluido el de planear un golpe de estado.
Antes de las elecciones del año pasado, Ortega encarceló a siete candidatos presidenciales y prohibió la participación de varios partidos de Oposición. El Presidente Joe Biden calificó los comicios como “ni libres ni justos, y ciertamente no democráticos”.
Un portavoz del Gobierno de Nicaragua no devolvió varios mensajes en busca de comentarios.
“Se eliminan los medios de comunicación, se eliminan los partidos políticos, se eliminan las universidades. ¿Por qué crees que la gente se está yendo?”, dijo Manuel Orozco, analista nicaragüense de Inter-American Dialogue, un instituto de investigación con sede en Washington.
Muchos nicaragüenses también se están yendo debido a las crecientes dificultades económicas bajo el Gobierno de Ortega.
Aunque las cifras del Fondo Monetario Internacional muestran que alrededor del 25 por ciento de los nicaragüenses viven en la pobreza, los analistas dicen que la tasa real probablemente sea mucho más alta, ya que dos tercios de la nación viven con alrededor de 120 dólares al mes.
“La única forma en que puedes encontrar un trabajo donde puedes ganar una cantidad que no es muy buena pero un poco más cómoda es si estás aliado con el Gobierno”, señaló Víctor Hernández, de 29 años, quien salió de la ciudad de León en octubre y está viviendo en Nashville, Tennessee, haciendo trabajos ocasionales.
“Compré un pequeño terreno hace cinco años para construir una casa y no he podido comprar un solo ladrillo”.
Hernández trabajó en Nicaragua como gerente de un restaurante antes de quedar desempleado durante un año. Finalmente encontró un nuevo trabajo en un restaurante ganando 250 dólares al mes, pero no era suficiente para mantener a sus dos hijos, a pesar de que su esposa también trabajaba. Decidió dejar atrás a su familia, con la esperanza de regresar en unos años.
“La situación en Nicaragua es demasiado fea”, aseveró Hernández.
El dinero que gente como Hernández está enviando a casa está ayudando a sostener el Gobierno de Ortega, que está bajo sanciones de Estados Unidos contra personas y empresas asociadas con el Gobierno.
Los nicaragüenses enviaron 3 mil millones de dólares a casa en 2022, dijo Orozco, lo que hace que las remesas representen el 17 por ciento de los ingresos fiscales del país.
“Es una paradoja”, dijo Alberto Cortés, profesor de la Universidad de Costa Rica. “Tienen diferencias con el régimen, por lo que al irse ayudan a mantener el régimen. El Gobierno está bien con las salidas de todas estas personas”.