ESTUDIABAN INGENIERÍA
Con estudios truncos en ingeniería, dos jóvenes de 26 y 27 años fueron detenidos en abril de 2021 por autoridades federales como los probables responsables de armar drones que un grupo delictivo presumiblemente vendía a los Cárteles de Santa Rosa de Lima (CSRL) y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Uno es Rogelio Juan Luna Villa, quien nació el 28 de diciembre de 1994, vivía en Xochitepec, Morelos, y estudió hasta el séptimo semestre de Ingeniería Civil.
El otro se llama Diego Jiménez Martínez, nació el 18 de marzo de 1994, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, y con estudios hasta el séptimo semestre de Ingeniería Mecánica.
LA DETENCIÓN
Cuando fueron aprehendidos y puestos a disposición de un juez, ambos manifestaron ser solteros y tener como ocupación la de comerciante en la plataforma Mercado Libre. Los dos permanecen presos en el penal de San Miguelito, en la capital poblana.
Unos días después de las capturas de Luna y Jiménez, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que el CJNG estaba empleando drones con explosivos en Jalisco, Guanajuato y Michoacán.
La hipótesis de las autoridades federales fue que un grupo dedicado a la compraventa de armas y explosivos robados subcontrataba a estos jóvenes para que manufacturaran drones con C-4. Luego, los empleadores vendían los dispositivos a los dos cárteles.
Sin embargo, la historia que llevó a estos jóvenes a la cárcel se remonta a un año atrás.
EL CATEO ILEGAL
El 25 de abril de 2020, la FGR y el Ejército catearon tres domicilios en San Andrés Cholula, como parte de una investigación sobre una venta de drones y explosivos al Cártel de Santa Rosa de Lima.
En ese entonces, cuando las pesquisas acababan de empezar, las autoridades no tenían la mínima idea de la implicación de estos muchachos. Lo que los puso en la mira de las autoridades fue precisamente una serie de evidencias halladas en dichos cateos.
En los inmuebles, además de tres drones con el explosivo C-4, la FGR aseguró 7 teléfonos celulares, 53 tarjetas SIM, 3 equipos DVR, tarjetas de circuitos integrados, una caja con pirotecnia, cableado y distintos documentos.
La Fiscalía solicitó las órdenes judiciales para extraer la información de todos los chips, celulares y DVR, así como de un chip hallado dentro de uno de los drones.
Ahora, la jueza federal Marcela Elizabeth García Cant consideró ilegal esa primera inspección de 2020, por lo que los dos hombres quedarían en libertad.
La jueza advirtió que la primera inspección fue ilegal por no tener una orden de cateo, y que ella no iba a ser comparsa de “cateos simulados”, por lo que anuló 11 de las 13 pruebas que habían sido presentadas, entre ellas todo el arsenal y los detonantes.
