Prohibición de glifosato y maíz transgénico

El 31 de diciembre de 2020, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto presidencial que declara la intención de eliminar gradualmente el uso de glifosato y el maíz transgénico para consumo humano. Los productores agrícolas estadounidenses señalan que si bien la vigencia del decreto no está clara y el alcance es vago, crea un riesgo e incertidumbre significativos para el comercio transfronterizo de maíz y sus productos, de los que México es el mayor importador de Estados Unidos.

Desvalorización de productos de maíz

El sector agrícola estadounidense acusó que en México, desde el año pasado, se ha emprendido una campaña “patrocinada por el Estado” en coordinación con la industria azucarera nacional en menosprecio de los edulcorantes de maíz de Estados Unidos. Los ataques han incluido publicidad y representaciones respaldadas por el Gobierno federal que muestran al jarabe de maíz con alto contenido de fructosa como un “veneno”, utilizando incluso una imagen de calavera.

Aprobaciones de biotecnología

Los estadounidenses consideran que México ha creado una incertidumbre significativa para la biotecnología agrícola, pues ha dejado de revisar y aprobar cualquier aplicación de ésta desde mayo de 2018. Como resultado, el País ha levantado una barrera importante para el lanzamiento de nuevos productos de biotecnología en Norteamérica, lo que restringe el acceso de los agricultores estadounidenses a nuevas tecnologías que ayudarán a abordar cuestiones críticas como la sostenibilidad y el cambio climático.

Obstáculos para productos lácteos

Otra de las preocupaciones es que México, el mercado de exportación número uno de la industria láctea de Estados Unidos, se ha vuelto cada vez más volátil con los múltiples cambios normativos y de políticas. Entre las barreras comerciales, los productores citaron una rotación continua en la aplicación de la Ley de Aduanas, además de crecientes restricciones sobre el uso de nombres comunes de queso, ya que a finales de 2020 se publicó un nuevo procedimiento de evaluación obligatorio para el estándar de identidad del queso en México.

Etiquetado frontal: la NOM-051

Los productores de Estados Unidos dijeron estar profundamente preocupados por la nueva regulación del etiquetado frontal establecida en la Norma Oficial Mexicana 51. Mencionaron que el impacto las medidas de la NOM, que en ciertas áreas parecen carecer de una base científica sólida, se ve exacerbado por una campaña del Gobierno para restringir las importaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos, calificándolos de perjudiciales para la salud de los consumidores mexicanos.

Certificación de productos orgánicos

Otra queja es que, a partir de diciembre de 2020, el Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Secretaría de Agricultura (Sader) comenzó a exigir que las exportaciones de orgánicos estadounidenses tengan certificación de México, cuando antes se podían hacer con la del Departamento de Agricultura (USDA). Este requisito, según los estadounidenses, no fue notificado formalmente a su Gobierno ni a la Organización Mundial del Comercio (OMC), y la prórroga al 26 de junio de 2021 es muy corta.

Industria cárnica e indicaciones geográficas

Las asociaciones indicaron que también están preocupadas por las políticas y otras barreras onerosas que resultarían en represalias contra las exportaciones estadounidenses de carne y aves de corral a México, como los intentos de la Unión Europea (UE) de “apoderarse” del uso exclusivo de términos comunes para la carne en virtud de su acuerdo de libre comercio con México firmado en 2018 (TLCUEM), lo que impediría que los estadounidenses utilicen nombres comunes.

Prohibición de importación de papa

Los productores destacaron que México permanece casi por completo cerrado a las papas frescas estadounidenses, pese a que en 2002 los Gobiernos de ambas naciones acordaron que el País abriría su mercado y Estados Unidos expandiría el acceso al mercado para los aguacates mexicanos. Refirieron que la Confederación Nacional de Productores de Papa (Conpapa) ha presentado recursos para bloquear ese acceso, de los cuales dos se encuentran en la Suprema Corte (SCJN).

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